Por Carlos Ciappina
La desaparición forzada de Santiago Maldonado en manos de las fuerzas represivas del Estado ha tenido y tiene un impacto profundo en una sociedad como la nuestra, en donde aún se están procesando las heridas y el daño individual y colectivo desencadenado por la política estatal de desaparición sistemática de personas que la última dictadura cívico-militar llevó a cabo.
Lejos de retrotraerse, encerrarse o guardar un silencio temeroso, millones de argentinas/os han demostrado y demuestran desde hace un mes que no están dispuestas/os a que la pesadilla de un Estado desaparecedor se vuelva a instalar (ahora en democracia).
Uno de los ámbitos de mayor respuesta y concientización sobre el tema han sido las aulas. Saludablemente para una democracia que busca la plena vigencia de los derechos humanos, maestras/os, profesores y alumnos de todos los niveles han llevado el tema a las aulas, lo han hecho visible para los y las estudiantes y las comunidades educativas en general.
A este posicionamiento profundamente sano y democrático en la base misma de la sociedad civil (las escuelas y las comunidades educativas), el gobierno nacional y provincial de turno le ha respondido de la manera más autoritaria posible: junto a los conglomerados mediáticos que les son afines, han catalogado el tratamiento sobre la desaparición forzada de una persona y, por añadidura, el de la cuestión mapuche en las escuelas como una actividad “política” o de “adoctrinamiento”.
Ya subidos en esa idea regresiva, el gobierno impulsa sanciones a los/as docentes que “hablen del tema, introduciendo la política en las aulas” y, en un alarde persecutorio digno de las experiencias fascistas, habilita teléfonos para que los padres y/o alumnos denuncien a sus maestros si osan hablar de Santiago Maldonado.
Conviene detenernos en este punto.
Podríamos tener una aproximación legal a la cuestión. La Ley Nacional de Educación (y las leyes provinciales que la toman como referencia) expresa claramente en su artículo 92, inciso C que es un deber del sistema educativo trabajar los temas vinculados al terrorismo de Estado, las razones que llevaron a él, las cuestiones vinculadas a las violaciones a los derechos humanos y a la vida democrática. De modo que, en una primera aproximación, el gobierno propone denunciar y aun sancionar a los docentes que cumplan nada más y nada menos que con una ley de la democracia.
¿Qué es lo que alienta a un gobierno electo por el voto popular a transgredir la ley y sancionar a quienes, desde las aulas, defienden la plena vigencia de los derechos humanos? ¿Por qué no les queda claro a los funcionarios de este gobierno que la cuestión de los derechos humanos no es “político partidaria”, sino una de las condiciones imprescindibles para que hablemos de democracia? Es como que se considere “adoctrinamiento” explicar en clase el funcionamiento del Concejo Deliberante o el Congreso Nacional.
La historia de la búsqueda de una educación “apolítica” tiene una larga tradición, y en todos los casos ha estado vinculada a procesos reaccionarios, neoconservadores y aun totalitarios.
En todos los casos, resulta obvio señalarlo, el poder que rechaza “la política” en las aulas se ve a sí mismo como “apolítico”. Ese es el principio que inaugura el discurso y las prácticas persecutorias.
Comentemos algunos ejemplos del pasado y del presente. En el pasaje de la Edad Moderna a la contemporánea, la educación estaba en general (casi exclusivamente) en manos de las órdenes religiosas. Las enseñanzas sobre la sociedad, el orden social, la conformación del universo, el deber ser de los géneros, el rol del gobierno, etc., etc., etc., estaban todas atadas a la política del Antiguo Régimen. Ni los monarcas ni los monjes veían allí una cuestión política porque ese era el orden establecido. La Revolución francesa propuso separar la enseñanza religiosa de la estatal y una agenda educativa “laica”. La respuesta de las instituciones del orden absolutista fue idéntica a la del macrismo: “eso”, la educación pública y laica, era una posición política que demostraba objetivos de disolución social.
Más cerca en el tiempo, podríamos referirnos a las experiencias fascistas en Europa y, muy especialmente, al nazismo. Teniendo uno de los sistemas educativos más extendidos y respetados de Europa, el nazismo se encontró con el obstáculo que le planteaban maestros/as y profesores acostumbrados a debatir sobre política y formados en la política (en especial, los de las tradiciones liberal-democráticas, socialistas y comunistas). El nazismo estableció como verdad absoluta y dogma inamovible el principio racial para la comprensión de todos los fenómenos sociales. De este modo, en las escuelas debían enseñarse los principios “científicos” del orden social basado en la superioridad racial. Toda otra consideración era “hacer política”, pues explicar el orden social desde la sociología marxista o funcionalista, ver la historia como un conflicto económico-social o como la lucha de ideas por un mundo mejor, era, para los funcionarios nazis, introducir la política en la escuela. El sistema de delación y de persecución de maestros y profesores hizo el resto. Miles de maestros fueron detenidos, otros exiliados y muchos otros murieron en campos de exterminio por el “delito” de hacer política en las aulas.
Otro sistema social basado en la superioridad racial del siglo XX fue el Apartheid sudafricano. Allí, la minoría blanca completó su dominio económico y territorial (que condenaba a la miseria, al hambre, al hacinamiento y al trabajo casi esclavo a la población negra originaria) con un sistema educativo basado en el principio de la superioridad racial del blanco y la inferioridad insanable de los negros. El sistema educativo sudafricano se organizaba en un modo del todo inequitativo: las escuelas para blancos privadas o públicas eran por mucho las mejores en términos de infraestructura y recursos. Las escuelas para la población negra (estrictamente separadas) eran apenas unos paupérrimos tinglados en las villas miseria, donde los recursos no existían. Había, eso sí, una currícula única: los contenidos tanto para blancos como para negros eran los mismos: la historia demostraba que las razas blancas eran superiores y que el resto de las razas estaban destinadas a la pobreza, el trabajo duro y la servidumbre.
Cuando el Congreso Nacional Africano (ANC) inició su lucha de liberación del pueblo sudafricano, sus maestros/as comenzaron a enseñar en los barrios y escuelas lo que era obvio para cualquier sociedad democrática: las personas nacen y permanecen iguales en derechos sin importar su color, la superioridad racial es un mito y el orden social racista esconde siempre un orden económico desigual. ¿Cómo calificaba el Estado represivo del Apartheid estas enseñanzas? Obviamente, como posturas “políticas” que buscaban desestructurar el orden racial. ¿Las consecuencias? Años de persecuciones, prohibiciones y asesinatos de maestros (entre otros luchadores sociales).
En este breve recorrido es imposible dejar de lado la perspectiva de las dictaduras cívico-militares en América Latina y, en especial, de la Argentina entre 1976-1983. Para la dictadura cívico-militar argentina, el sistema educativo formaba parte de un dispositivo clave en su autoproclamada “guerra contra la subversión”. Para los dictadores genocidas, lo que ellos llamaban “guerra antisubversiva” (en realidad, un plan estatal sistemático de represión ilegal destinado a asesinar, desaparecer y encarcelar a decenas de miles de personas) tenía un capítulo especial en la educación. El problema para los dictadores era de naturaleza cultural: los/as maestros y profesores “introducían la política”, “infiltraban la ideología marxista” en un ámbito que debía ser apolítico por excelencia. Para los dictadores, la escuela era el espacio en el que se reafirmaban los principios de la sociedad “occidental y cristiana”, entendiendo por esta a la sociedad capitalista, a la consolidación de la familia patriarcal, a la religión católica y al alineamiento internacional con los Estados Unidos. Todo aquello no era considerado, obviamente, como “político”, sino el modo de ser natural de las cosas. ¿El resultado? El asesinato, la desaparición y la represión de miles de maestros/as, profesores/as, trabajadores no docentes, el cierre de carreras, la quema de libros, la prohibición de contenidos.
Como podemos apreciar, la identificación negativa entre política y educación tiene una larga historia asociada generalmente con procesos o modalidades político-societales autoritarios, represivos y conservadores. En todos los casos, esta perspectiva ve como políticos todos aquellos contenidos educativos que se consideran opuestos o contradictorios a los del poder de turno. Por supuesto que este poder no percibe sus propios contenidos como “políticos”, sino como el modo de ser natural de los saberes aplicados a la educación.
Volvamos a la situación actual en nuestra sociedad y el gobierno neoconservador de la coalición Cambiemos-PRO. Para este gobierno, y en especial para sus autoridades educativas, los contenidos educativos que hacen referencia laudatoria a personajes y procesos de nuestra historia como Mitre o Julio A. Roca, que declaran a Domingo Faustino Sarmiento el “maestro inmortal”, que consideran el genocidio de la Patagonia en 1879-1982 como la “Conquista del desierto”, que no registran las relaciones desiguales y dependientes con el Imperio británico en su momento y hoy con los Estados Unidos, en fin, los contenidos histórico-sociales de la República Oligárquica no son “políticos”. En cambio, aquellos que plantean la plena vigencia de los derechos humanos, el respeto por la Constitución y las leyes en relación con los procederes represivos, los derechos sociales y/o laborales, sí hacen “política” y deberían excluirse del ámbito educativo como algo externo a él. Y, más aun, deben ser denunciados y castigados.
No pueden dejar de señalarse, por lo tanto, las vinculaciones de las recientes críticas, amenazas y sanciones del gobierno PRO-Cambiemos hacia los/as educadores que tratan los contenidos vinculados a la plena vigencia de los derechos humanos en el caso Maldonado como una reacción profundamente autoritaria y terriblemente riesgosa para la permanencia de un sistema educativo que enseñe para la vida democráticas y el goce de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía.
La confusión –involuntaria o meditada– entre política partidaria y lo político como tratamiento y debate de lo que importa a una sociedad democrática en el ámbito de las aulas es una reacción que emparenta a los funcionarios educativos del gobierno actual con los modos y prácticas típicas de procesos políticos antidemocráticos y autoritarios de nuestro país y del mundo.
