En un nueva avanzada contra los derechos de la diversidad sexual, diputados nacionales del oficialismo y el PRO presentaron un proyecto de ley que propone eliminar el acceso gratuito a tratamientos hormonales y quirúrgicos de adecuación de género. La iniciativa, firmada por Gerardo Milman (PRO), Lilia Lemoine y Carlos Zapata (La Libertad Avanza), plantea que esos procedimientos “deberán realizarse a costo exclusivo de la persona solicitante”, excluyéndolos del sistema público de salud, las obras sociales y el Programa Médico Obligatorio (PMO). Repudio en la comunidad LGBTIQ+.
El proyecto propone reformar el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género (N° 26.743), sancionada en 2012 y reconocida a nivel internacional como una de las más avanzadas en materia de derechos. Además, introduce restricciones para menores de edad: establece la prohibición total de tratamientos hormonales y quirúrgicos, y exige el consentimiento de ambos padres junto a la evaluación de un equipo interdisciplinario para modificaciones registrales de nombre o género.
En ese punto también entran en juego dos puntos que de caracter más simbólico ponen en juego el principio del trato digno de las personas, al declarar que el uso del nombre autopercibido en ámbitos institucionales será voluntario. Es decir, que el respeto a la identidad de género se pone en juego en espacios públicos y privados. En el mismo sentido, incorpora la «neutralidad estatal», prohibiendo que el Estado promueva la difusión de contenidos pedagógicos que reconozcan la Ley de Identidad de Género.
Milman, argumentó que no van «la libertad individual ni el derecho de toda persona a autodefinirse conforme a su vivencia interna del género», pero reafiman «el principio liberal de soberanía del individuo sobre su propio cuerpo y vida, encuadrándolo en un marco que respeta los límites naturales del orden jurídico, la neutralidad ideológica del Estado, y el principio de no agresión fiscal hacia los contribuyentes”.
Para Milman el objetivo es “recuperar el sentido común” y garantizar que el Estado “se mantenga neutral ante visiones ideologizadas sobre la identidad”.
En ese sentido, Lemoine sostuvo que“el Estado no debe financiar la ideología de género”, y “los argentinos no tienen por qué pagar con sus impuestos las decisiones individuales de los adultos”.
Desde la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT) rechazaron en duros términos la iniciativa. «Este proyecto representa un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos, al pretender desmantelar una ley reconocida internacionalmente por su carácter pionero y por garantizar el derecho al libre desarrollo de la identidad de género», manifestaron en comunicado.
«Su desmantelamiento no sólo implica una violación a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, sino que también expone a miles de personas a situación de mayor vulnerabilidad, exclusión y violencia estructural», manifestaron.
El diputado Esteban Paulon, también integrantre de la FALGBT, manifestó que Wlo que buscan es expulsar a las personas trans del sistema de salud». “Los tratamientos de adecuación no son un lujo ni un capricho. Son parte del derecho a la salud integral y del derecho a la identidad, reconocidos en la ley y en los tratados internacionales que el Estado argentino debe respetar”, sostuvo.
Paulón advirtió además que la propuesta implica “un retroceso brutal” en materia de derechos: “Si este proyecto avanza, sólo podrán acceder quienes puedan pagar. Es condenar a la exclusión a una población que ya enfrenta enormes barreras estructurales”.
