En qué consiste el pedido de juicio político contra la Corte

Este viernes diputados del Frente de Todos, encabezados por Eduardo Valdés, presentaron el proyecto de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El texto de 410 páginas desglosa los argumentos de la acusación y convoca a declarar a funcionarios vinculados con la CSJN y a otros funcionarios, entre ellos el asesor de Horario Rosatti; el ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño, Marcelo D’alesandro; el ministro del Interior de la Nación, Eduardo «Wado» De Pedro, y referentes de organismos de derechos humanos.

El proyecto impulsado por el gobierno nacional cita a la comisión de Juicio Político del Congreso a los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

«En tiempos recientes hemos sido testigos de una inadmisible degradación del sistema institucional de nuestro país, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes. Ello ha ocurrido principalmente por los hechos y las acciones tomadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación». Así fundamentó el Frente de Todos el proyecto de juicio político contra los jueces.

La iniciativa contra los supremos es «por mal desempeño», en base al artículo 53 de la Constitución Nacional. Además, sostiene que los últimos fallos de la Corte sobre la coparticipación federal y aquel que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura ponen “en jaque al sistema republicano de división de poderes”, dejan “en riesgo” al estado de derecho y “afectan seriamente la gobernabilidad y estabilidad institucional”.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por los doctores Horacio Rosatti, quien ejerce la presidencia del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional”, remarca el proyecto.

Con respecto al fallo sobre coparticipación a favor del Gobierno porteño, la iniciativa legislativa sostuvo que se trata de «una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre estas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

Por otro lado, hace hincapié también en los chats que desataron el escándalo público y que revelaron la relación entre miembros allegados a la Corte y funcionarios de Juntos por el Cambio en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. «Los chats publicados ilustran que Robles, en representación de Rosatti, indicó a D’alessandro cómo debía proceder la alianza opositora en el Congreso de la Nación, a los efectos de poder obtener de esa ilegal manera una mayoría propia en el Consejo de la Magistratura», afirma el proyecto.

Por último, para respaldar la investigación contra el máximo tribunal, el texto solicita a la presidencia de la Comisión de Juicio Político «la comparecencia y testimonio de las siguientes personas, sin perjuicio de las demás citaciones que a juicio de la comisión correspondan”:

1) Lic. Silvio Robles. Director de la Vocalía de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

2) Dr. Marcelo D’alesandro. Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. Con Licencia. 

3) Lic. Damián Loretti. Profesor e Investigador Universitario. Doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 

4) Gobernadores que suscribieron el acuerdo firmado por el presidente de la Nación que reproduce el presente proyecto. 

5) Dr. Carlos Zannini. Procurador del Tesoro de la Nación. 

6) Dr. Eduardo de Pedro. Ministro del Interior de la Nación. 

7) Horacio Pietragalla. Secretario de Derechos Humanos de la Nación. 

8) Dr. Eugenio Zaffaroni. Profesor Emérito de Derecho de la Universidad de Bs. As. 

9) Dr. Eduardo Barcesat. Abogado Constitucionalista. Profesor Universitario. 

10) Dr. Baltazar Garzón. Jurista español. 

11) A los integrantes de la Vocalía del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti. 

12) Todos los Directores, Secretarios, Funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados. 

13) Cpn. Héctor Daniel Marchi. Administrador Gral. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

14) Lic. Joaquin D. Alperovich. Unidad de Análisis Económico de la CSJN. 

15) Cpn. Carmen María Odasso. Directora de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

16) Dr. Sebastián Clérici. Secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

17) Dr. Enrique de Vedia. Prosecretario letrado en la Corte Suprema de Justicia.

18) Dr. Enzo Canonaco. Médico legista. 

19) Dra. María Cristina Interlandi. Médica forense y perito de la CSJN. 

20) Cpn. Oscar Fernández. Perito de la CSJN. 

21) Cpn. Gustavo Montanini. Docente UBA. 

22) Abuelas de Plaza de Mayo. 

23) Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. 

24) H.I.J.O.S. Red Nacional. 

25) H.I.J.O.S. Capital. 

26) Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas. 

27) CELS Centro de Estudios Legales y Sociales. 

28) Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. 

29) Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte. 

30) Liga Argentina por los Derechos Humanos. 

31) Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. 

32) Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina. 

33) Asociación Buena Memoria. 

34) Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz. 

35) Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza».

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