Por Fernando M. López
Cuando Gerardo Morales ocupaba una banca en el Congreso nacional, era uno de los más férreos detractores de todo lo que sonara a contratación directa por parte del Estado. Ahora, como gobernador de Jujuy, logró amplios superpoderes para adjudicar obra pública sin necesidad de pasar por ningún proceso licitatorio.
Fue a partir de la reforma al artículo 12 de la Ley 1.864 “De Obras Publicas”, aprobada el miércoles pasado por sus diputados, que son mayoría en la Legislatura. Este sistema de excepción no sólo incluye las obras realizadas con recursos de la provincia, sino también aquellas que sean financiadas con fondos nacionales o internacionales.
Al presentar la iniciativa, el radical-macrista Fabián Tejerina trató de justificarla asegurando que el cambio favorecerá a los sectores más vulnerables que requieren soluciones rápidas en materia habitacional; mientras que su compañero de bloque, Alberto Bernis, llegó a decir que llamar a licitación “es una burocracia muy grande”.
El legislador del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUyO), Ariel Ruarte, que votó en contra de esta reforma, señaló a Contexto que las explicaciones del oficialismo no son más que “excusas absurdas” para “imponer un régimen de excepción, que en definitiva flexibiliza todos los controles”.
“Si el gobernador necesitara resolver algo urgente, podría recurrir a un decreto de necesidad y urgencia. No hace falta que haya una ley que marque la excepción. A través de la excepción, permiten que las empresas constructoras puedan participar sin los requisitos de claridad que corresponden al sistema administrativo”, sostuvo Ruarte, y se quejó porque Cambiemos no dio tiempo para estudiar el proyecto: “Lo presentaron el martes y el miércoles ya lo estaban aprobando en el recinto”.
Los riesgos de adjudicar obra púbica por contratación directa son enormes. El propio Morales ya lo demostró cuando en mayo firmó el decreto 1.181, por el cual autorizó a su Ministerio de Infraestructura a comprar bajo esa modalidad equipamiento vial, agrícola y de pavimentación para la Dirección Provincial de Vialidad.
La cartera avanzó con las adjudicaciones en el mes de junio “violando la Ley de Procedimientos Administrativos y el régimen de compras existente en la provincia”, según informó en su momento el portal “Qué Pasa Jujuy”.
Entre las diversas irregularidades, el medio local destacó que las autoridades de Vialidad pudieron haber optado por comprar equipos a la empresa Corvial, que había ofertado $159.166.700, pero terminaron inclinándose por “Caterpiller y Johnn Deere en una operación que rondaría los $200.000.000, provocando un gasto extra al erario público de más de $40.000.000”.
Con la reforma de la Ley de Obras Públicas, Morales tiene las manos libres para actuar a su antojo, de manera arbitraria y autoritaria, como todo en Jujuy, una provincia que se convirtió en la capital argentina de la criminalización de la protesta social y la represión, que incluso está bajo la lupa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la detención ilegal de Milagro Sala y el resto de los presos políticos que pertenecen a la Tupac Amaru.
