Por Maximiliano Ceci
“Convocamos a esta conferencia porque, ni bien supimos de la victoria del macrismo en la provincia de Buenos Aires, distintas organizaciones de derechos humanos que trabajamos en centros de monitoreo de políticas públicas de seguridad y acompañamiento de lucha de víctimas de violencia institucional elaboramos una agenda mínima social para la seguridad”, dijo a Contexto Sofía Caravelo, integrante del CIAJ, tras la presentación del documento “Agenda Social y Mínima para la Seguridad en la Provincia de Buenos Aires”, sobre seguridad democrática, que se le entregará a la gobernadora Maria Eugenia Vidal.
La presentación en la Sede Central de la CTA Buenos Aires contó con la participación de Rosa Bru, de la Fundación Miguel Bru, María Reigada, secretaria de Derechos Humanos de la Central, el secretario adjunto Daniel Pérez Guillén, integrantes de CIAJ y del CELS, y quienes llevaron adelante una conferencia de prensa detallando las áreas y los centros del trabajo.
“Pedimos una audiencia para acercarle el material a la gobernadora y al ministro de Seguridad. No tuvimos respuesta. Creemos que hay un problema grave en esta materia. Es importante compartir la experiencia frustrada en la provincia en la que se ha decretado seguridad social y que no ha tenido más que resultados negativos”, dijo Caravelos.
En el documento presenta un avance del hostigamiento juvenil y la detención por averiguación de identidad (DAI), el armado de causas, la violencia por orientación sexual e identidad de género, la actuación policial frente al conflicto social, el acceso a la justicia, delitos complejos y tráfico de drogas. Además, se denunciaron las instrucciones para el tratamiento de la protesta social, lo cual, teniendo en cuenta los aumentos de precios de los alimentos y de los productos en general, la violenta devaluación que constituye una inmensa transferencia de recursos de los sectores más humildes hacia los más concentrados de la sociedad, hacen prever un escenario de conflicto social.
“Reafirmamos que mitigar la inseguridad y avanzar hacia una solución definitiva exige una articulación de la sociedad y las agencias de seguridad, pero enmarcadas en una política de inclusión, de combate a la desigualdad y de distribución de las riquezas, integración a la educación, la salud y la justicia de todos los sectores de la sociedad”, indicó un comunicado de la CTA.
La semana pasada, Vidal giró a la Legislatura bonaerense el proyecto de ley que declara la Emergencia en seguridad durante un año. Esta medida busca reasignar nuevas facultades al Ministerio de Seguridad, para que pueda acelerar los procesos administrativos de compra de equipamiento, patrulleros y financiar la formación de los nuevos aspirantes a policía.
El proyecto, que está en consonancia con la Emergencia en seguridad declarada por el Gobierno nacional, se tratará hoy en el Congreso y, de aprobarse, habilitará a convocar a servicio al personal policial que se encuentra en situación de retiro activo; es decir, aquellos policías que pasaron a retiro por haber prestado los años de servicios y cumplir con la edad para acceder a la jubilación.
“El proyecto no aparece en términos de beneficios a la ciudadanía. Son habilitaciones a meter la mano en la caja de Seguridad para hacer sin tener que rendirle cuentas a nadie. No es otra cosa. Quieren mostrar a la ciudadanía que se está haciendo algo en una materia que es muy compleja. Pero sólo intentan tomar el presupuesto de una caja enorme como es la de Seguridad en la provincia”, dijo Caravelos.
“Esta propuesta de proyecto de ley habilita a relajar los controles. O sea, hacer contrataciones, licitaciones sin el debido control constitucional. Supuestamente, este proyecto que ha ganado a nivel provincial y nacional se jacta de honestidad y transparencia, pero presenta este proyecto que busca que no haya controles constitucionales en cómo se tiene que manejar el presupuesto, que en la provincia de Buenos Aires es mucho”, concluyó la abogada.
