La cobertura mediática de las últimas horas frente a la represión desatada por fuerzas de seguridad durante la sesión del Congreso por la reforma jubilatoria mostró claras señales del acompañamiento que el oficialismo recibe de las principales empresas periodísticas nacionales. Con una figura central de moderación y coherencia depositada en Elisa Carrió, la sesión levantada ayer es enfocada por los principales medios como consecuencia de maniobras del «kirchnerismo» (que ahora es blanco de una nueva posible persecución judicial), mientras que la represión es la consecuencia de disturbios provocados por agitadores.
En tanto, poco se habló en los medios voceros del oficialismo de las irregularidades cometidas puertas adentro del Palacio por el quorum, de las gravísimas agresiones sufridas por dirigentes y legisladores de la oposición, como Mayra Mendoza u Horacio Pietragalla, ni del raid de violencia desplegado por Gendarmería Nacional sobre columnas sindicales, organizaciones políticas y sociales o civiles.
Mientras portales internacionales como TeleSur o el diario El País de España informaban sobre el accionar que Gendarmería montaba sobre una protesta pacífica, Clarín hablaba de «horas de tensión», donde el protagonismo lo tenían «manifestantes del kirchnerismo y de la izquierda».
A sabiendas de la brutal represión en las calles aledañas al Congreso, la crónica del jueves 14 mantenía un tono sobrio y liviano del operativo, sólo recrudecido para mencionar que hacia la tarde sólo quedaban en las calles «los más violentos, cargados con piedras, botellas, palos y caras cubiertas con trapos para sobrellevar el efecto de los gases».
Por su parte, más preocupado por el accionar del bloque de legisladores de Unidad Ciudadana y la inmediata reanudación de la sesión el próximo lunes que por la represión, La Nación decidió priorizar las denuncias de Elisa Carrió contra la «presión» de los diputados por frenar el proyecto.
El portal Infobae directamente decidió dedicar sus notas de ayer al «festejo K por el levantamiento de la sesión», y dejó apenas un recuadro para señalar que, lejos de considerarse una represión, fueron incidentes «entre gendarmería y manifestantes».
No obstante, uno de los testimonios más representativos fue el desplegado en la columna del periodista-figura de La Nación, Joaquín Morales Solá, donde aborda la «violenta alianza entre kirchneristas, massistas y la izquierda». Allí, el autor inicia el texto con un llamativo primer párrafo sobre la agitada sesión en el Congreso: «Nunca, como ayer, Leopoldo Moreau fue tan parecido a Luis D’Elía. En lugar de ocupar una comisaría, le quitó el micrófono y amenazó con pegarle al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Cruzó una línea roja del sistema democrático».
Más allá de justificar la trompada que el propio presidente de la Cámara Baja lanzó sobre el radical de Unidad Ciudadana, Morales Solá adjudicó la inviabilidad de la sesión a una suerte de extorsión acordada entre el trotskismo, el kirchnerismo y el Frente Renovador. Una vez más, por supuesto, dejó de lado el claro mensaje que la multitudinaria protesta envió respecto de la impopular reforma jubilatoria.
En esta línea, incluso, el portal TN redobló la apuesta y llegó a preguntarse si el pecado del gobierno habría sido acaso ser «blando» en su manejo de las últimas jornadas. Allí, el cronista se cuestiona si el macrismo «¿está tratando de ir demasiado lejos en el ajuste fiscal y la imposición del orden en las calles, o lo hace a medias y sin convicción, y entonces se deja torcer el brazo muy fácilmente en los dos terrenos?». En esta línea no sólo la represión es corrida a un segundo plano, peor aun: a la hora de «poner orden», Mauricio Macri es un tibio.
El enemigo interno
«¿Qué sectores realizan los piquetes en nuestro país?», es la subnota que acompañó ayer uno de los principales artículos de La Nación en referencia a la manifestación. La clasificación (adjuntada de manera directa al saldo de detenidos por incidentes que además serán investigados por el juez Claudio Bonadio) muestra un cuadro desde el año 2009 hasta ahora e incluye categorías tales como «subsidiados», «trabajadores estatales», «trabajadores privados», «fuerzas partidarias». Como ya lo demostró el gobierno este año con la comunidad mapuche, la instauración en la opinión pública de un virtual enemigo de la patria siempre es estratégica para avalar el accionar represivo. En nada sorprendería que el discurso mediático utilice el término «jubilados» para apuntar al nuevo elemento subversivo del orden público.
La conexión entre el límite alcanzado por el macrismo al poner en juego los derechos de los jubilados y el consecuente descontento manifestado en las calles hoy es tapado por los medios que, más de diez años atrás, informaban que «la crisis se cobraba dos nuevas muertes» mientras en las calles la protesta social contra el neoliberalismo en decadencia del menemismo y la Alianza era respondida con balas de goma y plomo. La recordada Masacare de Avellaneda, en aquel entonces, había recibido el mismo «criterio» periodístico que la represión de esta semana por parte de Clarín.
