Fotos Daiana Gimenez
Este viernes se desarrolló una nueva audiencia en la causa que investiga a la red criminal que operaba en la zona roja al momento de la desaparición de Johana Ramallo. El encuentro duró apenas media hora ante la ausencia, una vez más, de testigos. Hubo malestar en la querella, que exige más celeridad en el juicio.
A las 10.30 comenzó la undécima audiencia, que culminó tan solo cuarenta minutos después. En la sala del Tribunal Oral N° 4 solo se hicieron presentes la querella que acompaña a Marta Ramallo, la militancia y los representantes de la Fiscalía, mientras que los jueces e imputados se conectaron de manera telemática.
Al igual que en otras oportunidades, la ausencia de testigos redujo considerablemente la jornada: solo dos de los cinco citados se presentaron a declarar. Los ausentes se incorporan por lectura de las declaraciones testimoniales prestadas en la etapa de instrucción
Los testimonios de la jornada fueron de dos personas que trabajaban en el hotel donde Johana se descompensó un día antes de su desaparición, presuntamente por una sobredosis. Ninguna aportó datos relevantes sobre ese momento. Solo una reconoció que la joven era habitué de ese lugar.
Tras estas declaraciones, se dio por culminada la audiencia. La situación generó malestar en la querella, que viene reclamando mayor celeridad en el proceso. Lejos de hacerse eco, el Tribunal fijó el próximo encuentro para el 14 de noviembre, donde comparecerán oficiales policiales y médicos, además de testigos de actuación.
Esta lentitud no es menor si se tiene en cuenta además que desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero se desarrolla la feria judicial. En este marco, todo indica que los alegatos se escucharán recién en 2026, año que se cumplen 9 años de la desaparición y muerte de Johana.
Johana fue vista por última vez el 26 de julio de 2017 en 1 y 63, parte de la zona roja de La Plata, captada, se presume, por una red de explotación sexual que operaba en ese lugar. Hasta ahora llegaron al banquillo Carlos Rodríguez, conocido como “El Cabezón”; Hernán D’Uva Razzari; Hernán Rubén García; Carlos Alberto Espinoza Linares; Mirko Alejandro Galarza Senio; Celia Benítez; Celia Giménez y Paola Erika Barraza. Todos están acusados de integrar una banda criminal, con cargos que van desde comercio de estupefacientes y explotación sexual hasta encubrimiento agravado y falso testimonio
