El juez platense Luis Arias está suspendido desde hace casi ocho meses debido al jury iniciado en su contra cuyos cargos incluye su intervención en las investigaciones por las víctimas de la inundación de 2013 y por su rol para frenar desalojos en la localidad de Gorina, entre otros puntos. A la espera de la continuación del proceso el próximo 2 de agosto, Arias brindó una conferencia de prensa para informar sobre los detalles de la causa, que define como una maniobra «que responde a intereses políticos».
«No tienen causales de jury, por eso han inventado estas cosas. Hay una clara intencionalidad política: las verdaderas causas por las que soy enjuiciado no están escritas en este jurado. Tienen que ver con mi intervención en materia tarifaria, mi intervención en el conflicto docente y de trabajadores de la provincia de Buenos Aires», manifestó el juez Arias.
luis Arias: «No tienen causales de jury, por eso han inventado estas cosas. Hay una clara intencionalidad política».
El magistrado dio testimonio en la sede del gremio La Bancaria, acompañado por los abogados representantes Analía Elíades y Marcelo Ponce Núñez. La actividad contó con el acompañamiento del concejal platense de Unidad Ciudadana Cristian Vander, así como del referente bancario local Federico Bach y representantes de gremios docentes y estatales de la provincia.
Cabe recordar que la principal causa de enjuiciamiento que recae sobre Arias se remonta al requerimiento que el juez en lo Contencioso Administrativo había realizado en 2013 al entonces fiscal Jorge Paolini para que no dictaminara un número oficial de víctimas de la inundación.
«Esto es una infamia. Fíjense quiénes componen el jurado y saquen sus propias conclusiones. No hay cargos que sean sustentables. Imaginen una instancia internacional. Hace poco se resolvió un caso que fue llevado a instancia internacional que tardó quince años», agregó Arias.
«Esto es una infamia. Fíjense quiénes componen el jurado y saquen sus propias conclusiones. No hay cargos que sean sustentables».
Arias remarcó la implicancia en los cargos de su intervención para frenar la oleada de tarifazos a la luz, hecho que lo puso en el foco de tensión con múltiples actores del poder. El juez mencionó el caso del empresario Rogelio Pagano y dijo: «Compró las cuatro zonas en que se repartió antes de la tarifa eléctrica, generando un monopolio. Y después le aumentaron las tarifas, obteniendo casi 2.500 millones de ganancias. Cuando el poder político y el poder económico entran de la mano a la Casa de Gobierno, las instituciones salen por la ventana».
Por su parte, el abogado Marcelo Ponce Núñez reivindicó de manera categórica la tarea de Arias en todos los conflictos en los que intercedió: «La Constitución de la provincia de Buenos Aires se compromete a velar por cada ciudadano con problemas de salud, vivienda, entre otros puntos. No solamente Luis tenía razón en sus fallos, sino que en toda función judicial lo importante es la resolución final del conflicto valorando el derecho de las personas y no cuestiones intermedias, burocráticas o de competencia».
En noviembre de 2017, con un jurado de enjuiciamiento constituido por legisladores, en su mayoría pertenecientes a Cambiemos, Cumplir y el Frente Renovador, la suspensión de Arias obtuvo una votación a favor de diez votos contra cero.
Otro de los puntos por los que Arias es apuntado por el oficialismo es por sus supuestos fallos «politizados» y sus posicionamientos críticos frente a determinadas políticas de gobierno. Estas diatribas tomaron visibilidad cuando el magistrado firmó una solicitada en favor de la democracia en 2016. El juez aseveró: «Todo fallo es esencialmente político. No hay peor cosa que la complicidad de los que silencian. Si hay abusos en el poder político, creo que hay que posicionarse frente a eso. Creo que existían situaciones de abuso frente a ciertas instituciones y firmé la solicitada en favor de la democracia».
