Tras fracasar, una y otra vez, en su intento por sancionar a Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), el 8 de agosto de 2017, un grupo de diecisiete países de la región, obedientes al mandato del gobierno de Estados Unidos, se reunieron en la capital de Perú y crearon el autodenominado Grupo de Lima.
El nuevo espacio regional sólo tenía –y tiene– como finalidad atacar al gobierno bolivariano, generar un clima desestabilizador y promover el intervencionismo norteamericano.
El Grupo está integrado por presidentes que cuestionan la democracia en Venezuela mientras en sus países son acusados de perseguir judicialmente a sus opositores, de encarcelar arbitrariamente a los líderes populares, y todos los días se ven involucrados en los más escandalosos casos de corrupción nacional e internacional (Panamá Papers, Paradise Papers, Odebrecht, etcétera).
Mandatarios que tildan de autoritario al gobierno del presidente Nicolás Maduro mientras en sus países asesinan a dirigentes sociales, estudiantes y periodistas casi a diario. Presidentes de facto que llegaron a través de un golpe parlamentario o del más descarado fraude electoral y cuestionan la legitimidad de un gobierno elegido democráticamente.
Una rápida mirada por algunos de los presidentes que componen el Grupo de Lima muestra al mandatario golpista brasilero Michel Temer, quien, además de haber llegado al gobierno de manera ilegítima, al usurpar el mandato que le correspondía a Dilma Rousseff mediante un golpe parlamentario, está cada vez más comprometido con los casos de corrupción y sólo ha podido sobrevivir políticamente por sus alianza con los sectores más nefastos de los poderes Legislativo, Judicial y mediático.
El principal socio político del golpista Temer es el presidente Mauricio Macri. El argentino se encuentra involucrado en los escándalos de corrupción internacional de los Panamá Papers y Paradise Papers, varios de sus funcionarios implicados en otros casos de corrupción local e internacional, como es el caso de Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), involucrado en el escándalo brasilero de Lava Jato.
Pero la gran cantidad de hechos de corrupción de los que Macri y sus funcionarios están acusados no es el daño más grave que el gobierno de Cambiemos le ha hecho a la democracia argentina. Numerosos presos políticos, de los cuales Milagro Sala, Luis D’Elía, Héctor Timerman y Carlos Zannini son sólo los nombres más conocidos, la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, la constante represión a la protesta social, el avasallamiento sobre los periodistas y medios críticos al gobierno y la persecución judicial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, son el sello del macrismo.
El colombiano Juan Manuel Santos, el mexicano Enrique Peña Nieto y el hondureño Juan Orlando Hernández también son parte del espacio que cuestiona los derechos humanos en Venezuela. Parecen ignorar que en sus países, durante sus gobiernos, los asesinatos de militantes políticos, líderes sociales, estudiantes, defensores de derechos humanos y periodistas se cuentan por centenares (en el caso de México, por miles). Tampoco se puede desconocer que Hernández (hijo putativo del golpe contra Manuel Zelaya) fue reelecto presidente de Honduras a través de un claro fraude, que acabó con una sangrienta represión.
Otro de los integrantes del cuestionado Grupo es el presidente de Paraguay, Horacio Cartes. Según señalan los cables de la embajada de Estados Unidos en Paraguay, que fueron revelados por WikiLeaks, el mandatario paraguayo estaría involucrado en varios casos de lavado de dinero y narcotráfico.
Por supuesto, el dueño de casa, el presidente Pablo Pedro Kuczynski, no podía estar al margen. Extremadamente comprometido en el capítulo peruano del escándalo Odebrecht, ante la inminencia del desafuero decidió pactar con el exdictador peruano Alberto Fujimori e indultarlo, a pesar de que estaba condenado por crímenes de lesa humanidad y de que el propio Kuczynski había prometido durante la campaña electoral que no lo indultaría.
El Grupo de Lima sólo puede gozar de impunidad y dejar volar su cinismo gracias a la protección mediática que recibe. Como buenos discípulos de Washington, sus integrantes intentan mostrarse como defensores de la paz y la democracia, pero sus prontuarios los muestran como lo que realmente son: “los sospechosos de siempre”.
