En medio de una política sostenida de desfinanciamiento del sector cultural, el Gobierno nacional resolvió centralizar la ejecución de tres programas clave en materia de industrias culturales, espacios comunitarios y desarrollo escénico. A través de la Resolución 300/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Cultura —dependiente de Presidencia— dispuso que el Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA), el Programa de Casas de la Historia y la Cultura del Bicentenario, y la Red Federal de Teatros pasen a depender exclusivamente de la Subsecretaría de Promoción Cultural y Artística.
Aunque la medida fue presentada como un esfuerzo para “optimizar estructuras”, “evitar superposiciones” y “racionalizar el gasto público”, el nuevo movimiento se inscribe en una serie de decisiones que vienen afectando de forma directa al sostenimiento y financiamiento de la cultura nacional, en particular su dimensión federal.
La resolución fue firmada por el secretario de Cultura, Leonardo Javier Cifelli, y está acompañada de la instrucción a la Subsecretaría de Coordinación Administrativa de realizar los ajustes presupuestarios correspondientes. Esto se traduce, en los hechos, en la posible reasignación o recorte de partidas presupuestarias para estos programas.
El Programa MICA, fundado en 2011 y reconfigurado en años posteriores, tiene como objetivo fomentar la producción y comercialización de bienes y servicios culturales de las distintas provincias argentinas. A través de rondas de negocios, capacitaciones, ferias y vinculación con mercados internacionales, MICA ha sido una de las principales políticas de impulso al sector.
Las Casas de la Historia y la Cultura del Bicentenario, por su parte, funcionan como centros comunitarios donde se promueve el acceso a actividades artísticas, educativas y sociales en localidades de todo el país. Muchas de ellas representan el único espacio institucional de formación y producción cultural en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.
Finalmente, la Red Federal de Teatros fue lanzada en 2022 como un intento por integrar a más de 100 salas de todo el país, públicas y privadas, en una red que fomente la circulación, la mejora de infraestructura y el trabajo colectivo entre espacios escénicos.
Estos tres programas fueron, históricamente, ejemplos de políticas públicas culturales descentralizadas, articuladas con provincias y municipios. Hoy, su destino queda subordinado a una sola área de gestión, sin un incremento proporcional de recursos ni garantías de sostenimiento.
Esta medida se suma a una serie de decisiones tomadas desde diciembre de 2023 que han recortado o eliminado líneas de apoyo cultural: el congelamiento del presupuesto del INCAA, la paralización del Fondo Nacional de las Artes, la discontinuación del programa Puntos de Cultura y los despidos masivos en el Ministerio de Cultura.
El Decreto 70/2023, que dispuso la desregulación de múltiples áreas del Estado, incluyó la posibilidad de eliminar organismos descentralizados. En paralelo, el DNU que acompañó la Ley Bases habilita una reorganización drástica del aparato público que pone en jaque a las instituciones culturales, al tiempo que se suprimen ministerios como el de Cultura, ahora reducido a una secretaría bajo control directo de Presidencia.
La centralización anunciada ahora, bajo la justificación de “eficiencia”, se produce sin debate público, sin diálogo con el sector y sin informes de impacto presupuestario disponibles. En ese marco, la preocupación entre trabajadores de la cultura, gestores y artistas crece.
