Argumentando que se trataba solo de una «oficina de empleo político», el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la eliminación del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, instituciones claves para los pequeños productores y de la que dependen 900 trabajadores, quienes salieron a reclamar el cese de la medida. «No somos la casta», destacaron.
«Luego de una revisión de datos calamitosos, profundamente desoladores, este Instituto y el Consejo tenían 964 empleados; se va a transformar en una dirección en la que quedarán 64 empleados. Se van a reducir 900 puestos de ‘no trabajo’. Esto va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos», explicó Adorni en su conferencia de prensa.
En ese sentido, el experiodista sostuvo que tanto el Instituto como el Consejo eran parte de «la fiesta del gasto público». «Tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85 % del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político», apuntó, y agregó: «Se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo».
Rápidamente, los trabajadores y trabajadoras de estos organismos salieron a responder al Gobierno, al igual que los sectores afectados. En primer lugar, apuntaron con Adorni por mentir respecto a la cantidad de delegados y vehículos, destacando que los propios trabajadores ponen sus autos para llegar a los parajes rurales, y que la cantidad de oficinas tampoco es la correcta, siendo que «es una política nacional, que tiene su oficina central en Capital Federal y luego cada provincia su delegación».
Asimismo, se refirieron a «puestos de no trabajo», la frase utilizada por el vocero para ningunear las tareas realizadas por el Instituto. «Todos los técnicos podemos dar cuenta de proyectos ejecutados y en ejecución», destacaron.
«No somos ñoquis ni delegados, hay delegaciones provinciales desguazadas desde 2016, somos trabajadorxs que además de defender nuestra fuente de trabajo, no vamos a permitir que se manche nuestra historia con mentiras, que no nos respeten como personas, somos víctimas de la precarización y manoseo de la mala política y de un manojo de datos mal utilizados por gente que, desde su desconocimiento, mala intención y priorizando el mercado sobre la VIDA, viene arrasando con los derechos más elementales de nuestro pueblo», manifestaron
«AGRICULTURA FAMILIAR no es un instituto, son miles de familias campesinas e indígenas que apuestan y luchan por la soberanía alimentaria de nuestro país diariamente, somos 1.000 trabajadores y nuestras familias con 30 años de historia y precarización laboral que vivimos de nuestro salario», agregaron.
El rechazo de las organizaciones
Desde la Rama Agraria de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular salieron a repudiar el cierre, criticaron a Adorni y advirtieron que saldrán a defender estos organismos. «Alertamos que seguiremos luchando por la institucionalidad que supimos ganar, por sus trabajadores y trabajadores, por nuestros derechos, por un modelo de país y de alimentación que incluya a todos y a todas, y por la soberanía alimentaria de nuestro pueblo».
Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) también repudiaron el cierre. «Los problemas se resuelven dejando de gobernar para la casta empresarial especuladora, no destruyendo al Estado», manifestaron.
Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) manifestaron su apoyo a «quienes desde hace años sostienen de manera precaria el acompañamiento técnico para el desarrollo del sector», y señalaron que la «eliminación del INAFCI y de otras herramientas institucionales no es el camino en la crisis alimentaria que estamos viviendo. Necesitamos políticas segmentadas que fortalezcan la producción, el agregado de valor en origen porque generamos trabajo y arraigo rural».
«Necesitamos más y mejor política estatal para garantizar una vida digna en el campo y alimentos sanos para todos. La motosierra solo trae más hambre», concluyeron.
