Por Pablo Pellegrino
“La decisión de cerrar el problema de la deuda con los holdouts responde a este mismo objetivo. Es una condición clave para construir la confianza que queremos generar: es difícil que un vecino nos preste su pala si todavía no le devolvimos el rastrillo que nos prestó hace un tiempo”. Si bien el presidente Mauricio Macri aclara en su nota de opinión publicada en el diario chaqueño Norte que el tema “es más complejo”, el ritmo en que se lleva adelante la discusión parlamentaria para acordar con los fondos buitre –con derogación de leyes mediante– parece responder a esa banal metáfora.
Luego de unas pocas reuniones de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, la alianza Cambiemos obtuvo dictamen favorable a su propuesta de derogar la denominada Ley Cerrojo y la de Pago Soberano, y emitir bonos de deuda para pagar en efectivo el dinero reclamado por los buitre, encabezados por Paul Singer, que encontraron en el juzgado del neoyorquino Thomas Griesa un cálido refugio desde donde litigar contra Argentina.
Afirmar que “es difícil que un vecino nos preste su pala si todavía no le devolvimos el rastrillo que nos prestó hace un tiempo” implica un cambio de perspectiva frente a estos tenedores de deuda que no aceptaron la reestructuración de 2005 y 2010, ya que se legitima el usurario método de los carroñeros de las finanzas.
Según el diputado del Frente para la Victoria e integrante de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Adrián Grana, el acuerdo propuesto por Griesa y aceptado por el Gobierno nacional “vuelve a poner a la Argentina en una senda que creíamos absolutamente abandonada”, ya que reabre “una lógica de endeudamiento como en los peores momentos de nuestra historia, donde tomamos deuda para pagar más deuda”.
En diálogo con Contexto, el diputado destacó que entre los principales cuestionamientos que se hacen a la propuesta de Cambiemos para acordar con los holdouts es que “en toda negociación las partes tienen que ceder, y acá los únicos que cedimos fuimos los argentinos, complaciendo todos los pedidos de los fondos buitre. Por eso decimos que es una mala negociación”.
“Desde el Gobierno dicen que se está resolviendo definitivamente el problema, lo cual es mentira: del 7% de los bonistas que no habían entrado al canje, solamente estamos hablando con la mitad, y queda abierta la posibilidad de que aparezcan nuevos reclamos”, sostuvo Grana, y consideró que para llevar adelante un endeudamiento como planea el macrismo –alrededor de 12.000 millones de dólares– para pagar en efectivo ese reclamo “hace falta un dictamen jurídico de la Procuración del Tesoro Nacional que diga que estamos avanzando sobre un terreno firme”.
Por otro lado, manifestó que todavía está latente la posibilidad de que el 93% de los bonistas que ingresaron a los canjes realizados durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández reclamen igual trato sin importar que haya vencido la clausula RUFO. “Es una posibilidad jurídica tan mínima como la que tenían los fondos buitre de litigar contra nuestro país, que encontraron un juez amigo que responde al capital financiero y que forzó todas las normas internacionales e incluso las norteamericanas. Es mínima la posibilidad, pero ya nos pasó”, explicó Grana, y agregó: “En 2005 y 2010, por cada dólar que expresaba el bono pagábamos 35 centavos. Ahora, por cada dólar estamos pagando cuatro o más, según el caso, y esa diferencia es lo que podría entrar en discusión multiplicando el capital de deuda y los intereses”.
Otra de las preocupaciones que se expusieron en el debate de comisiones es que no sólo los bonos reestructurados podrían sentirse defraudados ante esa oferta que beneficia a los fondos buitre, sino que los propios holdouts podrían volver a litigar. Esto se debe a que quienes tienen sentencia en el juzgado de Griesa podrían recibir hasta cinco veces el valor nominal de sus bonos, mientras que el resto obtendrá una vez y media ese valor.
“Es una situación gravísima a la que quieren someter a la Argentina con este acuerdo, a tal punto que han acordado pagarles los honorarios a los abogados de los fondos buitre”, manifestó el diputado. En el mismo sentido se expresó el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, en diálogo con Radio Del Plata: “En los 235 millones de dólares que se les reconoce a los abogados también debe estar el costo del lobby en contra de la Argentina”, afirmó.
Según Grana, el Gobierno nacional “se ha autoimpuesto un límite de tiempo que en cualquier negociación es malo, y al querer resolver rápido el problema lo que han hecho es tomar atajos en la discusión”, por lo que la postura del FpV el martes, cuando se discuta el proyecto en el recinto, será “que no se constituya el quórum”.
Además, sostuvo que “es extraordinario que el pueblo pueda opinar en este tema, aunque más no sea movilizándose”, y dijo estar convencido de que “va a haber una multitud en el Congreso expresándose para que no se vuelva a un ciclo de endeudamiento en Argentina”.
Caos meteorológico
El editorial firmado por el presidente en el diario chaqueño expresa que “si tenemos crédito, por ejemplo, va a ser más fácil para los emprendedores contar con el dinero que necesitan para empezar sus proyectos; las familias podrán sacar un crédito hipotecario para tener su casa propia, y el Estado va a poder hacer las obras de largo plazo que de otra forma no podría hacer”.
Este augurio presidencial pretende dar cuenta de la necesidad irrestricta de “ser confiables para acceder al crédito internacional” y lograr la esperada lluvia de dólares prometida durante la liberalización del mercado cambiario y la mega devaluación de diciembre de 2015.
El pago a los buitre acordado por el macrismo se presenta ahora como la solución a ese fallido pronóstico que daría fin a la sequía. Sin embargo, para Adrián Grana, “tomar deuda para pagar más deuda –como propone el Gobierno en este proyecto–, en el marco de una apertura de importaciones que genera pérdida de trabajo argentino, de una devaluación extraordinaria que ataca el bolsillo fundamentalmente de los sectores asalariados y más vulnerables de nuestro país, desgravando los sectores exportadores, genera una situación similar a las previas a la crisis de 2001.
Asimismo, “tender puentes con el mundo”, como expresa la nota de Macri para definir la política de endeudamiento constante, no implica una directa relación con la inversión. La experiencia neoliberal demuestra que en procesos este tipo el desembarco de los capitales financieros internacionales en Argentina favoreció a la especulación y fuga de capitales, mas no a las “obras de largo plazo” que el Estado no podía hacer de otra manera.
