Por Pablo Pellegrino
Minutos después de que el presidente Mauricio Macri dijera durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que su gobierno y sus funcionarios tienen “un alto estándar ético”, los principales diarios nacionales se hacían eco de las novedades que llegaban desde Brasil, donde la Policía Federal de ese país señaló al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en el marco de la «Operaçao Descarte».
Esa investigación es un desprendimiento de la megacausa denominada “Lava Jato”. Se trata de una investigación cuya línea principal es la firma Consorcio Soma, que, según los investigadores, es una estructura dedicada al lavado de dinero a través de empresas “pantalla”. La empresa Soma tenía desde 2011 la concesión de la limpieza y la recolección de residuos de la ciudad de Sao Paulo.
El dato más relevante en relación con Arribas es el que aportó Víctor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, delegado de la Policía Federal de Brasil, sobre el destino de los fondos. Sostuvo que detectaron una “única remesa de valores para el exterior por 850 mil dólares. El dinero salió de Brasil, pasó por una cuenta en Hong Kong y se detuvo en Argentina, en una cuenta vinculada al director de Inteligencia”.
Este nuevo dato que aporta la Policía es fundamental, ya que el juez Canicoba Corral, que actuó en la causa contra Arribas, lo sobreseyó bajo el argumento de que el movimiento de fondos se había producido en el exterior (Brasil, Hong Kong y Suiza) y que por lo establecido en el Código Penal la Justicia argentina no podía actuar. El juez cerró la investigación antes de recibir las respuestas a los exhortos que él mismo envió a Hong Kong, Brasil y Suiza.
El sobreseimiento fue apelado el año pasado por el fiscal Federico Delgado, pero el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Germán Moldes -cercano al gobierno de Macri- decidió no dar impulso a la apelación, que finalmente cayó. Fue Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, el que finalmente apeló la decisión de Canicoba Corral, y ahora la reapertura de la causa depende de la Corte Suprema.
El jefe del bloque de diputados nacionales del FPV, Agustín Rossi, dijo a Contexto que el pedido de interpelación “es lo menos que podemos hacer ante una situación que es cada vez más complicada para el director de la Inteligencia argentina”, y explicó que “ahora ya no son versiones periodísticas, como decían ellos, sino que es la Policía Federal brasileña que certifica que Arribas cobró 850 mil dólares de coimas”.
Según el jefe de la bancada kirchnerista, la Justicia “está en condiciones” de reabrir la causa en la que Canicoba Corral sobreseyó al funcionario, ya que se produce un cambio en los hechos denunciados que así lo ameritan.
“Hasta ahora, lo único que explicó Arribas es que 70 mil dólares corresponden a una venta de muebles, y a nosotros nos parece que esta es una situación que merece que el titular de la AFI dé las explicaciones correspondientes ante el Congreso”, sostuvo el exministro de Defensa.
También se refirió al discurso del presidente durante la asamblea legislativa e ironizó: “El ‘alto estándar ético’ de este gobierno es como el ‘crecimiento invisible”. “Ahora acaban de nombrar un nuevo funcionario en lugar de Alberto Abad en la AFIP (Leandro Cuccioli) que tiene todo su patrimonio en el exterior. Sin dudas este estándar ético no existe”, agregó Rossi, y criticó en este sentido el “doble estándar de la Justicia” por encarcelar a exfuncionarios del gobierno anterior sin condena y por posible entorpecimiento de las causas. “Si esto es aplicable para los que fuimos funcionarios de otros gobiernos, para los funcionarios en ejercicio la situación debería ser mucho más gravosa”, dijo.
Arribas, ¿la punta del iceberg?
En declaraciones al programa Mañana Sylvestre, de Radio 10, el diputado nacional Rodolfo Tahilade, autor de la resolución que exige la interpelación de Arribas, recordó que el año pasado, cuando el funcionario fue citado para exponer en la comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia, “había dicho que no tendría que estar dando explicaciones sobre el caso porque no se trataban de cuestiones vinculadas a su función en la AFI; efectivamente, como dice él, se tratan de hechos de corrupción y por eso es el Recinto el lugar en el que debe dar las explicaciones de por qué en Brasil dicen que es coimero”.
El diputado calificó como “patética y vergonzosa” la actuación del fiscal general Moldes, que no sostuvo la apelación de Delgado, y dijo que “debería disponerse claramente la anulación del sobreseimiento y reabrir la causa”.
“Hay que reabrir la causa, sobre todo porque los datos que están llegando desde Brasil son que esos 850 mil dólares que le pagaron a Arribas llegaron desde Hong Kong a Argentina, con lo cual se derrumba también el razonamiento de Canicoba Corral con el que fundamentó el sobreseimiento”.
En este sentido, manifestó también que “lo importante es que no sólo vino el dinero acá, sino que parece que hay más responsables que Gustavo Arribas”, y apuntó contra las empresas del grupo Macri.
“Gustavo Arribas recibe 850 mil dólares de una empresa que se llama Soma, que tiene a su cargo desde 2011 el servicio de limpieza y recolección de basura en distintas zonas de la ciudad de Sao Paulo. En 2011, Soma agarra la concesión porque se la sacaron a otra que inflaba los costos, pero fundamentalmente daban un mal servicio. Esa empresa a la que le sacaron la concesión se llamaba Qualix y era propiedad de Socma, de Sideco, de la familia Macri”, explicó Tahilade, y sostuvo que “ahí hay que encontrar la clave de por qué giran ese dinero a Argentina en un momento en el que Gustavo Arribas no vivía en Argentina, sino en Brasil”.
