Mientras el gobierno nacional de la mano del presidente Mauricio Macri y de su ministra de Seguridad Patricia Bullrich insisten en respaldar al policía Luis Oscar Chocobar –policía bonaerense que mató a Pablo Kukoc, de dieciocho años, cuando atacó para robar a un turista estadounidense en La Boca–, los casos de gatillo fácil están a la orden del día. Esta vez ocurrió en Tucumán, cuando efectivos de esa provincia balearon por la espalda a un niño de once años que iba de acompañante en una moto, por “circular de forma sospechosa”.
Según relata la propia web de comunicación del gobierno de Tucumán, “dos motoristas del 911” se encontraban patrullando cuando vieron “el paso de tres motocicletas tripuladas por conductores y acompañantes que circulaban de forma sospechosa”, por lo que se inició una persecución con disparos. La versión oficial señala que al detenerse una de las motos, “se cayó uno de los sujetos, al llegar los motoristas dieron con que el hombre era un menor de edad”. Facundo, el niño en cuestión, “tenía una herida de arma de fuego en la nuca y fue trasladado al Hospital Padilla, falleciendo a las 4.30”.
Juan, el joven que manejaba la moto y que también fue herido, señaló otra versión de los hechos: su vehículo no pertenecía a las tres motos “sospechosas” que perseguían los efectivos policiales que terminaron dispararon hacia ellos. “A mi amigo lo mataron los policías, yo me salvé por milagro”, dijo a un diario tucumano.
“El caso de este niño tiene que leerse en el contexto tucumano donde viene recrudeciendo la cantidad de hechos concretos de gatillo fácil donde está vinculada la fuerza de seguridad. No es un caso aislado ni casual, sino todo lo contrario: demuestra el avance de la aplicación de la doctrina Chocobar en nuestra provincia”, analizó en diálogo con Contexto Florencia Vallino, coordinadora del área de Niñez y Adolescencia de la ONG Abogados y Abogadas del Noroeste en Derechos Humanos (Andhes) e integrante del espacio NO A LA BAJA.
Desde Andhes explicaron que los casos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad se vienen incrementando notoriamente en lo que va de 2018, destacando el caso de Víctor Robles, asesinado por un policía de civil; el de Ángel Alexis Noguera, muerto de un disparo con bala de goma en la cabeza en un procedimiento policial realizado en su casa; el caso del comisario Pineda, que ingresó al domicilio de un supuesto asaltante, le disparó y luego falseó el procedimiento; y el caso de Maximiliano Ariel Tapia, quien perdió una pierna producto de un disparo realizado por personal policial.
“Desde el inicio de 2018 hasta ahora venimos identificando una serie de casos que dan cuenta de un uso casi sistemático del gatillo fácil y de abuso y violencia policial. El de este niño es un caso testigo del extremo a donde llegan las fuerzas de la provincia, pero que da cuenta de la aplicación de la doctrina que desde el gobierno nacional vienen impulsando”, consideró Vallino.
La peligrosidad de la empatía del gobierno con el “justiciero” Chocobar está a la vista. Según números arrojados por la Coordinadora Contra la Represión y Violencia Institucional (CORREPI), hasta el pronunciamiento de apoyo del gobierno hacia el policía, registraban 725 casos de gatillo fácil durante la gestión macrista, alcanzando un asesinato en manos de las fuerzas de seguridad cada 23 hs. Según esta organización, tras la insistencia de Macri y Bullrich en respaldar al efectivo, surgió “un empoderamiento aún más grande de los policías”, registrando más casos en los últimos días, siendo el gatillo fácil “una política dirigida por el Estado”. El caso del niño tucumano vino a engrosar esta lista.
“Empeorando cada vez más. Acá se están muriendo los chicos y las chicas. Facundo es un caso de un muerto concreto de una doctrina que avala el gobierno nacional”, sostuvo Vallino.
Tras el hecho, los policías quedaron detenidos, pero, según informa el sitio del gobierno provincial, fueron liberados al “no encontrar indicios” para su detención. “Esto tiene que ver con una justicia selectiva que corta el hilo por los más débiles”, opinó Vallino. “La Justicia criminaliza y persigue a determinados sectores de nuestra sociedad que están conformados sobre todo por niños, niñas y jóvenes pobres. Esto lo vemos en nuestro territorio todo el tiempo, en la avanzada de la criminalización a la juventud”, agregó la abogada.
El Día otra vez criminalizando a los pibes
El matutino platense fue autor en 2008 de denominar a chicos y chicas que dormían en la pérgola de Plaza San Martín como “la banda de la frazada”. Lo que relataba por ese entonces es que esos jóvenes (que no superaba ninguno los dieciséis años de edad) atacaban a quienes pasaban tapándolos con una frazada, para poder robarlas. En 2015 volvió a insistir en poner el foco en los pibes, nombrando esta vez a “la banda de los pepitos”, unos jóvenes de Ensenada que, según relataba el diario platense, iban a La Plata a robar.
Los “pibes piraña” es la versión 2018 que utiliza el matutino para vandalizar y criminalizar a niños del centro de la ciudad que infunden “terror y preocupación”, entre vecinos y comerciantes. El Día nunca se pregunta qué hay detrás de esos chicos que, tanto “los de la frazada” como “los pepitos”, terminaron perseguidos y hostigados por la policía. Omar Cigarán, víctima de gatillo fácil, fue uno de ellos.
