Comienza una nueva semana del conflicto universitario. Los gremios de docentes de las casas de estudio superior de todo el país realizarán un paro de 72 hs entre el miércoles 12 y el viernes 14 de noviembre, tras una consulta nacional realizada en todos los sindicatos de base. La decisión fue tomada por amplia mayoría en el plenario de secretarias y secretarios generales de la CONADU, en respuesta a la falta de respuestas del Gobierno nacional frente a los reclamos salariales y al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La votación reflejó el extenso y hondo malestar acumulado entre docentes, investigadores y trabajadoras y trabajadores del sistema universitario, que reclaman la reapertura de las paritarias y la actualización de los haberes en un contexto de pérdida del 40% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023. La consulta con las bases, que se desarrolló durante la última semana en universidades de todo el país, consolidó la voluntad de profundizar el plan de lucha y de sostenerlo de forma federal.
En el mismo plenario, los gremios resolvieron además afectar el inicio del ciclo lectivo 2026 si el Gobierno no avanza en la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue promulgada pero suspendida por decisión del Poder Ejecutivo. También se acordó avanzar, en articulación con el Frente Sindical Universitario, en la vía judicial para exigir el cumplimiento de la normativa.
#PlanDeLucha
— CONADU (@PrensaCONADU) November 7, 2025
🔵CONADU define paros y movilizaciones para enfrentar el recorte salarial en las universidades.
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El secretario general de CONADU, Carlos De Feo, advirtió por el adverso panorama que atraviesan las universidades ante un Gobierno que se ha empecinado en ajustar el presupuesto y los salarios y, tras la victoria en las elecciones legislativas, adelantó que irá por una reforma laboral.
“A partir del 10 de diciembre se abre un panorama aún más complejo. No se trata solamente de la cuestión universitaria: vienen por nuestros sindicatos, por nuestro sistema previsional y por todos los derechos laborales”, señaló De Feo. “Va a ser una pelea muy difícil y desde la comunidad universitaria tenemos que poder instalar que la discusión sigue viva, que nosotros no bajamos las banderas y que estamos dispuestos a comenzar el año 2026 con una lucha contundente”, remarcó.
Además, las universidades rechazan la profundización del ajuste prevista en el presupuesto 2026 que envió el Gobierno al Congreso. Allí, la gestión pretende asignar sólo 4.8 billones, lejos de los 7.3 billones que piden los rectores para incluir la recuperación salarial acumulada desde diciembre de 2023.
Impacto en la UNLP
En La Plata, la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP) adhirió a la medida de fuerza y convocó a una serie de actividades de visibilización en distintas facultades. Desde el gremio local señalaron que el deterioro salarial de los docentes y la parálisis presupuestaria ponen en riesgo el normal funcionamiento de las actividades académicas y científicas de la UNLP, una de las universidades más grandes del país.
La ley de financiamiento, un eje de conflicto central
El reclamo docente se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno de Javier Milei y el sistema universitario público. Tras la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario —que fija un piso del 1,5% del PBI destinado al sistema y establece aumentos automáticos por inflación—, Milei decidió vetarla en su totalidad. Sin embargo, el Congreso insistió con su aprobación y el Ejecutivo, obligado por ley, la promulgó pero suspendió su aplicación.
Frente a esta maniobra, tanto los gremios universitarios como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anunciaron la presentación de recursos judiciales para exigir su cumplimiento efectivo.
La iniciativa judicial y sindical busca frenar el desfinanciamiento del sistema universitario, que ya enfrenta una caída histórica del presupuesto, retraso salarial, suspensión de becas y recorte en programas de ciencia y tecnología. En ese contexto, el paro de 72 horas marca un nuevo capítulo de la resistencia universitaria frente a las políticas de ajuste del Gobierno nacional.








