Por Miguel Croceri (*)
Pasado el fin de semana, el conjunto de las dirigencias políticas como también los poderes corporativos, el periodismo político y la opinión pública interesada en estos temas, ocupan su interés en las candidaturas para la elección de legisladores/as provinciales y de representantes municipales en la provincia de Buenos Aires.
Esos comicios tendrán lugar el 7 de septiembre y en la ocasión estarán habilitados/as para votar más de 13 millones 300 mil ciudadanos/as. De ese conjunto, el 70 por ciento se agrupa en solo dos “secciones electorales” que rodean geográfica y demográficamente a la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA).
Las “secciones” son ocho en total dentro del territorio bonaerense. Se trata de una división establecida legalmente a los fines de la organización político-electoral de la provincia y de la respectiva conformación de su Legislatura.
La “Primera sección” abarca el norte, nor-oeste y parte del oeste de la capital federal (incluyendo a los “partidos” o “distritos” de San Isidro, Vicente López, Tigre, San Martín, Tres de Febrero, Luján, Merlo, Moreno, etcétera). La “Tercera sección” comprende al sur-oeste y sur de CABA (forman parte de la misma “partidos” o “distritos” como La Matanza, Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, Lanús, Florencio Varela, Berisso y Ensenada, entre otros). (Puede ampliarse el tema en un artículo del diario “Ámbito”, nota del 18/07/25).
Al mismo tiempo que la conversación política está concentrada en las candidaturas para la contienda electoral bonaerense, y que a partir de ello también se proyecten y analicen las perspectivas de la elección de legisladores/as que se realizará en todo el país el 26 de octubre, hay asuntos de gravedad potencial extrema para el futuro de la Nación que requieren ser incorporados a la deliberación pública.
Concretamente, respecto de la economía nacional en este presente de mediados de 2025, es posible y razonable preguntarse hasta cuándo soportarán las finanzas del país, en particular del Estado, frente el pago de la deuda externa y otras formas de endeudamiento público que la ultraderecha gobernante agrava cada día.
Las mayorías sociales ni siquiera tienen un alerta surgido de las dirigencias que aspiran a representar sus intereses, ni tampoco por parte del valioso y valiente sistema de medios de comunicación contra-hegemónicos -tanto porteños de alcance nacional como otros de cualquier provincia-, que se oponen al régimen y tratan de mostrar los problemas que sufren la Nación y el pueblo, pero raramente profundizan los temas como para advertir sobre los enormes peligros que acechan.
Argentina fue a la quiebra hace casi dos décadas y media, en diciembre de 2001, y sin embargo no lo sabe prácticamente nadie a nivel masivo. Porque en los discursos públicos no se usa esa palabra -”quiebra”-, sino un término del idioma inglés -”default”- cuyo significado es desconocido para la mayor parte de la ciudadanía.
“Default” refiere, sencillamente, al hecho de que un deudor -por ejemplo un país- deja de pagarle a sus acreedores. El concepto puede ser traducible al castellano como “suspensión de pagos” o “cesación de pagos”. Pero cualquier persona sin saberes específicos de economía y/o sin conocimiento de otras lenguas, entendería con claridad si directamente se dijera “quiebra”.
(El sitio web especializado en información económica “Expansión”, editado en España, publica en línea un “diccionario” donde distingue términos similares pero no iguales, como “default”, “insolvencia” y “quiebra”. Ver diccionario de “Expansión”. La diferenciación terminológica carece de relevancia para esta columna de opinión, aunque puede ser útil para estudios o reflexiones más rigurosas).
Nadie hablaba antes del estallido de 2001
La suspensión de pagos de la deuda argentina en los últimos días del año 2001 fue una decisión adoptada, sin otra alternativa posible, por el presidente interino Adolfo Rodríguez Saa.
El político sanluiseño había sido elegido para el cargo por la Asamblea Legislativa -es decir el plenario conjunto de las cámaras de Senadores y de Diputados-, siguiendo los procedimientos previstos por la ley de Acefalía. Fue tras la renuncia de Fernando de la Rúa en medio de la bancarrota económica, el estallido social y el repudio generalizado a las dirigencias políticas.
Hasta ese momento, prácticamente ningún representante público -ni mucho menos las élites empresariales o los medios de comunicación hegemónicos- le advertían a la sociedad que se aproximaba el momento en que la deuda externa se haría impagable. Solo la izquierda trataba de esclarecer a la opinión pública, pero su escaso peso político no lograba la repercusión y los efectos necesarios.
En los meses previos al estallido hubo unos poquísimos dirigentes relevantes que intentaron -tarde y mal- que se evitara la catástrofe. Entre ellos estuvieron Raúl Alfonsín (quien hacía más de una década había finalizado su gobierno y se postulaba como senador nacional) y Eduardo Duhalde (también candidato a senador en la elección intermedia de 2001, y antes gobernador de Buenos Aires entre 1991 y 1999).
Durante la campaña Alfonsín propuso “un periodo de gracia” para efectuar los pagos y negociar “una moratoria consensuada” con los acreedores. (Crónica de Página 12, nota del 01/09/2001). De modo similar, Duhalde dijo que se debía “renegociar” la deuda y “encontrar una solución consensuada” porque “el país no puede pagar los vencimientos” que se aproximaban. (Información del portal “Parlamentario”, nota del 23/04/2001).
Hubo algunos poquísimos dirigentes más que se animaron a plantear el dramático problema, por ejemplo el entonces jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, el dirigente radical Rodolfo Terragno, y aún el liberal Gustavo Béliz. Pero el tema era “un gran tabú” que no se podía ni nombrar. (Así lo señaló en ese tiempo un artículo de Página 12, nota del 01/08/2001)
Quienes se atrevían a mencionar el asunto eran atacados violentamente por los economistas y por los periodistas famosos y millonarios que -siempre de la misma ideología reaccionaria y ultra-capitalista salvaje- copaban la televisión, radios y diarios de aquel tiempo, antes de Internet (la red digital ya se usaba en nuestro país pero no como fuente de información periodística). Por eso, a los pocos que decían algo, sus asesores de campaña e incluso el resto de los dirigentes de sus partidos les reclamaron que dejaran de hablar del tema porque era “piantavotos”. Pero el país finalmente quebró.
Así fue que Rodríguez Saa -quien, a la sazón, solo duró una semana como presidente designado por el Congreso-, el 23 de diciembre de 2001, al hablar ante la Asamblea Legislativa para asumir el cargo, dijo: “Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto no significa…”. Allí la frase quedó inconclusa porque comenzó un aplauso, que fue creciendo hasta la ovación, por parte de una gran cantidad de legisladores/as que participaban de la sesión parlamentaria. (El histórico momento puede recuperarse en un fragmento televisivo de algo más de 2 minutos publicado hace siete años en Youtube por Di-Film. Posteo del 28/02/2018).
La frase que en principio resultó interrumpida, fue completada después de los aplausos: “Esto (la suspensión de pagos) no significa el repudio de la deuda ni una actitud fundamentalista, sino que, muy por el contrario, se trata del primer acto de gobierno con carácter racional para darle al tema de la deuda un tratamiento correcto”. (Este concepto consta en una crónica publicada en aquel momento por el portal “Parlamentario”. Nota del 23/12/2001).
La deuda actual con el Fondo Monetario
Prácticamente dos décadas y media más tarde, otra vez casi nadie quiere decir abiertamente que la deuda externa y el resto del endeudamiento público de Argentina, particularmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se puede tornar impagable. Y que por lo tanto las dirigencias y el conjunto de la sociedad tendrían que pensar qué se debería o podría hacer si tal circunstancia ocurriese.
Como excepción a la regla -de no hacer olas y fingir demencia-, en las últimas semanas trascendió que Cristina Kirchner, arrestada y proscripta por los poderes oligárquicos y antidemocráticos, tiene conocimiento no solo del problema sino de la necesidad de elaborar soluciones.
Esa información fue confirmada días atrás por algunas fuentes periodísticas, entre ellas el multimedios alternativo El Destape, que lo hizo en la habitual columna dominical del periodista y analista político Diego Genoud. Se transcriben a continuación algunos párrafos fundamentales del artículo.
(Comienzo de cita): “Cristina tiene sobre su escritorio un documento de 25 páginas de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner que analiza en detalle el endeudamiento de Argentina con el FMI y plantea una discusion frontal de cara a un eventual regreso del cristinismo al poder”.
“El texto señala que Argentina acumula ya una deuda que triplica la cuota de 435 % que le correspondería al país por su peso dentro del organismo. Con el primer desembolso de U$S 12.000 millones que se ejecutó en abril, la deuda actual representa el 1.263 % de la cuota y asciendo a 54.597 millones de dólares. Si a eso se le suman los desembolsos pendientes, la hipoteca llegará al 1.363 % de la cuota”.
El documento plantea “una propuesta concreta: admitir la obligación de pago por ese 435 % que le correspondería a Argentina -unos 19.400 millones-, suspender los tramos que excedieron ese monto con una solicitud de revisión al FMI, y realizar una auditoría técnico-legislativa independiente que evalúe legalidad, destino y beneficios de la deuda con el Fondo desde 2018”.
“Así, un eventual gobierno del peronismo con peso de la ex presidenta desconocería los 35.197 millones de dólares de deuda con el FMI que exceden su acceso regular y que no se justifican” (según criterios del propio organismo internacional). “Un plan de ese estilo, casi un crimen para todos los que justifican el irregular endeudamiento externo, demandaría la construcción de un poder político a la altura de las circunstancias”. (Fin de la cita). (Publicado en el portal El Destape, nota del 13/07/25). https://www.eldestapeweb.com/politica/panorama-politico/el-desgobierno-de-milei-y-el-apocalipsis-del-plan-caputo-20257130100
No es posible adivinar el futuro. Pero quienes poseen conocimientos específicos sobre determinados asuntos, pueden observar situaciones actuales y proyectar qué implicancias tendrían eventualmente en los tiempos venideros.
Y en el caso de dirigentes que aspiran a representar los intereses generales de la Nación y el bien común de la población, es su deber hacerlo. Para que no se repita lo del 2001, cuando la deuda externa era un “tabú” y mencionarla era “piantavotos”.
Cristina Kirchner es una líder popular que, con sus ciertos y errores, e incluso bajo prisión domiciliaria y prohibición de por vida para ejercer cargos públicos, tiene la lucidez y el compromiso militante de anticiparse a la posibilidad de que el país vaya nuevamente a la quiebra.
En los discursos públicos se le seguiría llamando “default”. De esa forma habría menos chances de que amplios grupos de la ciudadanía comprendieran de qué se trata. Aunque más no fuere, se le debería hablar en castellano y explicar por ejemplo lo que significa una “crisis de deuda soberana”. Pero las palabras no son lo más importante, aunque ayudan.
Lo realmente trascendente es que desde las dirigencias representativas del pueblo y desde otros ámbitos de influencia colectiva -como los medios de comunicación que defienden al país-, se logre crear conciencia del inmenso poder patriótico y popular que probablemente se necesite construir (como dijo el analista citado en párrafos anteriores) si la rapiña capitalista local y extranjera provocan otra vez que Argentina entre en cesación de pagos.
(*) Publicado en www.vaconfirma.com.ar
