Por José Manuel Welschinger Lascano
Luego de eliminar los principales mecanismos de control sobre el sector privado mediante el uso de decretos ejecutivos al comienzo de su gestión, el Presidente Mauricio Macri continúa avanzando en su plan de recortar la presencia del Estado para beneficiar al gran capital. Mezclado de forma poco clara dentro del paquete de leyes ómnibus denominado «Reparación Histórica», donde además se integró el proyecto de blanqueo de los evasores amigos de la gestión, el Gobierno planea vaciar la ANSES bajo el pretexto de necesitar esos fondos para pagar las jubilaciones adeudadas.
Sin embargo, cabe señalar, este compromiso de Cambiemos no es hacia los jubilados, ya que la venta de los activos de ANSES representa uno de los más anhelados objetivos de la derecha argentina. Así lo explicó el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) Hernán Letcher, quien en diálogo con Contexto sostuvo: “En realidad, esto es un compromiso asumido por el propio Macri frente a las empresas en las que ANSES es accionista, para devolverles el control absoluto”.
Según comentó el economista, ANSES posee pequeños porcentajes de grandes empresas nacionales, entre las cuales se destacan Clarín (7%), el Banco Macro (29%), el Banco Hipotecario, Techint, y muchas otras firmas de peso. “Esta es una realidad que ‘incomoda’ a los directores de las empresas –sostuvo Letcher–, ya que esa participación le permitió al Estado nacional sentarse en la mesa para conocer cómo se estaba aplicando la política económica que el Gobierno intentaba llevar adelante”.
Para el director del CEPA, el plan sencillamente consiste en retirar la participación del Estado de las empresas, al igual que ya se hizo con los demás mecanismos de control gubernamental sobre la actividad del sector privado. “Hasta el 10 de diciembre, el Estado votaba en esas empresas por la reinversión de utilidades; es decir que en lugar de destinar esos fondos al pago de dividendos y que esa ganancia se la repartieran entre los ejecutivos, ha actuado para que no hubiera arbitrariedad del directorio en favor de los grandes accionistas y detrimento de los pequeños”.
Además, durante la gestión kirchnerista, el Estado también utilizó esta participación para acceder a los balances, conocer cuál era la política real de cada empresa e integrar reuniones en las que se discutían asuntos de profundo impacto social, como la formación de precios o el destino de las inversiones.
Hasta el momento, este compromiso personal del Presidente sería la única clave para comprender los motivos detrás de la férrea iniciativa oficialista sobre el proyecto, ya que el propio Gobierno ha admitido que no solucionaría ni la mitad del problema por el que se propone vender las acciones del Estado. Además, la venta de recursos públicos para solventar huecos fiscales fue una medida que el actual Presidente se cansó de criticar mientras actuaba desde la oposición.
Letcher resaltó los motivos por los cuales la propuesta significa el peor de los negocios para el país: “En términos de dinero, es más lo que se pierde que lo que se gana con la venta de estas acciones; especialmente cuando se sabe que al Gobierno por lo general nunca le venden acciones de las empresas, así que termina siendo doblemente ingenuo. Cuando se privatizó en la década de 1990, lo que entró no fue inversión nueva, sino que reingresaron los mismos fondos nacionales que se habían fugado, para comprar regaladas las empresas del Estado”.
Lejos de reinventarse, esa sería la conexión que la derecha argentina estaría estableciendo entre la «repatriación» de capitales y la venta de utilidades del sector público. “Tampoco sería inversión nueva –explicó el economista–, sino una mera transferencia de acciones; y eso no es ningún proyecto nuevo, sólo es un pasaje de la participación pública a la privada”.
Dentro de su danza de la lluvia de inversiones, que continúa sin dar resultados, el pretexto oficialista consiste en que esas acciones son materia para atraer al capital internacional. El director del CEPA desmintió este argumento: “Si mañana viene un extranjero y compra una empresa nacional, eso figura como inversión extranjera cuando en realidad solo cambia de manos una propiedad. Ese es un típico truco del macrismo, el de hacer figurar dentro del monto de inversiones a movimientos entre privados, que en realidad no aumentan los capitales nacionales”.
En total, las acciones y las utilidades de ANSES que el Gobierno planea vender, denominadas Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), están valuadas en casi 10.000 millones de dólares. La cuestión axial, en esta coyuntura, continúa siendo el crecimiento del gasto fiscal; y ante la situación paupérrima en la que se encuentran las finanzas nacionales, la venta del FGS intentaría maquillarse políticamente como un gesto altruista del Gobierno, que se desprende de sus ahorros para pagarles a los jubilados.
“En todo aspecto, el objetivo parece ser desfinanciar los mecanismos de seguridad y previsión social para discutir dentro de dos años una nueva ley; quizás no privatizando, pero seguramente bajando los montos o subiendo la edad jubilatoria”. Letcher explicó que, desde la mirada política de este Gobierno, las jubilaciones son un error: “Para ellos, lo mejor sería aumentar con esos fondos la rentabilidad de los sectores concentrados”.
FGS: para qué sirvió y para qué se planea utilizarlo
Desde la colocación de bonos hasta la estabilidad del dólar, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad representó uno de los más importantes recursos del Estado para sortear tanto la agitada marea de la crisis económica mundial, como los ataques desestabilizadores de los sectores concentrados. Según explicó el director del CEPA, su uso se reducía a la participación del Estado como un integrante más de la cúpula, con la finalidad de atenuar el crecimiento de la desigualdad social.
“En líneas generales, el kirchnerismo estaba reorientando los beneficios de las empresas para que se tradujeran en inversiones productivas, en lugar de dirigirse sólo hacia el aparato de la especulación financiera. El Banco Hipotecario fue partícipe del PRO.CRE.AR. justamente por esa participación del Estado en su directorio”.
Si bien la participación era pequeña, ese recurso le permitía al Estado intervenir como un director más dentro de la toma de decisiones, fundamentalmente para adecuar su política a la realidad, o para conocer de primera mano la dirección y el rumbo de la economía. En ninguno de estos casos el Estado tuvo participación mayoritaria, ni llegó siquiera a representar la primera minoría, como sí sucedió con las empresas estatizadas como YPF, donde el Estado posee el 51% de las acciones y define el rumbo de la política empresarial.
“Sólo se conserva el porcentaje necesario como para sentarse a la mesa, al igual que cualquier otro accionista: y es alocado que ahora se cuestione que el Estado tenga directores, ya que no hay ningún motivo real para que, si alguien tiene parte de una empresa, no pueda participar también de la toma de decisiones”.
En cambio, la gestión actual planea desprenderse de esos recursos para solventar la mitad del pago a las jubilaciones; una maniobra que Mauricio Macri criticó duramente en su reciente pasado como oposición política, considerando que el Estado no podía utilizar sus activos para cancelar deudas u obtener solvencia.
El nudo de la cuestión, nuevamente, se encuentra en la arena política, ya que, por ley del Gobierno anterior, las acciones de las empresas en las que el Estado tiene participación necesitan la aprobación de dos tercios de las Cámaras legislativas para que puedan ser vendidas. Para Letcher, la pérdida del FGS significa muy malas noticias para el pueblo argentino: “Es algo totalmente trascendente, porque imaginate que si ahora el Gobierno se vuelve loco por cinco pesos de inversión, cuando el Estado podía votar en favor de la reinversión de utilidades ese problema no existía”. El director del CEPA concluyó: “Ahora las inversiones no vienen, y como nadie vota a favor de la reinversión, toda la ganancia se invierte en otros países”.
