En la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP) se realizó el panel «Los derechos humanos frente a la violencia institucional. Desaparición forzada de personas: el caso de Santiago Maldonado y los desafíos actuales». Fue en el marco de las jornadas «Democratizar es la tarea», que se desarrollaron el martes y miércoles organizadas por el Instituto Cultural bonaerense, la Universidad Nacional de La Plata y la FPyCS. Estos paneles se centran en el debate sobre los cuarenta años de democracia y su relación con la política, la economía, la educación, los derechos humanos y la cultura.
Participaron de la mesa Sergio Maldonado, militante de los derechos humanos y hermano de Santiago Maldonado; Verónica Heredia, abogada defensora de los derechos humanos y de la familia Maldonado; y Ana Careaga, sobreviviente del centro clandestino de detención Club Atlético de la última dictadura cívico-militar, psicoanalista e hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las fundadoras de la organización Madres de Plaza de Mayo.
En el aula colmada de la casa de estudios estuvieron presentes su decana, Ayelen Sidun; el vicedecano, Carlos Ciappina; autoridades de esa Facultad, estudiantes, militantes de derechos humanos y público interesado en la temática.
Sergio Maldonado presentó un informe elaborado por la Cátedra libre Santiago Maldonado (que funciona en la FPyCS), donde abordó cómo fue el tratamiento mediático y en redes sociales del Gobierno de Mauricio Macri luego de la desaparición de Santiago, con el objetivo de demonizar la figura del joven y desarticular los reclamos de justicia. En la presentación que expuso en una pantalla mostró el rol activo de funcionarios del macrismo y sus legisladores, periodistas de medios hegemónicos y campañas del «troll center de Cambiemos» en redes sociales que se dedicaron a «deshumanizar a Santiago» de manera «salvaje», remarcó Maldonado.
«Se definió que la comunicación tuviera un tono político. La intención era polarizar a la sociedad, deslegitimando el reclamo de aparición con vida de Santiago, reduciéndolo a un montaje policial que solo intentaba dañar al Gobierno. Eso tuvo el efecto deseado en la sociedad, para que crea que fue un caso político», amplió Maldonado.
Sobre la cátedra creada este año como espacio de reflexión, análisis y difusión sobre la desaparición de Santiago Maldonado, sostuvo que el año que viene «va a ser fundamental como pilar para todo lo que haya que enfrentar en temas de represión, violación a los derechos humanos y negacionismos», afirmó.
Por su parte, Heredia dio detalles de la causa y sintetizó los ejes de reclamo de la familia a la Justicia. «La desaparición y muerte de Santiago debe ser investigada como un hecho de desaparición forzada seguida de muerte», puntualizó. Señaló las «inconsistencias» en el trabajo de jueces y fiscales y pidió: «Tienen la obligación de dar respuestas».
Vale remarcar que Santiago fue visto con vida por última vez el 1º de agosto de 2017, mientras participaba de una protesta de la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen en Chubut, cuando un grupo de gendarmes irrumpió reprimiendo a los manifestantes. Fue hallado muerto el 17 de octubre de 2017 en el río Chubut, 78 días después de su desaparición. Tras más de seis años de ese hecho, la investigación judicial no avanzó en determinar las responsabilidades políticas del operativo violento contra la comunidad Pu Lof, en el marco del cual Santiago Maldonado perdió la vida.
Santiago fue encontrado 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez. Esa zona había sido rastrillada en tres ocasiones a través de una búsqueda que incluyó helicópteros, drones y perros rastreadores, sin encontrar nada; así lo denunció la familia Maldonado en reiteradas oportunidades.
A su turno, Careaga se refirió a los actuales discursos negacionistas y de reivindicación de la última dictadura y a cómo impactan dañando la democracia. «En los noventa Videla quiso sacar una solicitada en los medios de comunicación y fue denunciado por apología del delito. Hoy no podemos hablar solo de negacionismo, sino que se reivindica la dictadura, y eso es apología del delito», enfatizó.
Y concluyó: «Lo que se fundó en este país fue un pacto civilizatorio, un contrato social del Nunca Más. Eso es lo que está en peligro en este momento».
