Luego de tres años de audiencias y testimonios, la denominada “Megacausa”, en Mendoza, terminó con doce condenas a prisión perpetua, entre militares y jueces. Este último hecho, sin precedentes en Argentina, dio la pena máxima a los exmagistrados Otilio Roque Romano, Guillermo Max Petra Recabarren, Luis Francisco Miret y Rolando Evaristo Carrizo. Además, el resto de los veintiocho imputados recibieron penas que van de los veinte a los cinco años de prisión.
Los acusados eran imputados, según los casos, por los delitos de privación abusiva de la libertad, encubrimiento, homicidio, aplicación de tormentos,violación, abuso deshonesto, allanamiento ilegal, omisiones de denunciar y de promover las investigaciones.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza, compuesto por Alejandro Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade, resolvió un fallo histórico en el denominado “juicio a los jueces”, siendo la primera vez que llegan al banquillo de los acusados exmagistrados, quienes se mantuvieron hasta hace un años con gran influencia en el Poder Judicial mendocino y ahora fueron condenados como “partícipes primarios” de la dictadura.
Jorge Auat, coordinador de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal, consideró que esta causa permite dimensionar lo que fue el terrorismo de Estado. “No se puede pensar un Estado terrorista sin su estructura y sus recursos, operando no solamente con militares y policías, sino también con la complicidad de vastos sectores de la sociedad civil. Cuando hablamos de dictadura cívico-militar, pensamos en las estructuras que fueron cómplices de los crímenes en masa, y ahí está el Poder Judicial”, sostuvo.
“Me impresionó gratamente porque me parece un hecho histórico. Si bien llevamos muchos años haciendo este tipo de juicios, esto que pasó es una bisagra importante”, dijo a Contexto Carlos Rozanski, exjuez que condenó a cadena perpetua a Miguel Etchecolatz.
“Los cuatro fueron condenados a prisión perpetua como partícipes primarios de esos hechos. Esta es la bisagra; esta es la vuelta de tuerca que han dado en Mendoza”, explicó el exmagistrado, quien asistió a la sentencia, y agregó que “esto que pasó fue algo muy emblemático porque en lugar de analizar la conducta de cómo venían al principio acusados por omisiones, por mirar a otro lado, finalmente se amplió a pedido de la querella y con el aval de la fiscalía y termina calificandose a esta gente como partícipe primaria, lo cual significa que los igualan a los autores directos”.
Teniendo en cuenta el contexto en el que el negacionismo de Cambiemos, al igual que los beneficios a los genocidas, buscan avanzar en Argentina, Rozanski consideró que “eso aumenta el mérito de lo que pasó” en Mendoza.
“En este momento, que salga un fallo de esta naturaleza tiene mucha importancia, porque parte del plan económico actual incluye desmerecer todo lo que significa la defensa de los derechos humanos, la actividad de nuestros organismos y los juicios”, sostuvo Rozanski.
“Esto tiene que ver a su vez con una cuestión ideológica, con una identificación de quienes llevan adelante el plan económico con quienes están siendo juzgados, salvando las distancias en el tiempo”, agregó el magistrado.
“Que la Justicia Federal haya sido condenada a perpetua es fundamental no solo para la provincia de Mendoza, sino para el país, porque se están iniciando nuevos juicios. Es una buena señal y un precedente para el resto de las provincias que están iniciando el juicio a los jueces”, sostuvo Viviana Beigel, abogada querellante, en declaraciones a la prensa tras el juicio.
“No era gente secundaria, no era gente que omitía sus funciones. Eran activos”, sostuvo Rozanski, quien destacó que este fallo “va a marcar una línea, porque a partir de ahora” la justicia que hoy está juzgando va a tener que interpretarlo.
El precedente que marca esta condena resulta fundamental para los nuevos juicios que se están llevando a cabo contra el Poder Judicial. Tal es el caso de Córdoba, que la semana pasada inició el juicio a cuatro magistrados. Se trata del exsecretario del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba Carlos Otero Álvarez, el exdefensor oficial Ricardo Haro, el exjuez federal N° 2 Miguel Ángel Puga, y el exfiscal federal Antonio Sebastián Cornejo, quienes están acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento en delitos de lesa humanidad.
