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Presupuesto 2025: sin lugar para combatir la violencia de género

En el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó un informe sobre el presupuesto ejecutado en 2024 para erradicar la violencia de género y sobre el ajuste que se materializa en el Presupuesto 2025, que «tiende a profundizar las desigualdades existentes», advirtieron.

El Gobierno de Javier Milei gobernó todo 2024 con la ampliación del presupuesto 2023, lo que acompañó en términos reales el profundo ajuste en todas sus áreas. En materia de género, esto se materializó en el cierre del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, y, con ello, en la degradación o eliminación de gran parte sus políticas, un hecho que se condice con la fuerte crítica realizada por el oficialismo al manejo de esta cartera, pero sobre todo con su visión de esta problemática: para la gestión libertaria, la violencia de género no existe como tal.

Cuando en 2023 se ejecuto el 99,1 % del presupuesto sindicado como Prespuesto con Perspectiva de Género (PPG), en 2024, siendo una extensión de este presupuesto, el recorte es significativo. Según señala el CEPA, las moratorias previsionales, las pensiones no contributivas para madres de siete hijos, el Potenciar Trabajo y la Asignación Universal (que representaban el 83,4 % del gasto etiquetado como PPG), recibieron un ajuste de hasta el 26 %, con excepción de la asignación, que creció un 30 %.

En cuanto a los programas que contribuyen a reducir brechas laborales, los tres más relevantes que sufrieron el ajuste son Registradas, Potenciar Inclusión Joven y Potenciar Trabajo. Los dos primeros, eliminados, mientras que el tercero tiene una caída del 81 %, lo que «responde, por una parte, a las bajas efectuadas y, por otra, a la licuación de su monto».

También las principales políticas públicas de prevención, atención y protección contra la violencia de género muestran un enorme retroceso o se encuentran prácticamente desmanteladas. «El gobierno nacional se encuentra decidido no sólo a ignorar la evidencia empírica -147 femicidios en el primer semestre de 2024 según la Defensoría del Pueblo de la Nación-, sino también a incumplir compromisos internacionales en materia de políticas de género, igualdad y diversidad», advirtió el CEPA.

Según el CEPA, la principal caída se da en el Patrocinio Jurídico Destinado a Víctimas de Abuso Sexual, que, si se compara la variación interanual respecto de 2023, no hubo ejecución presupuestaria este año. Otro que representa caída similar es el programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, con un 87 % de subejecución, al igual que el Programa Acompañar.

«Por otra parte, los números reflejan el desmantelamiento de la Línea 144, donde la masividad de los despidos implicó que existan turnos con solo dos trabajadoras para atender la línea de asistencia, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia de género», indicó el CEPA.

En el caso de la Ley Brisa, «por ejemplo, durante el primer trimestre de 2024 se observa una caída del 90% en la cantidad de dictámenes favorables para el ingreso al Régimen de Reparación económica para hijos/as de víctimas de femicidio o fallecidas a causa de violencia por motivos de género (RENNYA)», agregó.

Presupuesto 2025

Mientras aún existen dudas de su aprobación o de la continuidad del actual presupuesto, amparándose en el «déficit cero», las partidas para 2025 no son nada alentadoras.

Los programas que en 2024 recibieron fuertes recortes, en 2025 ni siquiera tienen partidas asignadas, como es el caso del Patrocinio Jurídico, el Programa Acompañar y la Línea 144. La ESI corre la misma suerte. Asimismo, la eliminación de las moratorias previsionales ya anunciadas tienen fuerte impacto.

«La propuesta de Presupuesto para 2025 sostiene y profundiza las reducciones presupuestarias advertidas durante 2024 en las políticas destinadas a la disminución de las brechas de género. De no sancionarse el Presupuesto 2025, escenario probable a la fecha, el gobierno contará con mayor discrecionalidad en la asignación de las partidas de gasto, prorrogando el Presupuesto 2023», indica el CEPA.

«El ajuste fiscal no es neutral en términos de género, por el contrario, tiende a profundizar las desigualdades existentes. Así, en caso de aprobarse el proyecto de Presupuesto 2025 tal cual fue presentado o prorrogarse nuevamente el Presupuesto 2023, las consecuencias recaerán asimétricamente sobre mujeres y diversidades», concluyó.