Agrupaciones y profesionales nucleados en la Asamblea Regional de Salud Mental se manifestaron ayer en el centro platense para visibilizar la vulneración que aún padecen los pacientes que se encuentran cautivos en el sistema de manicomio y exclusión, debido al incumplimiento de la Ley N° 26.657 de Salud Mental. Con una radio abierta y exposición en el Rectorado, decenas de personas se movilizaron luego a Plaza San Martín donde realizaron una olla popular y unificaron fuerzas con los trabajadores del Astillero Río Santiago.
“Queremos poner en foco las problemáticas que seguimos teniendo y es que el Estado sigue poniendo el recurso económico en el hospital psiquiátrico. Hace años que existe la nueva Ley de Salud Mental y, desde ese momento, diferentes colectivos venimos pelando por la plena implementación”, dijo a Contexto Elena García, de la asociación civil Integración Comunitaria por la Salud Mental, una de tantas entidades que conforman la asamblea junto a la cooperativa Trama, la Casa Enredadera, el Movimiento por la Desmanicomialización de Romero e incluso la Defensoría del Pueblo.
Cabe destacar que la actividad de ayer es una más de tantas expresiones de los profesionales del sector que, a finales del año pasado, salieron a luchar contra un intento del gobierno de decretar una reforma en la ley para reinstalar el paradigma “biologicista y de patologización”.
“Lo que sucedió es que el gobierno nacional quería cambiar la reglamentación de la nueva ley, reinstalando a la profesión psiquiátrica como la hegemónica dentro de la salud mental. Gracias a la lucha, ese decreto no salió. Aun así, el presupuesto es magro, las aperturas de Casas de Día y dispositivos intermedios son nulas, no existen y son fundamentales. Los subsidios de externación son de 7 mil pesos, nadie puede salir de un hospital en esas condiciones”, agregó Martín Saltzmal, profesional del instituto Alejandro Korn de Romero, en La Plata.
Cabe destacar que el paradigma médico y social vigente alrededor de la categoría de locura es el de peligrosidad y encierro, donde miles de internos pasan a ser depositados en instituciones durante años o décadas, sin ningún tipo de proceso posible de integración formal, viéndose excluidos de derechos como el trabajo o la vivienda.
“El gobierno sólo otorga subsidios de externación que son insuficientes para integrar a las personas. A una persona que estuvo veinticinco años internada le cuesta mucho reinsertarse laboralmente, integrarse en sociedad. Nosotros intentamos trabajar desde los espacios que manejamos, pero necesitamos la decisión política para impulsarlos”, agregó Elena García.
En tanto, la Ley N° 26.657 fue pensada desde una perspectiva de una atención direccionada a la autonomía del usuario y un acompañamiento de reinserción social. En la actualidad, el usuario que accede a la atención de la salud mental pública tiene la posibilidad de incidir y decidir sobre la dirección de su propio tratamiento.
Desde la Asamblea continuaron la jornada de ayer en Plaza San Martín, donde realizaron una olla popular y compartieron espacio con los trabajadores del Astillero Río Santiago, que se mantienen en acampe permanente.
