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Una toma destapó el conflicto educativo en Córdoba

Por Yair Buonfiglio

Es de noche, hace frío y llovizna. Pero ni la hora, ni el clima ni la distancia parecen desanimar a los cinco estudiantes que hacen guardia en la puerta del Instituto ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba, casi en el límite del mapa. Se mojan, pero seguramente puede más la convicción de que es el lugar donde tienen que estar. Adentro, sus compañeros discuten las actividades que llevarán a cabo durante la madrugada y al día siguiente: películas, talleres, asambleas y reuniones se mencionan sucesivamente. Una chica, mientras participa en el debate, despega uno de los carteles que anunciaban el locro que prepararon para festejar el 25 de Mayo.

Es que, desde el pasado 18 de mayo, cerca de trescientos estudiantes del Instituto del Profesorado en Educación Física (Ipef) conviven casi como una familia. Ese día, una asamblea que reunió a más de quinientos alumnos resolvió la drástica medida, luego de que notas, sentadas, manifestaciones y cortes de calle fueran ignorados tanto por las autoridades de la Universidad Provincial de Córdoba como por los funcionarios del gobierno provincial. La protesta fue apoyada por los docentes del establecimiento, y por estos días se sumaron también los centros de estudiantes de las otras instituciones que integran la Universidad Provincial, aunque por ahora el Ipef es el único tomado.

La Universidad hecha de sellos

La Universidad Provincial de Córdoba fue creada en 2007 a partir de un proyecto del gobernador José Manuel de la Sota. No se trataba de una oferta académica nueva, ya que la propuesta consistía en jerarquizar ocho institutos terciarios que ya existían, a cuyos profesorados o tecnicaturas se agregaban algunos trayectos adicionales de licenciatura. Tras siete años, y una vez conseguida la aprobación de la CONEAU, se formalizó la estructura institucional en tres facultades, cuyos decanos, al igual que la rectora, fueron designados sin la participación de la comunidad universitaria.

la UPC luce todavía una precariedad presupuestaria y administrativa notable.

Sin embargo, la UPC luce todavía una precariedad presupuestaria y administrativa notable. Como prácticamente no se crearon nuevos cargos, la vicedecana de la Facultad de Educación y Salud –a la que pertenece el Ipef– cumple sus funciones con un cargo de jefe de Gabinete Psicopedagógico, situación que se replica en las demás autoridades universitarias. Los docentes, que acceden a sus puestos sin concurso, son nombrados en horas-cátedra y no en cargos, situación que reconoce únicamente el tiempo desempeñado frente al curso y no contempla actividades de investigación ni de extensión, funciones constitutivas de la Universidad pública.

Los institutos que integran la UPC tampoco reciben fondos para su funcionamiento. La provincia paga los salarios docentes pero no envía dinero para la adquisición de insumos, material didáctico o reparaciones edilicias. Federico Jaime, presidente del centro de estudiantes del Ipef, aseguró a Contexto que al establecimiento llegaron solamente mil cien pesos del gobierno para todo 2014. “Es una cuestión paradigmática. Este es el instituto de educación física más grande de Sudamérica. Un palo de hockey sale 1.500 pesos, lo mismo que un estudiante aporta de manera voluntaria por año”, remarcó el dirigente estudiantil. En el mismo sentido, Isabel Bohorquez, rectora normalizadora, afirmó en declaraciones a Cba24N que “nunca hubo, ni hay posibilidad de que así sea, un presupuesto para cada uno de los institutos”.

Pero la precariedad también es política. En la UPC no hay un Consejo Superior ni Consejos Directivos en las Facultades. Como herencia de los institutos terciarios, funcionan “Consejos Institucionales”, que, de acuerdo con la normativa vigente, tienen “carácter resolutivo o consultivo” (sic), lo que se traduce en la ambigüedad incluso de las instituciones que ya existen. Por eso, los estudiantes reclaman enfáticamente la creación de órganos de cogobierno, aunque sean transitorios hasta que culmine el período de normalización de la Universidad.

piden “claridad y transparencia en la toma de decisiones y en el acceso a la información”, señaló Jaime.

También piden “claridad y transparencia en la toma de decisiones y en el acceso a la información”, señaló Jaime a Contexto. “Nosotros no tenemos un boletín oficial donde podamos acceder a las resoluciones rectorales, ni a otros actos jurídicos o administrativos que emanen del rectorado o de otros órganos de gobierno de la Universidad. Hasta el lunes pasado, habían emitido 101 resoluciones rectorales, pero sólo hay ocho colgadas en la página de la Universidad”, aclaró.

Ayer por la tarde, funcionarios de la UPC convocaron a las autoridades de los centros de estudiantes de los diferentes institutos a una reunión en la que, al parecer, intentarán destrabar el conflicto. Entretanto, renunció el secretario de Bienestar Estudiantil, Pablo de Genaro.

Periodismo militante

“El show de la mañana”, uno de los programas estrella del Grupo Clarín en Córdoba y el preferido por el gobernador De la Sota al momento de conceder entrevistas, se ocupó de la toma del Ipef al día siguiente de conocida la noticia. Su conductor, “Lagarto” Guizzardi, afirmó que la directora del instituto había pasado la noche allí y sugirió que los estudiantes le habían impedido la salida. Por estos y otros comentarios vertidos durante el envío, el vicepresidente del centro de estudiantes, Franco Balaguer, le solicitó a la cronista que habitualmente se encuentra en las calles del centro de la ciudad la posibilidad de ejercer su derecho a réplica. La periodista era Carolina Martínez, una de las caras del “carnaval cuartetero” que De la Sota organizó en 2013 para, entre otras cosas, hacerse visible en las pantallas nacionales, objetivo que logró en un sorprendente gesto federal de tres señales porteñas que decidieron transmitir en vivo el evento. Martínez no sólo rechazó la salida al aire del dirigente estudiantil, sino que además le dijo que lo haría detener por la Policía. La amenaza, sostenida en la aplicación del inconstitucional Código de Faltas, se concretó pocos minutos después, cuando Balaguer se encontraba a unas cuadras del lugar. Fue arrestado y llevado a una “unidad de contención de aprehendidos”, donde, tras ser obligado a desnudarse, debió permanecer durante poco más de tres horas. Todo un gesto de paz, unión, diálogo y concordia, como le gustan a De la Sota.

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