Por Gabriela Calotti
Más de cuatro décadas después de haber actuado al amparo del Estado para perseguir, secuestrar, torturar y asesinar a más de un centenar de profesores, alumnos, dirigentes gremiales y barriales de diversos ámbitos de la ciudad, Carlos Ernesto Castillo, jefe del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense y sólo uno de sus cómplices, Juan José Pomares, estuvieron sentados en el banquillo de los acusados por el secuestro y asesinato de Carlos Antonio Domínguez, entonces secretario general del gremio del Turf platense, de dos militantes de la izquierda peronista, Graciela Martini y Néstor Di Notto, y de Leonardo Miceli, integrante de la comisión interna de una tercerizada que prestaba servicios en Propulsora Siderúrgica.
Tras el inicio de la audiencia, casi dos horas después de lo previsto, en la sala del primer piso del Tribunal Oral Federal Nº 1 platense, en la calle 8 entre 50 y 51, a cargo del tribunal subrogante integrado por Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Daniel Esmoris, se leyeron los hechos y su calificación contenidos en el requerimiento de elevación a juicio emitido en agosto de 2014 por los fiscales generales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán I. Schapiro.
“Los antecedentes de la CNU acreditan un ataque sistemático y de persecución de militantes de izquierda y dirigentes gremiales, universitarios y barriales, que era fomentado desde el Estado. Actuaban bajo el amparo estatal”, leyó la secretaria del tribunal ante una sala colmada de familiares de víctimas de la CNU, integrantes de organismos de derechos humanos, letrados, periodistas y fotógrafos.
Los delitos por los cuales Castillo y Pomares están procesados “son considerados de lesa humanidad por el carácter parapolicial de esa organización en un contexto de práctica generalizada llevados a cabo desde el Estado”, por “ser ataques contra la población civil”, “por su carácter sistemático contra un objetivo político” y “por usar recursos públicos”, afirmó el requerimiento, cuya lectura escucharon Castillo y Pomares, sentados atrás de sus cuatro abogados defensores –entre estos Fernando Guzmán, Oscar Salas y Christian Romano–, estos últimos defensores también del policía Luis Ponce, condenado semanas atrás en La Plata por el asesinato de Andrés Núñez en 1990. Todos ellos estaban el lunes ubicados a la derecha del tribunal, detrás de un panel de vidrio.
Tras el relato de los hechos por los cuales Castillo y Pomares son acusados de delitos de lesa humanidad, el presidente del tribunal les preguntó si iban a declarar durante el proceso, que se extenderá por un mes, y ambos respondieron negativamente. No obstante, accedieron a responder brevemente algunas preguntas del magistrado.
Pomares, de cabello entrecano lacio y anteojos, y bastante encorvado, reivindicó con voz firme ante el tribunal el haber sido “asesor del senador Carlos Muses durante el Gobierno de Néstor Kirchner”. Dijo además que tras el golpe del 76 fue “secuestrado y preso y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” (PEN).
Castillo, ahora bastante pelado, reconoció su apodo “Indio porque vengo de La Pampa”, y dijo que fue detenido el 29 de abril del 76 “con toda mi familia” y “estuve un año desaparecido”. Admitió haber sido condenado a dos años y ocho meses de cárcel por usar un DNI falso. Dijo que es licenciado en ciencias políticas y que su última ocupación fue en la actividad privada.
En mayo de 1976, más de quince integrantes de la CNU de La Plata fueron detenidos porque el Ejército quería liderar el control de las operaciones represivas. Castillo y Pomares estuvieron en la Comisaría Nº 8 de esta ciudad y luego fueron trasladados a la Unidad 9 de La Plata, desde donde seguían trabajando para la inteligencia penitenciaria y del Ejército. En diciembre de ese año fueron puestos a disposición del PEN. Según pudo saber este medio, controlaban el penal y estaban en el mismo pabellón que los presos políticos de cierta categoría, como el hijo del gobernador de Mendoza, Martínez Vaca y un ministro de esa provincia, entre otros. Durante los recreos de ese pabellón se compartía el patio con gente de izquierda de otros pabellones. Gozaban de privilegios y decidían el tratamiento a los otros internos junto con el personal penitenciario.
Documentación de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entregó a través del programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad demostró la vinculación directa entre la CNU y las fuerzas represivas que actuaron tras el golpe del 24 de marzo.
Castillo y Pomares están en la cárcel desde hace seis años, uno en Marcos Paz y el otro en Ezeiza. Al salir de la Unidad 9, Pomares trabajó en la Administración pública municipal y provincial e inclusive se movió como operador político, según testimonios de víctimas que lo cruzaban por la calle. Castillo y Pomares están acusados de homicidio doblemente calificado con alevosía, secuestro, tortura y robo, en el marco de un plan sistemático para llevar adelante el terrorismo de Estado antes del golpe cívico-militar-eclesiástico de 1976, cuando la provincia empezó a ser gobernada, en enero de 1974, por el sindicalista del peronismo de derecha Victorio Calabró.
Un juicio al que llegó un puñado de asesinatos
Aunque la CNU asesinó a más de un centenar de personas, principalmente en La Plata y en Mar del Plata, sólo un puñado de sus integrantes pudo ser llevado ante la Justicia, y en ese marco cientos de casos de militantes universitarios y delegados laborales asesinados quedaron fuera de este proceso, cuyo inicio fue aplazado dos veces en 2016. Numerosos querellantes reclamaron en los últimos años que las causas fueran unificadas en su etapa de instrucción si se trataba de la misma identidad de los imputados o grupos operativos.
Junto con Castillo y Pomares participaban del terror Dardo Omar Quinteros, Marcelo López, Martín Osvaldo Sánchez alias Pucho, Antonio Agustín Jesús alias Tony, Gustavo Guillermo Fernández Supera alias El Misto, Ricardo Calvo alias Richard, David Massota alias Feiño, Néstor Causa alias El Chino, y los policías Roberto Storni, Alfredo Ricardo Lozano alias Boxer y Vicente Ernesto Álvarez, según testimonios de víctimas del terrorismo de Estado.
El 12 de febrero de 1976, por órdenes de Calabró, el entonces gobernador bonaerense que había apartado a Oscar Bidegain, el grupo comandado por Castillo secuestró y asesinó al secretario del gremio del Turf platense, Carlos Antonio Domínguez. Por aquellos tiempos, en el hipódromo platense funcionaba una comisión interna, había asambleas de sus trabajadores y en febrero del 76 se llevó adelante una huelga general.
“El hostigamiento provenía de la CNU. Había mucho dinero en juego. Que no se corriera una carrera significaba mucha pérdida”, según testimonios de la instrucción y documentos provenientes del archivo de la ex DIPPBA. En el Hipódromo, la gente de la CNU hacía “seguimiento de las asambleas, amedrentamiento, infiltración y seguimiento”, afirman testimonios.
Domínguez fue secuestrado en su casa de calle 12 Nº 543 por personas armadas que se lo llevaron en un Torino blanco. Poco antes habían secuestrado a Roberto Fiandor, que integraba la comisión interna junto a Domínguez. A Fiandor lo metieron en el baúl del auto y cuando iban camino a Magdalena logró tirarse y fue ayudado por pobladores del lugar.
El cuerpo de Domínguez, en cambio, apareció al día siguiente en la RP Nº 20, a la altura de Vieytes, con “destrucción de su masa encefálica por disparos a corta distancia”, según la autopsia. Su hija Viviana lo reconoció esa misma tarde.
La noche del 3 al 4 de abril de 1976, el grupo de tareas de la CNU platense interceptó en Villa Elisa el vehículo en que viajaban Daniel Pastorino, Úrsula Barón, Néstor Di Notto y Graciela Martini, militantes de la izquierda peronista. Tras ser sometidos a un simulacro de fusilamiento, fueron llevados hacia Punta Lara y torturados. Pastorino y Barón fueron liberados luego en 2 y 32, pero Di Notto y Martini aparecieron acribillados en la calle 11 de City Bell, en el barrio Los Porteños. Testigos identificaron a Castillo y los liberados a Pomares como integrantes de ese grupo comando. Les preguntaban si eran montoneros y a quién conocían.
Días después, el 19 de abril, el mismo grupo secuestró de su casa en 122 entre 70 y 71 a Leonardo Miceli, integrante de la comisión interna de una empresa tercerizada, Limpiolux, que prestaba servicios de limpieza en Propulsora Siderúrgica (del grupo Techint). Testigos presenciales vieron cómo unas “veinte personas de civil, con armas largas y a cara descubierta”, se llevaban a Miceli cuando volvía de la Facultad. Esa misma noche, el mismo grupo secuestró y asesinó a Carlos Satich, compañero de Miceli, y a Horacio Urrera, militante de la Juventud Trabajadora Peronista y empleado del Ministerio de Economía. Sus cuerpos acribillados por la espalda y por el frente aparecieron flotando en el río a la altura de Sarandí.
El lunes, poco antes de que comenzara la audiencia, el abogado Pablo Llonto lamentó en un breve diálogo con Contexto el hecho de que numerosos secuestros y asesinatos cometidos por la misma patota de la CNU no hayan sido considerados para este proceso “por errores judiciales”, como el caso de Urrera o el de Arturo Patulo Rave, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de diecisiete años.
Rave fue secuetrado del domicilio familiar en la calle 8 entre 42 y 43 la madrugada del 24 de diciembre de 1975 por un grupo conjunto de la CNU y del Ejército en una zona liberada por la Bonaerense. Su cadáver apareció horas después acribillado y colgado de un puente sobre las vías del tren en la zona sur de La Plata, más precisamente en Elizalde.
El periodista e investigador Daniel Cecchini también lamentó en reiterados artículos que el caso de Satich tampoco haya sido contemplado. Al igual que el asesinato del médico Mario Gershanik o los secuestros de Daniel Pastorino y Úrsula Barón, quienes salvaron sus vidas de milagro. Tampoco entraron los casos de ocho chicos y chicas que militaban en el Partido Socialista de los Trabajadores y que fueron asesinados por patotas de la CNU en septiembre de 1975, afirmó a Contexto Nora Saldúa, familiar de Adriana Saldúa, una de las jóvenes víctimas de la CNU platense, que llevaba colgada las fotos de los ocho en su pecho.
Tampoco esta vez se hará justicia por el asesinato de Rodolfo “el rusito” Ivanovich, uno de los primeros militantes de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional (FURN), cuya compañera, Mirta Aguilar, fue secuestrada a la salida del velatorio junto a Tatú Basile en pleno centro de la ciudad, en 47 entre 4 y 5.
La CNU platense también asesinó al dirigente sindical Carlos Ennio Pierini, al referente histórico de la resistencia peronista en La Plata Horacio Chávez, a su hijo Rolando, y al docente universitario Luis Macor.
Más de treinta testigos comparecerán ante el tribunal a partir del próximo miércoles. Por el Ministerio Público Fiscal estaban presentes Hernán Shapiro, Juan Martín Nogueira y Marcelo Molina. También estaban presentes unos seis abogados querellantes en representación de distintas organizaciones de detenidos-desaparecidos y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Recién en junio de 2015 comenzó en Mar del Plata el primer juicio contra la CNU en el país. En el banquillo estaban once ex integrantes de la banda parapolicial. En un fallo histórico, tres de los acusados, Gustavo Demarchi, Mario Ernesto Durquet y Fernando Otero, fueron condenados en diciembre de 2016 a prisión perpetua por asociación ilícita y homicidio calificado por los crímenes que cometieron como integrantes de la CNU.
La CNU nació a fines de los sesenta impulsada por el latinista y helenista platense Carlos Disandro en el Instituto Cardenal Cisneros, donde solía acercarse el arzobispo platense Antonio Plaza. De grupo de choque universitario de ultraderecha católica, se convirtió en grupo operativo paraestatal con la llegada de Calabró al Ejecutivo provincial. Con la intervención fascista de la UNLP, la CNU, que pasó a depender del Batallón 601 del Ejército, ocupó cargos en los colegios secundarios de la Universidad, como el Colegio Nacional y el Liceo Víctor Mercante.
El lunes, al inicio del juicio, la complicidad de la Iglesia católica y la activa participación de muchos de sus integrantes fue planteada por una de las abogadas querellantes que pidió al tribunal que se retire el enorme crucifijo que cuelga de la pared hacia la cual deben mirar los testigos al momento de declarar. Los jueces aceptaron por mayoría hacer lugar al pedido y solicitar que el crucifijo sea retirado de allí, la misma sala en la que el ex capellán de la Bonaerense, Christian Von Wernich, fue condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad.
“La ideología católica era un ícono de la CNU. Argentina es un Estado laico y el Poder Judicial es un Poder del Estado. Es importante que el Tribunal comprenda lo que significa para muchos testigos declarar con ese crucifijo delante”, sostuvo la letrada en un planteo simbólico pero firme e inequívoco.
