Ecuador vive un momento crucial en su historia: el miércoles 17 de mayo, el presidente Guillermo Lasso invocó el artículo 148 de la Constitución, decretó el cierre de la Asamblea Nacional (órgano legislativo unicameral) y convocó a elecciones generales (para presidente y la totalidad de los asambleístas). El uso de esta facultad constitucional se conoce como «muerte cruzada».
Breve cronología de los hechos
A principios de año, la oposición denunció que el mandatario ecuatoriano había incurrido en el delito de peculado (malversación de fondos públicos) en el marco de la causa por un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker.
La Corte Constitucional de Ecuador aprobó que se avanzase con el proceso de juicio político contra el mandatario. De los nueve magistrados que componen el organismo, seis votaron a favor del proceso y tres en contra.
Mediante un comunicado, los jueces informaron que «el pleno resolvió inadmitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado».
Acto seguido, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador autorizó la incorporación de 49 pruebas al proceso.
El martes 9 de mayo, en una contundente votación (con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones), la Asamblea Nacional aprobó el inicio del proceso contra el exbanquero y hoy presidente ecuatoriano. El 16 de mayo, el órgano legislativo dio inicio al juicio político contra el presidente Lasso. El sábado 20 de mayo debía votarse por la destitución o no del mandatario, pero tres días antes, el 17 de mayo, Lasso disolvió la Asamblea Nacional y llamó a elecciones generales.
El presidente ecuatoriano justificó su decisión al asegurar que el país transitaba una etapa de «grave crisis política y conmoción interna» (uno de los motivos por los que se puede aplicar esta medida).
La oposición denunció que tal decisión fue inconstitucional y que solo tuvo como fin evadir la casi segura destitución.
En declaraciones a la Agencia AFP, el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa aseguró que «Lo mejor para el país […] es anticipar elecciones generales, presidenciales y legislativas. Lastimosamente, no es lo correcto […] El decreto es inconstitucional. Aquí viene el dilema entre hacer lo bueno, anticipar elecciones, y lo correcto, que es respetar la Constitución».
«Creo que lo crucial es lo segundo, respetar la Constitución y el Estado de derecho, por lo que debería declararse inconstitucional este decreto y continuar el juicio político en la Asamblea», remarcó el líder de la Revolución Ciudadana.
En la red social Twitter, Correa señaló que la decisión de Lasso «es un golpe de Estado -no hay causales- pero es también el último clavo de su propio ataúd político».
«Obviamente no hay ninguna ‘conmoción interna’. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la GRAN oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la Patria», remarcó.
A pesar de ello, la Corte Constitucional admitió el decreto de Lasso y el Consejo Nacional Electoral inicio el proceso para las elecciones que se realizarán el 20 de agosto.
