La familia de Emilia Uscamayta Curí presentó una denuncia penal contra el intendente Julio Garro por «Abuso de Autoridad Genérico» y «Omisión de los deberes de Oficio», por no haber suspendido a Daniel Piqué, ex titular de la Secretaría de Seguridad de La Plata, cuando fue imputado en la causa de la muerte de la joven estudiante de la Facultad de Periodismo de la UNLP en una fiesta clandestina.
La denuncia fue presentada mientras se realizaba una radio abierta en las puertas de la fiscalía platense de 7 entre 56 y 57, organizada por la familia de Emilia, amigos, compañeros y la Facultad de Periodismo, como ocurre cada inicio de mes para continuar la lucha por justicia.
El ex comisario fue imputado penalmente el 8 de septiembre del año pasado por “Omisión de los deberes de Oficio”, por ser el responsable de la nula presencia del Estado en las inmediaciones de la masiva fiesta clandestina. Aquel 31 de diciembre, horas antes del comienzo, ordenó retirar los móviles presentes en la puerta del predio donde se hizo la fiesta, y así no prohibió su realización, lo que condujo a la muerte de Emilia por las múltiples irregularidades de control.
Sin embargo, Julio Garro lo mantuvo en sus funciones hasta el 30 de diciembre de 2016, cuando Piqué renunció. La familia de Emilia y su abogado sostienen que no sólo dejó su cargo meses después de la imputación, sino que el intendente lo mantuvo como asesor de su gestión desde su renuncia a la actualidad.
“Se cumplieron quince meses del asesinato de mi hermana y nos juntamos acá a denunciar y hacer responsable al fiscal Álvaro Garganta y al intendente Julio Garro.”
“Se cumplieron quince meses del asesinato de mi hermana y nos juntamos acá a denunciar y hacer responsable al fiscal Álvaro Garganta y al intendente Julio Garro”, dijo a Contexto Cristian Uscamayta Curí, el hermano de Emilia. “La causa no avanza y no porque no haya voluntad, sino porque acá hay negociados e intereses que no se quieren tocar”, agregó.
“En la madrugada del 1º de enero, estos empresarios llevaron a cabo la fiesta con total impunidad y con complicidad del Municipio”, siguió Cristian. Y cerró: “Tenemos suficientes pruebas que nos dan la razón a nuestras denuncias para que se avance en los pedidos de imputación que todavía no se concretan”.
En tanto, el abogado Adrián Rodríguez afirmó que Piqué “aún mantiene vínculos con la Municipalidad de La Plata, siendo que debería estar suspendido preventivamente”.
Piqué “aún mantiene vínculos con la Municipalidad de La Plata, siendo que debería estar suspendido preventivamente”.
En el texto de la denuncia se lee que Julio Garro “omitió deliberadamente la suspensión preventiva que establece la normativa vigente y que debió recaer sobre el comisario retirado Daniel Omar Piqué, a partir del mismo momento en que fue imputado de un grave delito de acción pública el día 8 de septiembre de 2016”. La normativa a la que refiere el escrito es el artículo 246 de la Ley Orgánica Municipal, que Garro incumplió.
Con respecto a la causa, el abogado rechazó que el fiscal a cargo de la causa, Álvaro Garganta, la haya elevado a juicio de manera “rápida” e “intempestiva”, sin fundamento y demorando previamente la investigación, en la que numerosos pedidos de pruebas fueron ignorados.
“En un breve escrito dijo que por una cuestión de celeridad procesal daba por culminada la investigación. Pero lo cierto es que no hay ninguna persona privada de su libertad y no vemos por qué la Justicia debe ceder ante la economía procesal. Solicitamos la paralización de esta medida porque está beneficiando a los imputados”, sostuvo Rodríguez.
En la causa también están involucrados los cuatros empresarios organizadores, a quienes llamativamente la Justicia de La Plata les concedió la eximición de prisión a pesar de gran cantidad de indicios que dan cuenta de su connivencia con los funcionarios de Garro para llevar a cabo la fiesta clandestina.
Ellos son Carlos Bellone, propietario de la quinta; Raúl «Peque» García, militante del PRO y empresario de turismo; Santiago Piedrabuena, dueño de boliches y quien contaba previamente con una causa por portación de armas;y Gastón Haramboure, el único que está preso pero por una causa anterior por la muerte de un joven en un boliche de Berisso en 2009.
Además de Piqué, como funcionarios de Garro fueron llamados a declarar Roberto Di Grazia, titular del aquel entonces Control Urbano, y Sebastián Martínez Pass, comisario de la Policía Local. Ante la pasividad de la Justicia, Di Grazia no se presentó a declarar y Daniel Piqué desligó responsabilidades en el primero. Por su parte, Martínez Pass también se negó a declarar.
Otrans reclamó justicia por Pamela
En las puertas de la fiscalía, junto a los allegados de Emilia, estuvieron presentes militantes de la agrupación Otrans de La Plata, en reclamo de respuestas por la muerte de Pamela Macedo Panduro, militante de esa organización fallecida tras permanecer detenida ilegalmente.
Panduro estuvo detenida en una comisaría de Ensenada que no se encuentra habilitada para detenciones, y sin comida y medicamentos, con una enfermedad crónica no atendida por el Estado. Desde allí fue derivada a la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Bonaerense de Florencio Varela, en la que estuvo alojada hasta el 23 de diciembre, cuando fue internada en un hospital de esta localidad. El 1º de enero de 2017 falleció.
Desde Otrans exigen respuestas del Estado, porque consideran que fueron las deplorables condiciones de detención las que deterioraron su estado de salud y luego la muerte de la mujer trans.
Pamela Panduro tenía veintinueve años, era peruana y vivía en Argentina hace diez años. Militaba en Otrans La Plata. En 2014 fue elegida Miss Latinoamérica Trans.
“Pedimos justicia por nuestra compañera Pamela Panduro, asesinada de manera deplorable y privada de su libertad”, dijo a Contexto Vicky Minaia, integrante de Otrans.
La ausencia del Estado y el violento asedio policial son los factores que persiguen a las trans. “Somos perseguidas y discriminadas por nuestra condición”, agregó Minaia.
Desde el año pasado, Otrans y el Frente de Organizaciones TGLBI denuncian un recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres trans, las razias, las torturas, los maltratos y la persecución policial. Sin embargo, las autoridades locales, provinciales y nacionales se mantienen sordas ante sus reclamos.
