Por Héctor Bernardo
Este jueves el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro por conspirar junto a un grupo de militares y funcionarios de su gabinete para realizar un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Con el voto de la jueza Cármen Lúcia se consiguió la mayoría de 3 votos contra uno (al momento de publicar este artículo aún faltaba el voto de uno de los jueces). El voto de la jueza a favor de la condena se suma al de los jueces Alexander de Moraes y Flávio Dino. El único voto en contra (hasta el momento) fue el del juez Luiz Fux.
El viernes 12, el STF dará a conocer la sentencia completa que podría llegar a 43 años de cárcel para el líder de la ultraderecha brasileña y el resto de los acusados.
El exmandatario fue procesado junto al general retirado Walter Braga Netto, exjefe de gabinete y compañero de fórmula de Bolsonaro en las elecciones de 2022, el general Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa, el general retirado Augusto Heleno, exjefe de Seguridad Nacional; Anderson Torres, exministro de Justicia y Seguridad Pública y el general retirado Mario Fernandes, jefe de la Secretaría General de la Presidencia.
El camino del golpe
Según la investigación, luego que, 30 de octubre de 2022, Luiz Inácio “Lula” da Silva se impuso en la segunda vuelta electoral en Brasil con el 51% de los votos, contra el 49% obtenido por Jair Bolsonaro, el entonces mandatario y una serie de generales, funcionarios y personas de su círculo más cercano habría comenzado a conspirar para evitar que el líder del PT asumiera el cargo.
Según la denuncia, los golpistas habían denominado a la operación “Puñal verde-amarillo” (en relación con los colores de la bandera de Brasil). En dicha operación se habría planteado asesinar a Lula da Silva, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexander de Moraes, y luego imponer un gobierno militar.
La investigación de la Policía Federal de Brasil asegura que Jair Bolsonaro tuvo “pleno conocimiento” y “participación activa” en la organización del plan para evitar que el presidente electo Lula da Silva asumiera su cargo.
El 12 de noviembre de 2022 se habría discutido el plan en casa del general retirado Walter Braga Netto, en ese momento exjefe de gabinete de Bolsonaro y su candidato a vicepresidente en 2022.
La fiscalía presentó documentos, archivos digitales e intercambios de mensajes entre los acusados que darían cuenta de la organización del golpe.
La investigación de la Policía Federal sostiene que el general Mario Fernandes imprimió desde una impresora del Palacio del Planalto, un documento con detalles de cómo debería hacerse el golpe, la cantidad y el tipo de armamento que necesitaban y luego fue entregado personalmente a Bolsonaro.
Fernandes reconoció haber impreso ese documento, pero negó habérselo entregado a Bolsonaro o a cualquier otra persona.
Un punto clave es la declaración del exedecan de Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid, quien confesó haber participado en las reuniones para organizar el golpe y, luego de firmar un acuerdo de colaboración para reducir su pena, dio detalles de las reuniones, quiénes participaron y qué se discutió en ellas.
En ese marco, seguidores de Bolsonaro comenzaron a acampar frente a cuarteles militares para pedir una intervención y que evitaran que, el entonces presidente electo, Lula da Silva, asumiera el cargo.
Antes de que Lula fuera investido como presidente, Bolsonaro, quien nunca reconoció públicamente su derrota, pidió licencia para viajar al extranjero (Estados Unidos) y no participar de la asunción del líder del PT.
El 1 de enero de 2023, Lula da Silva asumió el gobierno. Una semana más tarde, el 8 de enero, miles de seguidores de Jair Bolsonaro tomaron por la fuerza el Palacio de Planalto (la Casa de Gobierno), el Congreso y la Corte Suprema (todos estos en la capital, Brasilia). Varios de los manifestantes estaban armados y llevaban carteles en los que pedían una intervención militar.
La protesta golpista del 8 de enero, que fue aplacada por las Fuerzas de Seguridad, tuvo un fuerte rechazo de la mayoría del arco político brasileño y de los líderes de los países de la región, de la Unión Europea y del gobierno norteamericano de Joe Biden.
Bolsonaro, quien se encuentra en detención domiciliaria por haber incumplido con las medidas cautelares, no asistió a las audiencias aduciendo problemas de salud.
La ultraderecha dentro y fuera de Brasil
Mientras legisladores bolsonaristas avanzan con un proyecto de amnistía para el exmandatario y el resto de los acusados, desde Estados Unidos se intenta presionar al gobierno de Lula da Silva y a los jueces del Supremo Tribunal Federal para evitar una condena.
El presidente norteamericano Donald Trump aseguró que Bolsonaro era víctima de una “casa de brujas” y anunció que aumentaría los aranceles a productos provenientes de Brasil. En la misma línea, el Departamento del Tesoro anunció que impondría sanciones al juez Alexander de Moraes en el marco de la Ley Global Magnitsky por graves violaciones a los derechos humanos y el Departamento de Estado anunció que prohibiría la entrada a Estados Unidos a los jueces del Supremo Tribunal Federal (con la excepción del juez Fux). A ello se suma que la vocera de la Casa Blanca llegó a amenazar con una acción militar al asegurar: “no tengo ninguna acción adicional que les pueda anticipar hoy, pero puedo decirles que esta es una prioridad para la administración y que el presidente no tiene miedo de usar el poderío económico y militar de los Estados Unidos para proteger la libertad de expresión en todo el mundo”
En respuesta a estas acciones y amenazas el presidente Lula da Silva, aseguró: “no somos ni volveremos a ser colonia de nadie. Somos capaces de gobernar y cuidar de nuestra tierra y de nuestra gente, sin la interferencia de ningún gobierno extranjero”, dijo Lula, enfatizando la necesidad de hablar de soberanía durante la fecha conmemorativa.
