El juicio que investiga a los autores materiales del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner llegó a los alegatos, instancia clave en la que la fiscal Gabriela Baigún pidió 19 años de prisión para quien disparó el arma, Fernando Sabag Montiel —en calidad de autor penalmente responsable— del intento de asesinato, y 14 años para Brenda Uliarte, por ser partícipe necesaria del hecho. En tanto, pidió la absolución de Marcelo Carrizo, al no haber pruebas para inculparlo. Asimismo, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) indicó que el ataque fue “perpetrado mediando violencia de género en su modalidad de violencia política”
Frente al Tribunal Oral Federal 6, compuesto por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari, Baigún realizó un repaso de los días previos al atentado, del momento e incluso de los instantes posteriores, ubicando a Sabag Montiel y a Uliarte en el lugar de los hechos y dando cuenta de cómo fue planificado por ambos.
En ese punto repasó conversaciones entre la pareja, previas al ataque, donde hablaban de “estudiar el panorama” infiltrándose entre los manifestantes que apoyaban a la entonces vicepresidenta, luego de la condena en la causa Vialidad. En los chats entre Uliarte y Sabag Montiel hablaban directamente de “pegarle un corchazo” y “hacerla mierda”, e incluso planificaban la posibilidad de alquilar en la zona para llevar adelante el atentado.
Ambos, según relataron desde el Ministerio Público Fiscal, manifestaron en reiteradas oportunidades «su odio» a la vicepresidenta. Uliarte, en tanto, fue partícipe de las marchas violentas de Revolución Federal, aunque tenía sus diferencias con el grupo de ultraderecha: «por hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo» y «no hacer nada». «Basta de hablar, hay que actuar», se desprende de algunos de los chats de la implicada.
La fiscal detalló que, sobre el dispositivo de Sabag Montiel —como denunció la querella en reiteradas oportunidades— “se perdió la mayor parte de la información, por lo que se desconoce gran parte de las conversaciones que tuvo los días previos al hecho”, debido a “irregularidades en la cadena de custodia” que derivaron en el reseteo de fábrica del celular.
Sobre el arma (adulterada, sin su número correspondiente, por lo tanto ilícita), repasó las diferentes pericias y, contrario a lo que intentó instalar la defensa de Sabag Montiel, sostuvo que “era apta para disparo” y que el implicado sabía manejarla, según se ve en videos que él mismo filmó meses antes del hecho. “La bala no salió por motivos ajenos a la voluntad del atacante”, sostuvo la fiscal. En ese punto recordó que los especialistas dieron cuenta de que tenía cinco municiones. “Sabag pudo no haber tirado de la corredera con la suficiente fuerza, o estar apurado, o tener la mano transpirada, y por eso puede ser que la bala no haya ingresado a la recámara”, indicó Baigún. También recordó que el imputado declaró durante el juicio que no volvió a dar “recarga al arma” porque fue interceptado. Lo que implica que, si no era detenido al instante, podría haber gatillado nuevamente.
«Los hechos imputados a Sabag Montiel encuadran en los delitos de homicidio agravado por alevosía, por haber sido perpetrado mediando violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa en calidad de autor penalmente responsable en concurso ideal con el delito de portación de un arma de guerra sin la debida autorización legal en carácter de autor penalmente responsable. Estos en concurso real con el delito de receptación de un arma a sabiendas de su procedencia ilegítima dado que su numeración había sido suprimida en calidad de autor penalmente responsable», sostuvo la fiscal.
En cuanto a Brenda Uliarte, se la imputa «en calidad de partícipe necesaria penalmente responsable» de la tentativa de homicidio. Para la fiscal, la imputada ha realizado un «aporte material-intelectual», con «una cooperación sin la cual el hecho no se habría podido perpetrar». Asimismo, es sindicada por «motivar» de diversas maneras al autor, incluso acompañarlo al lugar. Sobre la tenencia de arma, Uliarte terminó excluida.
Un hecho mediado por violencia de género
La fiscal de la UFEM, Mariela Labozzetta, sostuvo que el atentado se inscribe en una situación “generalizada de violencia política contra las mujeres”, expresada en el desprestigio, la descalificación, los discursos de odio y la violencia simbólica y mediática. “El atentado se produjo contra la primera mujer elegida democráticamente y que era vicepresidenta. Claramente hubo violencia política”, afirmó.
“La calidad de mujer de Cristina Kirchner habilitó el atentado, lo convalidó y lo legitimó a los ojos de los ejecutores”, agregó, al tiempo que advirtió que el objetivo fue “excluirla del escenario político y afectar todo lo que su figura representaba, incluyendo a la institución democrática”.
Finalmente, reclamó al tribunal “dar un mensaje claro del Estado” y evitar “garantizar la impunidad” frente a un hecho que excede lo individual.
Carrizo, afuera
Tal como solicitó la querella, la fiscal pidió la absolución de Marcelo Carrizo, sindicado en su oportunidad como «jefe de la banda de los copitos», por ser el dueño de las máquinas de fabricación de algodón de azúcar con las que Uliarte y Sabag Montiel se infiltraban en las marchas. El mismo está imputado por los mensajes encontrados en su propio teléfono, donde manifestaba en diferentes mensajes a sus allegados tener armas diferentes en su haber, entre ellas una muy similar a la del ataque, y haber sido uno de los que planificó el atentado contra la expresidenta.
Sin embargo, «no se detectó ni un mensaje previo de Carrizo» con Uliarte y Sabag Montiel «respecto a que estuviera implicado en el plan, fuera a realizar algún aporte o siquiera supiera de la existencia del plan», manifestó la fiscal. De hecho, Baigún recordó que Sabag Montiel, tras confesar el hecho que se le imputa, «desincriminó a Carrizo» y admitió que nunca le contó sus planes. «No se ha podido acreditar que Carrizo tuviera un arma de fuego», agregó.
«La versión de los dichos incriminatorios de Carrizo eran atribuibles a su ‘humor negro’, según decían sus amigos», dijo la fiscal. No se constató «que esos mensajes tuvieran algún asidero en la realidad», sostuvo, y manifestó que no existen pruebas al respecto. En ese punto, recordó que Carrizo se autodefinió como «un pelotudo» por los mensajes que envió.
En este marco, el abogado de Carrizo solicitó su excarcelación, detenido hoy como medida preventiva.
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