Por Héctor Bernardo
El fiscal federal Carlos Stornelli imputó al ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, bajo la sospecha de haber realizado maniobras con la intención de beneficiar a la empresa petrolera Shell de la que es accionista.
La denuncia contra Aranguren fue presentada por los diputados del Frente para la Victoria (FpV) Rodolfo Tailhade y Martín Doñate. En la mañana del viernes, el ministro aseguró que no pensaba renunciar.
El diputado Rodolfo Tailhade, en diálogo con diario Contexto, explicó: “La denuncia es por tres operaciones puntuales que se llevaron a cabo desde el Ministerio de Energía y que tenían como objetivo favorecer a la compañía Shell. Aranguren no sólo fue presidente de Shell Argentina durante doce años, sino que tiene acciones por más de 14 millones de pesos en esa petrolera”.
“Denunciamos tres operaciones. La primera, el tarifazo. En marzo, el ministro firmó una resolución autorizando el incremento del precio del gas, lo que favoreció a Shell, que es una de las principales proveedoras de gas del sistema argentino. El tarifazo en algunos casos llegó al 2.000%. Ayer se conoció la decisión del Gobierno que limita los aumentos al 400%. Si hoy se están revirtiendo esas decisiones, poniendo porcentajes de aumento menores a los que había autorizado, evidentemente es porque no tuvo ningún estudio previo ni evaluación seria sobre el costo que debía tener el gas. Con lo cual se evidencia que lo único que se buscaba era favorecer a Shell, lo que representaba un beneficio económico directo para el ministro. Al ser accionista, en la distribución de dividendos, Aranguren se va a beneficiar económicamente a partir del aumento de facturación de Shell. Aumentos debidos a su propia decisión”, aseguró el legislador.
Luego explicó: “La segunda operación que denunciamos fue que hubo ocho licitaciones para comprar gas licuado, que viene en barco, y de ellas siete las ganó Shell. Nosotros pedimos que se investigue si en esas licitaciones también hubo irregularidades y favorecimientos directos a la compañía de la que el ministro es accionista”.
“El tercer punto es la decisión estratégica del Estado Nacional, a través del Ministerio de Energía, de comprar gas a Chile y no continuar con la compra de gas a Bolivia. Sin ningún tipo de justificación se firmaron dos contratos, el primero con la Empresa Nacional de Petróleo de Chile (ENAP), cuyo principal proveedor de gas es, justamente, Shell, a través de una compañía subsidiaria que se llama BG. El segundo contrato se firmó con SOLGAS, que es una empresa del Grupo SUEZ, que también es socia de Shell en distintas explotaciones de hidrocarburos. Estos dos contratos tienen varias particularidades. Por un lado, el gas que se compra a Chile es 130% más caro que el que se le compraba a Bolivia. Por otro lado, son contrataciones directas, no hubo licitación. Otra irregularidad es que tiene cláusulas confidenciales. Y la cuarta irregularidad es que se pagó por adelantado el suministro de mayo a agosto”, remarcó Tailhade.
El diputado aseguró que “en todos los casos hubo una evidente intención de favorecer a Shell y, por lo tanto, de favorecerse personalmente. Por eso nosotros consideramos que Aranguren cometió el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Este es un delito penal que tiene penas de hasta seis años de prisión. En función de eso nos presentamos ante la Justicia, y como consecuencia de ello el fiscal Stornelli imputó al ministro Aranguren, al subsecretario de Refinación y Comercialización de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, Pablo Popik, y al secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda. Ahora hay que ver cómo se desarrolla la investigación”.
En cuanto a la incompatibilidad de las funciones de ministro por haber sido funcionario y ser accionista de una empresa que participa en el área que él tendría que regular, el diputado Tailhade señaló: “Una cosa es la incompatibilidad, que es manifiesta, porque la Ley de Ética Pública dice que deben pasar tres años desde que dejó de tener responsabilidades en una empresa privada que compite en un mercado regulado por el Estado para ocupar un cargo en el que tome decisiones que afecten a esa empresa. En el caso de Aranguren, esos tres años no trascurrieron, por lo que la incompatibilidad es manifiesta. El problema es que, además de ser incompatible, cometió delito, que son dos cosas distintas. En este caso se dan las dos situaciones. Tiene una incompatibilidad clara y cometió delitos. Por eso Aranguren no sólo tiene que renunciar: tiene que ir preso. Los delitos que cometió se dan en el marco de un tarifazo brutal que produjo un daño tremendo a la sociedad argentina y él no sólo generó ese daño, sino que se benefició de manera directa”.
