El aumento del 40% en la tarifa de agua impulsado por el gobierno tuvo su primera audiencia pública del año en La Plata, con un fuerte rechazo de casi la totalidad de quienes tomaron la palabra, a excepción de legisladores y funcionarios oficialistas. La empresa prestataria ABSA recibió duras críticas por la ineficiencia del servicio, en especial desde distritos como Ensenada, donde ciertos barrios no tienen agua potable desde hace tres meses; Pehuajó, que atraviesa un colapso en las redes cloacales; y Bahía Blanca, donde el desabastecimiento afecta tanto a vecinos como al propio polo industrial local.
La audiencia presidida por la principal autoridad de ABSA, el presidente Rafael Sardella, inició con una extensa presentación de proyectos y planes de obra en diversos puntos de la provincia y repasos por estadísticas y porcentajes de avance en el trabajo realizado por ABSA, para finalizar con la presentación de los cuadros tarifarios. En este punto, el panel de autoridades dio la palabra a los concurrentes.
Una de las primeras voces en pronunciarse fue la del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, quien desestimó de manera enfática el propósito de la audiencia, por considerar que «no es más que un mero formalismo para terminar de confirmar el aumento de la tarifa», donde «no se decide nada, ni nadie puede oponerse en profundidad».
Lorenzino expresó: «¿Por qué debería pagar la gente todo lo que debe hacer ABSA, en especial cuando las paritarias no coinciden con los aumentos de tarifas que impulsa el gobierno? Las actualizaciones agresivas de tarifas que ha hecho el gobierno no se deben hacer de esta manera, debemos construir una nueva manera de encarar una audiencia para discutir estas cosas. Estamos hablando del agua, algo esencial».
«¿Por qué debería pagar la gente todo lo que debe hacer ABSA, en especial cuando las paritarias no coinciden con los aumentos de tarifas que impulsa el Gobierno?», se preguntó Lorenzino.
Desbordes a causa de la falta de mantenimiento en redes cloacales, falta de suministros de agua en barrios enteros y el precario control de medidores, en muchos casos ilegibles, fueron algunos de los puntos que más se escucharon en el estrado de la audiencia, por donde pasaron decenas de personas, entre ellos vecinos, profesionales, funcionarios regionales y hasta legisladores de la provincia.
Tal fue el caso de Susana González, diputada del bloque de Unidad Ciudadana, quien se manifestó de manera enérgica por los conflictos con las plantas de tratamiento cloacal de Ringuelet, Ensenada y Berisso. «Las plantas no funcionan, los piletones de Ringuelet rebalsan de la cantidad de materia fecal y orina y van parar al arroyo El Gato, en conjunto con quince vuelcos clandestinos. Todo ese conjunto de contaminantes desemboca en el Río Santiago», dijo González a Contexto, minutos antes de replicar su ponencia en el estrado, donde acusó a ABSA de perpetrar un «enriquecimiento ilícito» al aumentar la tarifa por un servicio que no brinda.
En esta línea, quien también apuntó contra ABSA fue el compañero de bloque de González, Abelino Zurro, quien se pronunció en nombre de Pehuajó, tierra que representa, donde la falta de agua es un conflicto que recrudeció durante los últimos años. «Soy consciente del contexto histórico del problema del agua en nuestra ciudad, pero acá no se ha dicho que los pehuajenses subsidiaron a ABSA través del Municipio y la inversión del gobierno nacional durante los últimos ocho años. Hoy no tenemos agua ni planta de tratamientos. La empresa en la ciudad apenas tiene unos pocos empleados que hacen lo que pueden», expresó Zurro, quien se dirigió a Sardella y lo invitó a que «vaya a Pehuajó y corrobore cómo recibe menos de la mitad del agua que debe recibir». Según el legislador, a su ciudad deberían llegar seiscientos metros cúbicos de agua por hora, y reciben menos de trescientos.
La ponencia de Zurro entró en tensión cuando se dirigió al presidente de ABSA y le advirtió que «no se puede pensar una política de Estado con lógicas de empresa como lo hacen Macri y sus amigos», lo que provocó que el propio Sardella interrumpiera al legislador con virulencia para decirle «que no venga a hacer política a la audiencia».
«no se puede pensar una política de Estado con lógicas de empresa como lo hacen Macri y sus amigos», dijo Zurro.
Los reclamos por el servicio de agua esgrimidos desde la comunidad de Pehuajó -que incluyó críticas al tarifazo por parte de referentes políticos de esa ciudad tanto opositores como oficialistas- fueron replicados desde La Plata, donde vecinos y funcionarios se pronunciaron sobre el estado del agua en la ciudad, con fuertes demandas desde la zona de Gonnet y City Bell.
«Venimos reclamando desde 2009 por el deplorable servicio de la empresa. Se pretende aumentar la tarifa por un servicio que no se presta o se presta muy mal. ¿Este hecho no constituye una estafa por parte de ABSA y el Estado provincial?», expresó Adolfo Blanco, vecino de la zona de 26 y 501. Otro vecino platense, jubilado, afirmó que «desde hace ocho meses que está esperando recibir el beneficio de la tarifa social».
El descontento de la comunidad platense fue acompañado por las palabras de la referente política local y presidenta del bloque de diputados provinciales de Unidad Ciudadana, Florencia Saintout, quien tomó la palabra y expresó: «Cuando hablamos del agua estamos hablando de un derecho. No se quiere escuchar a los bonaerenses porque estamos frente a un derecho que no lo viene garantizando de ninguna manera el gobierno. Además, se les quiere cobrar a aquellos que ni siquiera tienen agua».
«No se quiere escuchar a los bonaerenses porque estamos frente a un derecho que no lo viene garantizando de ninguna manera el gobierno. Además, se les quiere cobrar a aquellos que ni siquiera tienen agua», dijo Florencia Saintout.
Saintout argumentó que «se está proponiendo a los usuarios que paguen el 40% más; a aquellos bonaerenses que también deben hacer frente a los aumentos del 180% en 2016, 60% en 2017 y 20% en enero de 2018 de electricidad; al aumento de un 900% del impuesto inmobiliario; al aumento del 1.297% del gas; al aumento del 105% en los medios de transporte, entre tantos otros».
En esta línea, representes de zonas como Saladillo y Bahía Blanca también se mostraron reticentes al aumento tarifario. Durante las aproximadas tres horas que llevó la audiencia, las únicas voces que dieron respaldo a la iniciativa fueron las de funcionarios afines al gobierno, como el legislador Juan Pablo Allan o el concejal macrista de Bahía Blanca Marcos Streitenberger.
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