Por Diego Gallardo
En medio del conflicto docente que la gobernadora Vidal estira en su resolución poniendo en peligro la continuidad del normal dictado de clases en toda la provincia, dentro de la DGCyE, la situación también es conflictiva y las autoridades, de manera irresponsable, parecen fogonearla.
La semana pasada Diego Makedonsky, referente de los trabajadxres de la DPIE (Dirección Provincial de Infraestructura Escolar) integrante de la Agrupación 25 de Septiembre de ATE fue amenazado por un asesor que le dijo que lo golpearía y luego lo haría despedir, por lo que radicó la denuncia penal correspondiente. Luego, Mateo Nicholson, director provincial de infraestructura escolar, inició un sumario administrativo contra tres referentes sindicales que son parte de la Agrupacion 25 de Septiembre, entre quienes se encontraba también Makedonsky. El jueves pasado, además, pretendieron prohibir el ingreso de representantes sindicales a una asamblea.
El viernes los trabajadxres del sector llevaron adelante una radio abierta en las puertas de la DPIE donde reclamaron el cese inmediato del hostigamiento a los referentes sindicales y la organización sindical, el rechazo de los controles biométricos con molinetes hasta tanto se garantice la seguridad del edificio, el pase a planta de los trabajadxres precarizados, el respeto a sus tareas y la carrera administrativa.
La DPIE a cargo de Mateo Nicholson viene siendo observada por la comunidad educativa que le reclama por innumerables escuelas que están más que deterioradas o directamente no están, situaciones que van desde baños o aulas rotas sin techo a escuelas incendiadas que aún esperan su inicio de obra.
«Desde hace tiempo atrás se viene viviendo un clima hostil hacia los trabajadxres -explicó Makedonsky- enmarcado en una política de persecución sindical que tiene por objeto el amedrentamiento ante la acumulación de situaciones en las que el gobierno avanza sobre nuestros derechos y salarios y frente a las cuales lxs trabajadorxs nos organizamos».
En el mismo sentido, el referente de ATE detalló: «el retroceso que nos quieren imponer es histórico. Hay demandas que hace muchos años que venimos arrastrando como el blanqueo de las sumas en negro que forman parte de nuestro salario, de entre un 30 y un 40%, la vigencia de la carrera administrativa y la precarización de lxs trabajadorxs contratadxs».
Desde el cierre de la UEP se dejaron en la calle a mas de 80 trabajadorxs, por quienes aún reclaman su reincorporación. La implementación de los dispositivos de control biométrico violan una serie de derechos que profundizan aún más la situación, entre ellas todo lo que hace a la seguridad del edificio ante una situación de emergencia. Asimismo, ninguna autoridad hasta ahora ha dado una respuesta seria y fehaciente en cuanto al blanqueo mencionado y a la continuidad laboral de los contratados.
La llegada de Cambiemos al gobierno lejos de representar un factor de mejora fue más bien todo lo contrario. «Directamente estamos viendo definiciones, que mas allá de las pujas sectoriales por la redistribución del ingreso, con paritarias libres ahora se pretenden arrasar derechos y eliminar a los trabajadorxs como sujetos políticos», cerró Makedonsky.
