De la misma manera que el Ministerio de Modernización de la Nación puso en alerta a sus trabajadores tras las diversas olas de despidos en los últimos años (incluyendo el reciente “plan de retiros voluntarios” del cual el propio ministro Andrés Ibarra espera el acatamiento de entre 6 mil y 7 mil personas), la alerta llega ahora al área a nivel provincial, donde un centenar de trabajadores cumplen funciones bajo contratos tercerizados desde hace un año y medio, con demoras en el pago de hasta tres meses y sin nadie a quien recurrir.
Cabe destacar que la actual Dirección de Modernización Administrativa es uno de los organismos restantes tras la disolución del Ministerio de Coordinación Modernización de la provincia de Buenos Aires, entonces conducido por Roberto Gigante, hoy al mando del área de Infraestructura de Servicios Públicos bonaerense. En la actualidad, la Dirección –dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros– está al mando de Mariano Revello, quien tiene a cargo el área de Gestión Documental Electrónica de Buenos Aires (GDEBA).
Allí, casi cien empleados de entre veinticinco y veintisiete años, muchos de ellos universitarios en formación, cumplen funciones en jornadas de ocho horas de lunes a viernes, sin ningún tipo de estabilidad o reconocimiento institucional, bajo contratos de renovación periódica que generan baches por demoras en los pagos debido a las irregularidades administrativas. La mayoría de los trabajadores continúan sus actividades con sueldos sin cobrar desde hace meses. La respuesta de las autoridades: “El que no se siente a gusto, puede retirarse cuando quiera”.
El silencio ante estos paupérrimos condicionamientos se ve impuesto ante la falta de representación gremial dentro del organismo que, como en gran parte de los sectores gestionados por el oficialismo, apuesta al discurso del “diálogo para resolver problemas”.
La tendencia en la que hoy funciona la Dirección se agudizó hacia junio del año pasado, cuando unos veinte empleados que trabajaban en modalidad de planta temporaria (que constituía relación de dependencia) desde inicios del organismo fueron obligados a renunciar para ser “recontratados” en negro. A partir de allí, la modalidad contractual bajo monotributo como “locación de servicio” fue total, factor que generó serias diferencias e irregularidades en los modos de pago, trabajo y control de jornadas extras. En algunos casos, persiste la sospecha de contratos a trabajadores “fantasmas” que cobrarían hasta 30 mil pesos.
Los sueldos son pagados desde Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires y no existe, a la fecha, un fecha fija estipulada para los cobros: los trabajadores pueden recibir la paga tanto el 5 del mes como el 27 o 28.
La Dirección de Modernización Administrativa es uno de los tantos organismos del Estado creados a partir de la llegada del macrismo al gobierno con la finalidad de “digitalizar y automatizar” la atención al ciudadano en trámites.
Cabe destacar que el Ministerio de Modernización a nivel nación ha sido señalado por los principales gremios estatales como el principal foco de despidos y atropello a derechos laborales. Según balances del CEPA, en diciembre del año pasado hubo 654 cesantías en organismos descentralizados de la cartera de Andrés Ibarra, entre los que destacan Fabricaciones Militares (329), Televisión Abierta Digital (160), Enacom (108) y ANSES (30). A estos se suman otros 130 del propio Ministerio. El CEPA definió que los despidos “estuvieron motorizados por el Poder Ejecutivo Nacional, junto con organismos descentralizados de la Administración y la provincia de Buenos Aires».
