Por Fernando M. López
Tras la renuncia de María del Carmen Falbo, la gobernadora María Eugenia Vidal candidateó a uno de sus funcionarios del Opus Dei para ocupar el cargo vacante al frente de la Procuraduría General de la Suprema Corte de Justicia. Se trata de Julio Conte Grand, actual secretario Legal y Técnico bonaerense.
El Ejecutivo provincial envió su pliego al Senado el 18 de noviembre y aspira a que sea tratado antes de fin de año. Previamente, los antecedentes curriculares y la situación patrimonial del candidato deberán ser sometidos a audiencia pública. El presidente de la Cámara, Daniel Salvador, ya se encargó de apurar el trámite y la convocó a través de una solicitada para el 20 de diciembre a las 10 horas en el Palacio Legislativo.
Sin embargo, el Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) inició ayer una “acción declarativa de certeza” para establecer si para ser Procurador “es necesario acreditar dos años de residencia inmediata en la provincia de Buenos Aires”, como establece el artículo 181 de la Constitución para ingresar al Poder Judicial. La causa quedó en manos de la jueza en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, María Ventura Martínez.
De acuerdo al padrón electoral, Conte Grand mantiene su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se desempeñó como Procurador General desde el 30 de marzo de 2012 hasta el 9 de diciembre de 2015, durante la gestión porteña de Mauricio Macri.
“Realmente nos llama la atención que el Ejecutivo provincial pase por alto la letra de la Constitución, por eso hemos iniciado esta acción judicial, con el objetivo de que se despejen todas las dudas antes de que el pliego sea tratado por el Senado”, explicó a este diario Mariano Lovelli, uno de los integrantes del CEPIS.
El abogado consideró que, llegado el caso, Vidal podría insistir con la designación, pero si la Justicia indica que Conte Grand no cumple con el requisito de residencia “entraría en conflicto con todo tipo de actos que pueda emitir si efectivamente asumiera la función” de procurador bonaerense.
Según pudo saber Contexto, la candidatura tampoco cayó bien en el bloque del Frente para la Victoria (FpV), cuyos legisladores analizaban por estas horas una posición común para salir a pronunciarse públicamente.
Conte Grand fue el funcionario que estuvo detrás del veto de Vidal al “Protocolo Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, al que había adherido en octubre la ministra de Salud de la provincia, Zulma Ortiz. Sus posiciones en contra del aborto no punible vienen de larga data y las expresa a sus anchas desde dos usinas del pensamiento conservador: la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Universidad Austral, vinculada al Opus Dei.
Pero además es un rancio opositor a los derechos conquistados por la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales). En un texto titulado “La transformación del orden público”, Conte Grand llamaba a “reflexionar acerca de los riesgos de la transformación, sin norte visible, de la institución del matrimonio y, por ende, de la familia, núcleo impostergable de la sociedad”, en alusión al Matrimonio Igualitario, al que consideró “una desmesura atentatoria de los principios del orden público de la sociedad argentina”.
Ese escrito le valió la impugnación de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) cuando fue propuesto para convertirse en procurador porteño, ya que sus posiciones “discriminatorias” eran “incompatibles” con la propia Constitución de la Ciudad.
Conte Grand trabajó para la Administración del ex intendente porteño Carlos Grosso (1989-1992), fue también por esos años profesor de la Escuela Superior de Guerra y asesoró a los ex ministros menemistas de Educación, Antonio Salonia, y de Interior, Carlos Corach.
Actualmente, según su propia declaración jurada, tiene una fortuna de 25.761.766 pesos y 333.320 dólares –la mayor parte en un banco del exterior–, un departamento en Capital valuado en $1.309.974, una casa en Pilar de $774.424 y un auto de $240.000. Lo más extraño es una parcela rural de cinco hectáreas que posee en el departamento uruguayo de Maldonado, declarada por un valor de 21.834 pesos argentinos, cuando el precio de la hectárea en ese mercado ronda los 20.000 dólares.
