A sólo dos semanas de que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo llegue al recinto de la Cámara Alta, su destino sigue siendo incierto. Mientras los números dan una leve ventaja al rechazo del proyecto que obtuvo media sanción en Diputados, un sector de los indecisos podría torcer la balanza a favor de la iniciativa. Sin embargo, senadores y senadoras a favor podrían aceptar modificaciones al proyecto original con el fin de sumar adeptos.
Según un relevamiento colaborativo de Economía Feminista, hoy son treinta los senadores que votarían en contra, mientras que veintisiete lo harían a favor. Los catorce indecisos que restan son los que buscan seducir de uno y otro lado. Mientras el sector antiderechos busca de la mano de Iglesia generar presiones, desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito buscan demostrar que la despenalización social ya se logró en todo el país, bajo una fuerte campaña federal. La gran apuesta es sin duda la movilización prevista para el 8 de agosto, que promete duplicar el millón de personas que durante veintitrés horas se mantuvieron en el Congreso para que saliera la media sanción en Diputados.
Como ya adelantó Contexto, los senadores cordobeses proponen una alternativa al proyecto original que suma adhesiones entre los indecisos. Si bien se muestran a favor de la legalización, Laura Rodríguez Machado (PRO), Ernesto Martínez (UCR) y Carlos Caserio (PJ) proponen un “término medio”. En este marco, plantean un proyecto donde se cambie el limite de tiempo de la interrupción del embarazo de catorce semanas de gestación previstas en el proyecto de la Campaña a doce, al tiempo que plantean la posibilidad de objeción de conciencia institucional, elimina las penas para médicos que se opongan a practicar abortos y proponen la producción pública de misoprostol. De prosperar esta alternativa, debería ser ratificada en la Cámara Baja.
En este marco, el presidente del bloque PRO en el Senado, Humberto Schiavoni, a favor del proyecto, manifestó en declaraciones a la prensa que están evaluando cambios para “salvar” la ley. Esto es: si a la hora de encaminarse a emitir dictamen, el 1º de agosto, no dan los números para el “Plan A” (el proyecto con media sanción), podrían admitir modificaciones. Misma postura tomaría el sector a favor encabezado por el pejotista Miguel Angel Pichetto.
“En principio, conceptualmente no habría inconvenientes en avanzar en estas reformas, pero hay que ver cómo están los números: si el proyecto original, que sería el plan A, no consigue los votos necesarios para la aprobación, existen muchos senadores proclives a aceptar esta suerte de plan B y que el proyecto vuelva a Diputados”, explicó Schiavoni.
Por otro lado medios oficialistas plantean que una parte del sector antiderechos, al manejar el quórum de la Comisión de Justicia, podría trabar cualquier emisión del dictamen. En este marco, desde la Campaña salieron a repudiar estas maniobras. “Ante versiones especulativas y publicaciones mediáticas que ponen en duda el tratamiento en el Senado de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito vuelve a exigir la garantía de una Ley el próximo 8 de agosto, sin retrocesos ni dilaciones”, sostuvieron en un comunicado.
Desde la Campaña plantearon su rechazo a “cualquier modificación que podría significar retroceder en relación a los derechos garantizados en el articulado de la media sanción”, al tiempo que plantearon “la necesidad de una resolución urgente a este debate porque es nuestra vida, el acceso a la salud y el reconocimiento de la libertad lo que está en juego”.
