Mientras desde el movimiento de mujeres de la mano de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito se exigió que no se dilate el tratamiento en Senadores, la presidenta de la Cámara Alta arbitrariamente tomó la decisión de que el proyecto sea girado a cuatro comisiones antes de llegar al recinto: Salud (cabecera), Justicia y Asuntos Penales, Asuntos Constitucionales y Presupuesto.
La decisión de la vicepresidenta no resulta casual, si se tiene en cuenta su rotundo rechazo al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, siendo una de las impulsoras de la foto del “pañuelazo” celeste de los funcionarios de Cambiemos, vistiendo el color que eligieron los sectores antiderechos. En la Cámara, junto con los senadores Federico Pinedo, Esteban Bullrich y Silvia Elías de Pérez, es una de las principales detractoras del proyecto de la Campaña.
La comisión cabecera será Salud, encabezada por la oficialista María Fiad (Jujuy), parte del sector de los “indecisos”, y Justicia y Asuntos penales es presidida por el justicialista Pedro Guastavino (Entre Ríos), quien se manifestó a favor. Sin embargo, las dos más cuestionadas (que no formaron parte de la discusión en diputados) están presididas por hombres que se han pronunciado fuertemente en contra: Asuntos Constitucionales está comandada por el peronista Dalmacio Mera (Catamarca), mientras que Presupuesto es conducida nada más ni nada menos que por Esteban Bullrich (Buenos Aires). Según un relevamiento de Economía Feminista, más allá de que los números en el recinto darían a favor del proyecto, en comisiones el saldo es más negativo.
Desde el Frente para la Victoria-PJ, bloque que en su conjunto votará a favor del proyecto, tomaron nota sobre las intenciones de Michetti, a quien le enviaron una carta pidiendo la impugnación de esta decisión. “Teniendo en cuenta las declaraciones de los Senadores y Senadoras integrantes de las comisiones a las que fuera girado el expediente, no es posible descartar que pretenda en suma obstaculizar la firma de un dictamen de consenso para que el tema sea tratado en definitiva en el recinto y se transforme en ley”, sostuvieron los legisladores.
Desde la Campaña señalaron que esto constituye “una maniobra dilatoria y excesiva” y muestra “su firme oposición personal”. “Cada día que pasa el Estado argentino sigue condenando a las mujeres a ser penalizadas y a llegar a la práctica del aborto de manera clandestina poniendo en riesgo su vida y su salud”, agregaron.
Por su parte, las diputadas nacionales impulsoras del proyecto en la Cámara Baja salieron también al cruce ante la estrategia de Michetti. Mayra Mendoza, de Unidad Ciudadana, escribió en su Twitter: “Sepan todas, todos, todes los miles que se movilizaron para alcanzar el Derecho al aborto legal que @gabimichetti obstaculiza su tratamiento y gira a comisiones que entorpecen el camino para que sea ley”. La legisladora peronista también echó luz sobre las comisiones: “como se trata de una despenalización, debería ser Penal la cabecera de la reunión plenaria, luego Salud, Mujer y Asuntos Constitucionales. En serio creen que pueden subestimarnos?”.
“Vamos a hacer que el aborto sea ley aunque @gabimichetti intente dilatarlo. Va a llegar el día en que la política deje de tener miedo a la libertad de las mujeres”, escribió en tanto la legisladora Lucila De Ponti.
“Repudiamos esto porque vemos una maniobra dilatoria de alguien que tiene tomado partido para obstaculizar el debate”, sostuvo en tanto Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA e integrante de la Campaña.
“Despenalización más moderna”
Las intenciones de Michetti y compañía irían más allá de una dilatación. La propuesta que pregonan sería una “despenalización más moderna”, con serias modificaciones al proyecto original, lo que podría hacer volver la iniciativa a Diputados.
En pos de esta modernidad, se eliminaría el Artículo 2 que es precisamente el que se refiere a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, dejando sólo el 3 sobre políticas de salud sexual y reproductiva y Educación Sexual Integral. A esto buscan sumarle una reducción de penas a las mujeres y personas gestantes que se practiquen un aborto y al “profesional” que lleve adelante la práctica. En esta lógica, la vicepresidenta no sólo busca dilatar, sino retrotraer el proyecto, modificándolo seriamente.
