El Gobierno nacional introdujo cambios en la ley «Bases» que se discute en el Congreso, entre los cuales figura mantener la actual fórmula de ajuste de los haberes hasta marzo, y a partir de abril comenzarían a regir aumentos mensuales de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Indec.
Las modificaciones a la ley fueron realizadas en medio de las negociaciones con la oposición dialoguista, que había puesto reparos en la intención de que los aumentos lleguen por decreto presidencial. Sin embargo, los cambios no implican un beneficio para los jubilados y pensionados, ya que la paridad con la inflación llegará con un rezago que se produce entre la actual fórmula y la que entrará en vigencia en abril en un marco de abrupta aceleración inflacionaria.
Un dato no menor es que, a pesar de haber cambiado el capítulo de jubilaciones en el texto original de la ley, la declaración de la emergencia en materia previsional se mantiene en el primer capítulo de la norma, lo que significa que el Gobierno podría deshacer o cambiar sobre la marcha sin pasar por el Congreso. “Tira por tierra todo lo que supuestamente acordaron los opositores ‘dialoguistas’, porque faculta al Ejecutivo a hacer y deshacer lo que se le venga en gana, con la movilidad jubilatoria, con el FGS, y con lo que se le plazca, respecto de la materia previsional, en tanto y en cuanto la emergencia significa la delegación de facultades legislativas”, explicó el abogado especialista en seguridad social, Facundo Fernández Pastor.
Según el documento que mostró el Gobierno el lunes con cambios en la ley ómnibus ,“el gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que le corresponde a los jubilados en marzo respetando la fórmula actual”, mientras que a partir de abril “comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación del Indec disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes”. Según la Administración de Javier Milei, esto “les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”.
Sin embargo, el panorama se dificulta si se tiene en cuenta el rezago que se produce entre el último mes de liquidación bajo la fórmula actual y la que pondrá en funcionamiento en abril el Gobierno. El actual esquema de ajuste de haberes -que combina la variación salarial con el avance de los precios- se hace de forma trimestral, por lo que en marzo los jubilados y pensionados recibirían un aumento calculado en base al trimestre octubre, noviembre y diciembre. De esta manera, con el abrupto salto inflacionario de diciembre y enero, que promete seguir durante febrero y marzo, el poder adquisitivo ya tuvo un primer golpe.
Según el economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, la fórmula propuesta por Milei contempla en este punto un problema adicional a la pérdida del poder adquisitivo actual que se producirá con el cambio de régimen, ya que “el punto de empalme no incluye la inflación de enero y febrero en ningún cálculo (dos datos elevados dada la devaluación de diciembre). Y eso significa una brutal caída de los ingresos reales”.
En abril, según el texto de la norma, la indexación de las jubilaciones a la inflación comenzaría tomando el “último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes”. En el mejor de los casos, debido a que las liquidaciones se realizan con un mes de anterioridad, la aplicación podría comenzar a operar con el dato inflacionario de febrero sin contabilizar la inflación de enero.
