Por Fernando M. López
La puesta en escena del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, y el ministro de Comunicaciones, Oscar “El Milico” Aguad, tratando de despegar al presidente Mauricio Macri de la condonación de la multimillonaria deuda que mantiene la empresa de su familia con el Estado nacional por el Correo Argentino no convenció ni a propios ni a extraños, y el escándalo va tomando la forma de una bola de nieve difícil de parar.
El nuevo “buzón” que quisieron vender Peña y Aguad fue tan burdo que hasta el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Oscar Lamberto, se vio obligado a aclarar públicamente que no es empleado de la Jefatura de Gabinete.
Peña dijo durante la conferencia de prensa que brindó este martes que “no existe un conflicto de intereses” en el acuerdo Macri-Macri firmado en el Ministerio de Comunicaciones, y que para “evitar cualquier duda” solicitaría “un veredicto técnico” a la AGN. “Lo que pretenden es inconstitucional”, respondió Lamberto, y subrayó que sólo podría actuar a pedido del Congreso.
Horas después se conocía la decisión del fiscal federal Juan Pedro Zoni de imputar a Macri, Aguad y a su director de Asuntos Jurídicos, Juan Carlos Mocoroa, a partir de las denuncias presentadas por los dirigentes de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti, y el abogado Daniel Igolnikov, por diversos delitos, entre ellos defraudación contra la Administración pública, cohecho, abuso de autoridad, tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público.
De esta forma, el fiscal abrió la investigación penal y solicitó al juez a cargo de la causa, Ariel Lijo, distintas medidas de prueba, ya que “se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”.
“Los delitos son tan evidentes que no se requiere una cantidad impresionantes de pruebas. Es sencillo: la empresa de Macri es beneficiada por el Gobierno de Macri por una suma superior a los 70.000 millones de pesos que paga el Estado nacional. Es decir, Macri se beneficia a sí mismo en perjuicio del Estado. Sin lugar a dudas, estamos ante un grave hecho de corrupción”, explicó a Contexto el abogado Sergio Zurano, patrocinante de Sabbatella y Cerruti.
En este marco, el letrado consideró que Lijo no tiene mucho margen para eludir la investigación, que “el ministro Aguad no puede durar un minuto más en su cargo” y que “el presidente debería ser sometido a juicio político”.
Los fundamentos del fiscal
Al imputar a Macri y sus funcionarios, Zoni destacó los dictámenes de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien solicitó el rechazo del acuerdo por “abusivo”, “irrazonabale” y “ruinoso” para los intereses nacionales.
El arreglo entre el Gobierno nacional y el Grupo Macri implica una quita del 98,2% de la deuda y el resto a pagar en quince cuotas anuales (hasta 2033) con un interés del 7%. Según el cálculo que realizó Boquín, la condonación en favor de la familia presidencial representa un perjuicio para el Estado de más de 4.277 millones de pesos en la actualidad y de unos 70.163 millones a 2033.
“Corresponde investigar el cambio de estrategia de la defensa del Estado nacional en el marco del trámite del Concurso Preventivo, mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal, la cual a su vez se materializó a través de la intervención de un funcionario que carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio”, sostuvo Zoni.
El funcionario al que apunta el fiscal es Mocoroa, quien firmó el acuerdo cuando no tenía un nombramiento formal para hacerlo: “Sumado a ello, resulta pertinente destacar que Mocoroa desarrolló sus funciones a través de un cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario –de forma directa o indirecta– de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquel”, agregó.
Crece la imagen negativa de Macri
No sólo fiscales y denunciantes están convencidos de que existe una comisión de delitos en la quita de la deuda que Socma (Sociedad Macri) acumuló entre 1997 y 2003, hasta que el ex presidente Néstor Kirchner le retiró la concesión del Correo Argentino.
Según una encuesta de la consultora Analogías, el 62,4% de los argentinos observa el acuerdo entre Macri y su empresa familiar como un claro “acto de corrupción”.
El sondeo también reflejó que un 63,5% afirma conocer el escándalo, a pesar del blindaje mediático del que goza el presidente por parte de medios hegemónicos como Clarín y La Nación.
Por último, alrededor del 65% opina que la medida de Macri a favor de su propio grupo familiar influye en la caída de su popularidad. En la actualidad, el mandatario suma 54 puntos porcentuales de imagen negativa.
