Mientras María Eugenia Vidal no cierra paritarias con la gran mayoría de los trabajadores bonaerenses en medio de una inflación que no cesa, su administración pone el foco en el control de presentismo de los empleados públicos, con la instalación de aparatos para registrar los ingresos y egresos. Incluso en algunas dependencias como ARBA, estas lógicas pusieron en jaque derechos laborales de trabajadores.
En el caso de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), sus trabajadores se mantienen en “estado de alerta, asamblea y sesión permanente” en rechazo a la resolución de las autoridades del órgano por la que descuentan un plus histórico a quienes se tomen licencia, incluso por maternidad y duelo.
El titular de ARBA, Gastón Fossati, había emitido una resolución que encontró una fuerte resistencia de los gremios (AERI y UPCN). Allí establecía un recorte del plus “incentivo” en caso de faltas y sin considerar justificaciones. Esto generó protestas dentro de las oficinas de ARBA, por negar la licencia por maternidad, adopción, accidentes de trabajo y cuidado de hijos, derechos laborales elementales.
Incluso, Fossati pretendía descontar este premio por productividad de manera retroactiva para quienes se hayan tomado licencias el año pasado, pero tras los reclamos gremiales sólo en ese punto se vio obligado a dar marcha atrás. Ese plus se paga en tres cuotas (mayo y septiembre de 2017, y enero de 2018).
Pizarro: «En vez de hablar de equidad salarial y de pase a planta, nos tiran el tema de los molinetes y la discusión del control de la presencia”.
En una estrategia en conjunto, los gremios AERI y UPCN habían presentado un recurso administrativo que aún no tuvo respuesta, y más recientemente entregaron una nota al Ministerio de Trabajo de Marcelo Villegas, después de que Fossati se muestre “intransigente” a cambiar de postura. “No hubo posibilidad de diálogo con él”, dijo a Contexto Jorge Baldovino, secretario general de AERI.
“Estamos en contra de esta reglamentación, que es absolutamente retrógrada y no comprende supuestos como licencia por maternidad, adopción, donación de sangre, duelo, que deberían estar totalmente exentos de cualquier posibilidad de descuentos”, señaló el gremialista
Baldovino remarcó que, si el Ministerio de Trabajo confirma los atropellos que consigna la resolución, “evaluaremos qué medidas tomar para continuar el reclamo”.
Otros casos
Además de ARBA, en otros sectores del Estado provincial la gestión de Provincia instala aparatos biométricos y molinetes en los accesos para el control de presentismo de la Administración pública, que en algunos casos comenzarán a funcionar en el mes de junio de este año.
pizarro: «quieren cargar el ajuste en la espalda de los trabajadores, sobre todo para ahorrar plata a costa de la flexibilización laboral”.
El Ministerio de Economía y el de Infraestructura son algunos ejemplos de próxima puesta en marcha de estos mecanismos que despertaron críticas de los gremios.
Adriana Pizarro, secretaria general de la Asociación de Empleados del Ministerio de Obras Públicas (AEMOPBA), dijo a Contexto: “Tenemos a la mayoría de los trabajadores de Obras Públicas ganando tres cuartas partes de la canasta familiar y en vez de hablar de equidad salarial y de pase a planta, nos tiran el tema de los molinetes y la discusión del control de la presencia”.
“Como viene haciendo esta gestión desde el inicio –siguió Pizarro–, todo el tiempo corren el eje de las cosas importantes que hay que hacer, y quieren cargar el ajuste en la espalda de los trabajadores, sobre todo para ahorrar plata a costa de la flexibilización laboral”.
Pizarro también cuestionó el modo y el pretexto con los cuales las autoridades del Ministerio de Infraestructura justificaron los controles: “No hubo un proyecto en el cual interviniera la Dirección Provincial de Arquitectura para la colocación del control de acceso del Ministerio de Infraestructura. Por la forma en que se armó el corralito en el hall de la planta baja, lo que hacen es entorpecer el funcionamiento de la gente que está en el edificio”.
Pizarro afirmó que desde el Ministerio argumentan que la ubicación de los controles es por cuestiones de “seguridad”. “Hablan de robos de computadoras, de no saber quién entra, pero a los funcionarios hay que decirles que el dinero se pierde cuando hay falta de controles en obra pública, cuando los proyectos no se hacen en el seno de las áreas del Ministerio sino en otras entidades, tercerizando el trabajo”, completó.
