La Corte Suprema falló a favor de la extranjerización de la tierra. Ovación empresarial para el fiscal que promovió la condena y proscripción de Cristina, mientras en Bolivia meten preso al fiscal que investigaba a Cerimedo. Milei expulsa “terroristas” y su gobierno ofrece a oligarcas extranjeros “comprar la ciudadanía argentina”.
Por Miguel Croceri (*)
Las mayorías sociales de Argentina sufren/sufrimos el continuo embate de altísimos/as funcionarios/as de los tres poderes del Estado nacional y de estados provinciales y/o municipales, que debieran desempeñar sus cargos para trabajar por el bien común de la población y los intereses generales del país pero, en cambio, se dedican a beneficiar a grandes corporaciones empresariales locales y del exterior, y asimismo a poderes extranjeros.
Aparte del gobierno de Javier Milei, el régimen político y corporativo que controla el país se sustenta en poderes de facto -de hecho, “de prepo”, sin ser votados por nadie y carentes de legitimación ciudadana- que ejercen su dominación aprovechando el lugar y el rol que ocupan en el funcionamiento general de la sociedad. Esas estructuras se encuentran tanto dentro del Estado como en el sector privado.
A nivel estatal, la actual composición de la Corte Suprema de Justicia se supera a sí misma en su carrera enloquecida por ejercer impunemente su capacidad de daño. Su última embestida consistió en legalizar la derogación de la ley de Tierras que Milei perpetró de forma inconstitucional apenas asumió el gobierno, a través de un artículo del “DNU 70” (el “decreto de necesidad y urgencia” Nº 70/2023).
Dicho artículo (Nº 154 del citado decreto) había sido suspendido en marzo de 2024 por resolución de la Cámara Federal de La Plata, que hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes en Islas Malvinas (Cecim) de esa ciudad.
Pero el pasado miércoles (30/09), la Corte Suprema rechazó que la soberanía territorial constituya un bien colectivo que puede ser defendido por un particular o por una organización, y de ese modo argumentó que el centro de ex soldados no tenía “legitimidad” jurídica para presentar el amparo.
Así, el más poderoso tribunal del país convalidó el decretazo mileísta y derogó de facto la ley Nº 26.737, sancionada por el Congreso en 2011 para poner límites a la extranjerización del territorio nacional. (Crónica y comentario del periodista Nahuel Lag publicado por la agencia contra-hegemónica de noticias Tierra Viva. Nota del 01/10/26).
En defensa de la ley de Tierras
Frente a la decisión del máximo órgano de la judicatura, legisladores/as de la oposición promueven una sesión de la Cámara de Diputados para el 15 de este mes a fin de rechazar el “DNU 70”, que en su momento recibió el voto en contra del Senado pero nunca llegó a ser tratado en la Cámara baja. La ley vigente exige que para dejar sin efecto un “decreto de necesidad y urgencia”, tiene que ser rechazado por las dos ramas del Parlamento.
(Puede verse un artículo publicado por el sitio web de Canal 26, de Buenos Aires, donde se analiza qué puede pasar si Diputados rechaza el decreto. El texto periodístico también detalla cuáles fueron las leyes derogadas mediante ese “DNU”, tras lo cual se produjo un aumento de los alquileres, suba de precios de las mercaderías en góndola, costo de la medicina prepaga, encarecimiento de los servicios de internet para los usuarios, etcétera, y además la habilitación para que el gobierno privatice empresas públicas, entre otras consecuencias que desde diciembre del ‘23 provocaron un drástico cambio económico en el país. Nota del 02/10/26).
Por otro lado, como forma de repudiar el fallo de la Corte Suprema que derogó la ley de Tierras, este martes (06/10) se realizará una marcha en la plaza de Tribunales de la ciudad de Buenos Aires, convocada por el Centro de Ex Combatientes de La Plata y por otras organizaciones populares. (Información del portal platense de noticias “0221”, nota del 02/10/26).
Rotundo apoyo empresarial al fiscal Diego Luciani
La semana pasada, la arbitrariedad de la fracción dominante del Poder Judicial recibió nuevamente el rotundo apoyo de ejecutivos de grandes empresas. Ocurrió en una nueva edición de las deliberaciones llamadas “Coloquio de IDEA”, que tuvieron lugar en Mar del Plata.
(“IDEA” es la sigla del Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina, una entidad representativa de grandes firmas capitalistas. En su sitio oficial de internet puede conocerse información relevante sobre sus objetivos, actividades, integrantes, etcétera, por ejemplo la composición de su directorio).
En uno de los paneles del “Coloquio” fue expositor el fiscal Diego Luciani, protagonista principal del juicio mediante el cual fue condenada y proscripta Cristina Kirchner.
En las audiencias orales y públicas del juicio, en 2022, el funcionario judicial realizó su “alegato” desde un lugar remoto y frente a una pantalla, mientras miraba continuamente hacia el costado, a pesar de que las normas procesales prohíben que la exposición sea leída. La perorata fue trasmitida en directo durante sus distintas jornadas por los canales televisivos de las principales cadenas mediáticas porteñas, que influyen en la opinión pública de todo el país. Días después tuvo lugar el alegato de los abogados defensores de la ex presidenta, pero en esa ocasión los mismos canales no trasmitieron nada y de ese modo ocultaron a sus respectivos públicos el contenido de las exposiciones.
El pasado jueves (01/10), al participar de las deliberaciones empresariales, Luciani realizó un auto-elogio de su papel en el juicio contra Cristina y fue ovacionado por la concurrencia. (El diario Clarín, es decir el medio insignia del conglomerado comunicacional que desde el conflicto ruralista de 2008 hasta hoy se ha dedicado al hostigamiento político contra el kirchnerismo y otros sectores peronistas, y en general contra los gobiernos y liderazgos populares de América Latina, publicó una crónica de lo que dijo Luciani y de la “ovación” de los presentes. Nota del 01/10/26).
EEUU resuelve quién debe ser fiscal en Bolivia
Mientras en Argentina la fracción dominante del Poder Judicial despliega sus estrategias favorables a intereses empresariales, en Bolivia se produjo un hecho extraordinariamente revelador del dominio directo de Estados Unidos sobre los poderes públicos en América Latina.
En el vecino país, donde semanas atrás fue detenido el experto propagandista de las extremas derechas latinoamericanas Fernando Cerimedo, ahora metieron preso y echaron del cargo al fiscal que lo investigaba en principio por el intento de femicidio de su ex pareja, Nadia Beller, y también por delitos de corrupción y narcotráfico.
El funcionario judicial recién apresado y además desplazado de su puesto es Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia. El Ministerio Público boliviano denunció que se trata de una detención “ilegal”. (Reporte de la agencia informativa española EFE, reproducido el pasado miércoles por “Swiss-Info”, una plataforma internacional de noticias son sede central en Suiza. Nota del 30/09/26).
Una vez perpetrado al arresto, desde el más alto nivel del gobierno norteamericano de Donald Trump hizo explícita su “felicitación” el secretario de Estado, Marco Rubio, cuyo cargo equivale al de un ministro de relaciones exteriores y es el jefe de la política exterior trumpista.
Días antes la administración estadounidense había sancionado con el retiro de la visa tanto a Mariaca como a decenas de funcionarios políticos y judiciales de Bolivia, Colombia y Perú. Como es habitual, a las víctimas les inventan imputaciones como “corruptos” y los acusan de “socavar a gobiernos elegidos democráticamente”.
Rubio felicitó el jueves al gobierno boliviano del presidente derechista Rodrigo Paz Pereira, y dijo que “las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer que nuestro continente sea más seguro, más fuerte y más próspero”. (Artículo del diario La Nación, de Buenos Aires. Nota del 01/10/26).
Expulsión de miles de “terroristas” y “venta de ciudadanía argentina”
En Argentina -y, en realidad, en el mundo- los hechos políticos transcurren a velocidad de vértigo, y sucede con frecuencia que de inmediato pasan a un segundo plano, o quedan en el olvido, infinidad de noticias inimaginables en etapas históricas previas.
Es el caso de las declaraciones lanzadas por Milei respecto de que su gobierno había expulsado del país “a 30.000 terroristas” entre el año pasado y el actual. (Tema con repercusión en medios de alcance internacional, por ejemplo el diario El País, de España. Nota del 29/09/26).
El desvarío retórico del mandatario nacional no obedece únicamente a sus características individuales -aunque ese también es un factor determinante-, sino ante todo a la impunidad política que le otorgan los poderes locales y extranjeros que lo sostienen.
Por fuera de los calificativos y adjetivaciones que pueda merecer su gobierno y en general su conducta, Milei es -el menos por ahora y hasta que, eventualmente, los hechos demuestran lo contrario- el jefe institucional de un régimen político y corporativo que está transformado a Argentina en una colonia, sometida a intereses capitalistas trasnacionales y al dominio de EEUU sobre el conjunto de América Latina.
Como parte del agravamiento constante de la humillación contra nuestro país, hacia finales de la semana se supo que el gobierno nacional pretende que los ultra-millonarios extranjeros puedan “comprar la ciudadanía argentina”, mediante el pago de unos U$S 350.000 millones (trescientos cincuenta mil millones de dólares), o bien suscribir un título público por U$S 800.000 millones (ochocientos mil millones de dólares).
El anuncio lo hizo desde Francia el ministro de Economía, Luis Caputo, al hablar ante empresarios durante un viaje a París. Según informaciones periodísticas, sería un “plan B” para que capitalistas del exterior puedan convertirse en propietarios de tierras en nuestro país -simulando, con apariencia de “legalidad”, ser ciudadanos argentinos-, aún cuando no pudiera hacerse efectivo el fallo de la Corte Suprema que fomenta la extranjerización del territorio nacional.
La “compra de ciudadanía” y posteriores negocios para quedarse con grandes superficies de tierra, beneficiaría a los oligarcas tecnológicos de EEUU que buscan lugares “disponibles” en el mundo para instalar sus centros de datos. (Información y análisis de la periodista Luciana Bertoia en el diario Página 12, nota del 03/10/26).
En Bolivia, la estrategia imperial norteamericana exhibe alevosamente su intromisión violenta para manejar hasta las fiscalías. Mientras que en Argentina los funcionarios más encumbrados del sistema judicial vienen sirviendo desde hace tiempo al alto mando empresarial y a los poderes extranjeros, y conforman un pilar del régimen colonialista.
América Latina está bajo asedio de los intereses trasnacionales que tienen epicentro en Estados Unidos, y gran parte de su futuro se definirá por el resultado de la elección presidencial en Brasil.
