Ante la profunda crisis de sobreendeudamiento que atraviesan las familias, la presidenta del bloque de concejales de Fuerza Patria, Josefina Bolis, presentó un proyecto de ordenanza para prevenir y sancionar las prácticas abusivas en el otorgamiento de financiaciones.
Una iniciativa en el Concejo Deliberante de La Plata busca fijar parámetros mínimos obligatorios de calidad para la actividad de los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) con domicilio en la capital bonaerense, con el fin de proteger el derecho de los consumidores a recibir un trato digno, respetuoso y equitativo.
El proyecto impulsado por la presidenta del bloque de concejales y concejalas de Fuerza Patria, Josefina Bolis, advierte por el contexto de pérdida abrupta del poder adquisitivo y el aumento de la informalidad laboral, situaciones que han empujado a las familias a endeudarse con mecanismos de financiamiento por fuera del sistema bancario tradicional.
Bolis afirmó que la mayor parte de los créditos que se toman en el mercado informal se destinan a la compra de alimentos y el pago de gastos corrientes como el alquiler o los servicios básicos.
La propuesta incluye crear un Registro Municipal de carácter estadístico y fiscalizador en el que deberán inscribirse todas las personas jurídicas que, sin ser entidades financieras formales, realizan ofertas de crédito al público en general.
Además, se establecen pautas para controlar que los proveedores actúen con responsabilidad y buena fe; garantizar que se brinde información cierta, clara y detallada a los consumidores; sancionar las prácticas de hostigamiento e intimidación en las comunicaciones por cobranzas; y proteger a presuntos deudores de conductas que los coloquen en situaciones vergonzantes y que afecten su reputación, la privacidad de su hogar o sus actividades laborales.
“No se trata de un problema entre privados, sino que es un fenómeno social cada vez más extendido que afecta la dignidad humana, la salud mental y el proyecto de vida de las familias”, alertó Bolis. Vale recordar que tanto el presidente Javier Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, rechazaron aplicar políticas públicas para ayudar a las familias endeudadas porque consideraron que es un problema entre privados y el Estado no tiene nada que hacer.
En ese sentido, la concejala advirtió que “la desregulación a nivel nacional y el vacío normativo respecto a la comercialización de créditos por fuera del sistema bancario formal han dado vía libre a la expansión de prácticas de abuso y usura”.
Cabe destacar que, según datos relevados por el Mapa de Endeudamiento elaborado por el Observatorio de la Ciudad en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert, la tasa de mora en La Plata alcanzó el 15,61%. La situación se agrava para los jóvenes de entre 18 y 25 años, que duplican el valor promedio con un 33,83%. Esta investigación, sin embargo, “no llega a dar cuenta de la magnitud del drama social del sobreendeudamiento, ya que no incluye a los prestamistas informales que incurren en prácticas extorsivas que vulneran la salud mental y la integridad física de miles de vecinos de nuestra ciudad”, concluyó Bolis.
El endeudamiento, cada vez más precario
Sobre esta problemática, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a datos oficiales del Banco Central, reveló un salto récord en la morosidad de las familias con las billeteras virtuales y los proveedores no financieros de crédito, que trepó al 30,1% en junio de 2026. Este porcentaje supera el techo alcanzado durante la pandemia de COVID-19, que había sido del 27,1% en mayo de 2020.
La cantidad total de deudores morosos en el sistema a nivel nacional asciende a 5,91 millones de personas sobre un universo total de 20,97 millones de deudores. Del total de incumplidores, 2,90 millones corresponden exclusivamente a deudas con billeteras virtuales, superando a los morosos bancarios y reflejando una profunda precarización del financiamiento hacia sectores con menores ingresos, debido a sus dificultades para acceder al crédito formal.
