El equipo legal de la expresidenta presentó una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para revisar la condena por Vialidad y solicitó una medida cautelar que frene su inhabilitación política.
En una conferencia de prensa realizada este miércoles, el equipo de letrados que patrocina a Cristina Fernández de Kirchner dio detalles de la Comunicación Individual presentada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). El pedido ante el organismo internacional busca la revisión integral del fallo dictado en la denominada causa Vialidad, además de una medida cautelar que suspenda de manera inmediata la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La estrategia jurídica apela al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que posee jerarquía constitucional en la Argentina desde la reforma de 1994. Según explicaron los defensores, la resolución sobre el fondo del asunto podría demandar un proceso de algunos años, pero el reclamo cautelar respecto a la sanción política podría tener una resolución del Comité en cuestión de meses.
Al inicio de la presentación, el abogado brasileño Rafael Valim remarcó el carácter institucional del reclamo internacional: “Esta comunicación individual no es un acto de agresión a Argentina o su sistema judicial. Es un hecho natural, previsto en la Constitución Nacional. Estamos aquí planteando que se respeten los derechos de una ciudadana de Argentina, no es un tratamiento de excepción”.
Las cautelares y los ejes del reclamo
El equipo legal expuso que el documento elevado a la ONU solicita medidas urgentes y la revisión de la sentencia. En primer lugar, solicitaron frenar la pena impuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2 que le impide postularse a cargos electivos, al sostener que las sanciones de carácter perpetuo vulneran precedentes asentados por el propio Comité de la ONU. Asimismo, reclamaron el restablecimiento de la composición legal de cinco miembros del máximo tribunal argentino, que actualmente funciona con tres integrantes, y pidieron morigerar las restricciones de la prisión domiciliaria, como el retiro del dispositivo electrónico y la flexibilización del régimen de visitas.
Respecto de la causa madre, Valim consideró que la sentencia por administración fraudulenta carece de sustento dogmático y advirtió sobre los riesgos institucionales del fallo: “En términos jurídico-técnicos, es un escándalo lo que le hicieron a la ex presidenta. Si tomamos en serio esta condena, esta tesis, ningún presidente en Argentina va a quedar libre después de su mandato, todos van a ser encarcelados”.
Además, la denuncia acusa al Estado argentino por la presunta violación de ocho artículos del Pacto Internacional, incluyendo las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el principio de imparcialidad de los tribunales.
Un equipo internacional para la estrategia judicial
La conferencia formalizó la incorporación de juristas extranjeros al equipo que encabeza Carlos Beraldi en la causa local. La nómina internacional incluye a Javier Borrego, jurista español, exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y exjuez del Tribunal Supremo de España, y a Rafael Valim, abogado y académico brasileño, especialista en derecho administrativo, quien integró el equipo de defensa de Luiz Inácio Lula da Silva durante los procesos derivados del caso Lava Jato.
Durante su intervención, Borrego cuestionó el desarrollo del proceso penal en las distintas instancias judiciales argentinas y señaló arbitrariedades procedimentales. A su vez, remarcó la dimensión de género dentro del expediente al señalar que en la judicatura y la fiscalía argentina hay mayoría de mujeres, pero Cristina Kirchner atravesó cuatro instancias sin que haya coincidido con ninguna mujer como fiscal o jueza.
El contexto de la presentación y la carta pública
La exposición de los letrados se realizó psoteriormente a la publicación de un documento firmado por Cristina Fernández de Kirchner, donde fundamentó los motivos para recurrir a la justicia internacional. En el escrito, la expresidenta sostuvo que la sentencia ratificada por las instancias superiores responde a un mecanismo de proscripción política a través de la vía judicial (lawfare) y argumentó que la inhabilitación busca cercenar la representación de un sector del electorado.
La exmandataria también denunció la presencia de un “machismo estructural” en los tribunales y encuadró el fallo de la causa Vialidad —centrada en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015— dentro de un patrón regional de persecución a líderes populares.
La presentación ya ingresó a la sede del Comité de Derechos Humanos en Ginebra. Tras un primer análisis formal de admisibilidad por parte de la secretaría del organismo, el expediente será derivado a la relatoría correspondiente para requerir los informes pertinentes al Estado argentino.
