El régimen político y corporativo de ultraderecha cumple su razón de ser: convertir a nuestro país en una sociedad y un territorio manejado por intereses foráneos. Un paso clave en el plan de dominación es la eliminación de la ley de Tierras, y otro la permisividad ante la extracción del petróleo en Malvinas.
Por Miguel Croceri
El gobierno de Javier Milei es la parte más visible, y legitimada electoralmente, de un régimen político y corporativo sostenido por los grandes poderes económicos locales y del exterior, también por los aparatos comunicacionales y judiciales dominantes, y asimismo por factores externos como por ejemplo (nada menos que) el gobierno y el sistema político de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), solo por citar las estructuras más poderosas.
En ese sentido, la ultraderecha gobernante está cumpliendo a rajatabla su verdadera razón de ser, cual es la de convertir a Argentina en una sociedad y un territorio dominados por las potencias capitalistas mundiales -EEUU en primer lugar- y por los conglomerados empresariales que representan a esos mismos intereses globales.
Una pieza determinante para convertir a nuestra Nación en una neo-colonia es el proyecto de ley denominado “inviolabilidad de la propiedad privada”, que tropezó en el Senado por falta de los votos necesarios para aprobarlo al menos en esa Cámara durante el Mundial de Fútbol (el 16 de julio), pero que el mileísmo cree que conseguirá hacerlo en una sesión prevista para el jueves 6 de agosto.
La ambiciosa maniobra oficialista modifica hacia adelante las bases legales referidas a expropiaciones, desalojos, registros inmobiliarios y usos futuros de tierras afectadas por incendios, y en uno de sus contenidos más perjudiciales pretende eliminar la llamada “ley de Tierras” (o “de Tierras Rurales”, Nº 26.737), sancionada en 2011 para ponerle límites a la compra de suelo argentino por parte de propietarios extranjeros. (Información de la agencia de noticias especializada La Política Ambiental, nota del 21/07/26).
Dos de los más poderosos integrantes de La Libertad Avanza (una en el Congreso y el otro en el gabinete nacional), la senadora Patricia Bullrich y el ministro Federico Sturzenegger, junto con otros miembros del gobierno y de su representación parlamentaria, se movieron días atrás para hacerle algunas modificaciones al proyecto y así obtener apoyos de aliados hasta lograr la mayoría. (Crónica del portal “Parlamentario”, nota del 23/07/26).
Extranjerización del territorio nacional
Un reciente informe periodístico basado en datos de acceso público precisó que unas 13 millones de hectáreas del país están en manos de empresas foráneas. Más de la mitad pertenece a firmas privadas provenientes de EEUU, Italia y España. El listado incluye a capitales de Suiza, Chile, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y el Estado de Qatar. Otros propietarios están radicados en guaridas fiscales y se hace más difícil determinar de quién se trata. Entre todos poseen más del 5 % de las tierras argentinas.
(Aún con la ley todavía vigente, el total de la superficie extranjerizada equivale a “algo así como todo el territorio de Inglaterra”, según comparó el diario Página 12, el cual publicó el mencionado informe con la firma de la periodista Celeste del Bianco, y titulado “Los enclaves extranjeros que ya existen en suelo argentino y que Milei busca expandir”. Nota del 24/07/26).
(El portal “Letra P” también consignó información relevante sobre el tema dentro del espacio “Perfiles del poder”, a cargo del periodista Esteban Rafele. El texto alude no solo a los propietarios del exterior sino, además, a los capitalistas locales. Toma como base datos oficiales e incluye un estudio del dirigente peronista Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura. El artículo se titula “Javier Milei, Federico Sturzenegger y los dueños de la tierra”. Nota del 21/07/26).
Una particular contribución al conocimiento social respecto de este asunto determinante para la vida colectiva de Argentina, se realiza desde instituciones públicas dedicadas a la ciencia y a la educación universitaria.
Tal es el caso del “Observatorio de Tierras”, integrado por investigadores/as del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y de la UBA (Universidad de Buenos Aires. Desde allí se elaboró un “mapa interactivo” que revela precisiones, de forma minuciosa, para esclarecer en qué consiste la extranjerización de la tierra en nuestro país.
El trabajo (del cual se tomaron los datos fundamentales del informe periodístico citado en párrafos anteriores), puntualiza dónde se encuentran las más de 13 millones de hectáreas, que representan casi el 5 % del territorio nacional, pero que son propiedad de empresas o Estados de otras partes del mundo. (Ver “Mapa de extranjerización de la tierra en Argentina”).
A su vez, a partir de la información del Observatorio de Tierras y de otras fuentes, el portal periodístico “El Extremo Sur” detalló los alcances de las propiedades de extranjeros en la Patagonia argentina específicamente.
Dicho medio puntualizó que “en la actualidad, los poseedores de grandes extensiones de tierras llegados desde otros países avanzaron hasta conquistar 3.609.247 hectáreas” (más de tres millones seiscientas nueve mil hectáreas) “de campos patagónicos, que representan el 4,8 % del total de la extensión regional”.
El trabajo muestra que “Santa Cruz es la provincia más extranjerizada, con el 8,1 % de las tierras en manos de dueños foráneos; seguida por Neuquén con el 5,5 %; Tierra del Fuego con el 4,7 %; Chubut con el 4 % y Río Negro con el 1,8 %”.
Puntualiza asimismo que “los colonizadores extranjeros tienen en su poder más de la mitad (54,2 %) de las tierras en el departamento neuquino de Lacar (San Martín de los Andes); el 25,8 % del departamento santacruceño de Magallanes (San Julián) y el 22,9 % del territorio en el departamento chubutense de Cushamen (cuya cabecera es la localidad de Leleque)”. (Informe de “El extremo sur de la Patagonia”, publicación del 11/07/26).
Una petrolera israelí y otra inglesa
Otro aspecto crucial en el plan destinado a que nuestro país quede bajo dominio de otros Estados y de capitalistas del exterior -además de la intentona para eliminar la ley de Tierras-, se manifiesta en la permisividad del oficialismo ante la explotación del petróleo en la zona de Malvinas por parte de las compañías Navitas (de Israel) y Rockhopper (del Reino Unido de Gran Bretaña, potencia ocupante de islas del Atlántico Sur desde hace casi dos siglos).
Desde hace tiempo ambas empresas ejecutan tareas para comenzar, estimativamente en el primer trimestre de 2028, la actividad extractiva en aguas jurisdiccionales que están bajo disputa de soberanía con Argentina, a unos 220 kilómetros de Malvinas. El proyecto empresario lleva como nombre “Sea lion” (león marino).
(Hace justo dos años VCF publicó un informe elaborado por el periodista Daniel Giarone, donde se describía y analizaba el tema. El texto destacaba que “el avance del gobierno británico en la explotación de hidrocarburos en el mar Argentino no es una novedad”, como “tampoco lo es la convocatoria a los habitantes de las islas para que presenten objeciones acerca de una decisión que puede transformar drásticamente su economía (…). Lo inédito, y para muchos analistas extremadamente grave, es el silencio público del gobierno de Javier Milei ante ambas decisiones”. Nota del 212/07/2024).
Según precisó un artículo reciente publicado por el diario cooperativo Tiempo Argentino, “en diciembre de 2025 las firmas Navitas y Rockhopper completaron la primera fase del plan de explotación, que apunta a 170 millones de barriles con una producción de 55.000 barriles diarios”.
El texto está firmado por la periodista María Fernanda de la Quintana (también licenciada en Ciencias y Humanidades, y asimismo Máster en Bioética, entre otros antecedentes). Allí se explica particularmente que no se está aplicando una ley de nuestro país que “prohíbe de forma taxativa explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del gobierno nacional”.
Destaca que la norma fue puesta en práctica en 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández. En esa ocasión “la Secretaría de Energía tramitó el expediente, dictó la resolución, y aplicó la sanción” prevista por la ley contra ocho empresas, una de ellas (precisamente) la israelí Navitas.
La autora señala que “el mecanismo funcionó una vez, contra la misma empresa, en la misma cuenca. El gobierno de Milei tiene el antecedente, tiene el fuero (en referencia al fuero judicial que debiera intervenir), y tiene la norma. Lo único que decidió no tener es la voluntad de repetir el proceso” llevado adelante por el gobierno anterior.
(Los conceptos aquí resumidos fueron publicados por Tiempo Argentino el pasado viernes, con el título “Saqueo petrolero en Malvinas: Milei no quiere aplicar una ley que ya se utilizó en 2021”. Nota del 24/07/26).
Por otro lado, el portal del multimedios contra-hegemónico El Destape informó recientemente que “la petrolera inglesa Rockhopper mostró imágenes de las instalaciones en Puerto Argentino” que forman parte del plan para extraer petróleo en la zona.
En dichas imágenes se muestran “las obras de las plantas de almacenamiento y el muelle” que utilizará la compañía, “y que servirán de apoyo logístico del proyecto Sea Lion, el yacimiento ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas”. La empresa “tiene previsto construir un hotel para 160 personas y un helipuerto”. (Artículo firmado por Roberto Bellato, periodista especializado en energía. Nota del 23/07/26).
La ofensiva trasnacional contra los recursos de Argentina y contra su condición de país soberano, están a la vista de quien quiera mirarlo.
Las condiciones de posibilidad para que todo ello ocurra se deben a decisiones y omisiones del gobierno nacional, como cabeza del régimen político y corporativo que está devastando a la Nación.
Y aparte de los intereses privados que se benefician con el saqueo, desde adentro del Estado existe el aval de las fracciones dominantes del sistema judicial, y asimismo de mayorías parlamentarias cómplices que incluyen a representantes de las más diversas provincias.
