La histórica fábrica de Hernández recurrió a la Justicia tras sufrir el impacto de la apertura importadora, el desplome del consumo y subas del 600% en las tarifas. Los trabajadores reclaman el pago completo de las indemnizaciones.
El modelo económico de Javier Milei sigue afectando a la industria, uno de los sectores más afectados del aparato productivo. La emblemática fábrica de hilados sintéticos instalada en el predio de la ex Sniafa en Hernández, Fisipa, entró formalmente en concurso preventivo de acreedores para evitar la quiebra tras sufrir un combo letal de apertura de importaciones, tarifazos y derrumbe del consumo. La empresa, que llegó a tener un centenar de operarios y pelea por mantenerse en pie, quedó reducida a una mínima expresión de apenas ocho trabajadores.
El impacto de las políticas libertarias en la planta textil fue inmediato y devastador. Según consta en el expediente judicial, la combinación de variables destruyó la viabilidad del negocio en los últimos dos años. La firma tuvo que liquidar sus stocks de materias primas y consumir su capital de trabajo hasta que la situación se volvió insostenible. En la presentación ante la Justicia, la empresa reconoce que el 26 de mayo de este año quedó configurada la cesación de pagos, cuando ya no pudo afrontar los compromisos asumidos con ARCA.
Superado el escenario de las restricciones previas, la empresa sostiene que en 2024 enfrentó un problema de signo contrario. En el escrito presentado ante la Justicia afirma que la reducción de los aranceles de importación del hilado sintético que produce, junto con la eliminación de distintos mecanismos de administración del comercio exterior, facilitó el ingreso de productos importados que comenzaron a competir con la producción local. A ese escenario se sumó el aumento de más del 600% en las tarifas de los servicios públicos, el elevado costo del financiamiento y los incrementos salariales.
La documentación presentada en el concurso informa un pasivo total de $565,3 millones. De ese monto, $168 millones corresponden a acreedores comerciales por compra de bienes y servicios, mientras que $26,3 millones pertenecen a deudas financieras. El resto de la masa comprometida se divide entre obligaciones fiscales y deudas de carácter laboral.
El conflicto laboral escala en los portones de la fábrica ubicada en 508 y 29. Los trabajadores vienen realizando reclamos y protestas pacíficas para exigir el cobro íntegro de sus indemnizaciones de ley. Los operarios, que tienen entre 47 y 61 años, denunciaron que las desvinculaciones se dieron de manera totalmente informal, sin telegramas y con la prohibición de ingreso a la planta. En el Ministerio de Trabajo bonaerense, los afectados rechazaron de forma unánime una oferta de la empresa para abonar apenas el 50% de las compensaciones.
Ahora la empresa intentará utilizar el concurso preventivo para renegociar sus compromisos con los acreedores y evitar una quiebra. El proceso ya tiene un cronograma definido por la Justicia: la verificación de créditos cerrará en septiembre, mientras que la audiencia informativa fue fijada para junio de 2027, instancia clave para conocer si la compañía logra alcanzar un acuerdo que le permita continuar operando.
La crisis de Fisipa forma parte de la crítica situación del sector textil. Los últimos datos de la Fundación Pro Tejer, elaborados sobre estadísticas del INDEC, muestran que la producción textil cayó 23% interanual en abril, mientras que la utilización promedio de la capacidad instalada durante el primer cuatrimestre fue de apenas 36,6%. Este es uno de los niveles más bajos de la serie histórica fuera de la pandemia.
A su vez, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, se redujo la cantidad de empresas en 26.448 casos, lo que equivale al cierre de 31 empresas por día. En el mismo período, perdieron su fuente de trabajo 339.841 personas registradas en unidades productivas, es decir 400 puestos por día.
