Las universidades públicas se preparan para una marcha este martes que promete ser histórica, con epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en ciudades de todo el país. Se trata de la cuarta movilización federal desde que Milei es presidente, impulsada por gremios, estudiantes y rectores quienes reclaman aumentos presupuestarios que permitan el normal funcionamiento de las casas de estudio y actualización para salarios de docentes y nodocentes.
Además de esas razones para movilizar, de fondo la comunidad universitaria cuestiona el empecinamiento de la administración libertaria para desfinanciar la educación superior y reducirla en su impacto social. Entre 2023 y 2025, Javier Milei aplicó un ajuste real de 32,5%, y de 41,6% respecto de 2023 considerando el presupuesto vigente de 2026, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El informe comparó el ajuste libertario con la Ley de financiamiento universitario aprobada e insistida por el Congreso hace 200 días y que el Gobierno no aplicó. Si hubiera puesto en práctica esa normativa, el presupuesto “habría crecido 33,8% frente a 2025 y lo habría dejado 1,9% sobre el nivel de 2023”. En cambio, el proyecto de Ley que ingresó el Gobierno al Congreso “implicaría caídas de 13,1% respecto de 2025 y 33,9% frente a 2023, dejando un presupuesto 35,1% menor al de la Ley insistida”, precisó el CEPA.
El ajuste sobre los salarios
La marcha tiene como una de sus principales demandas la recomposición de los salarios de docentes y nodocentes, que representan alrededor del 90% de los presupuestos de las universidades. “Desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026 el salario real docente y no docente cayó 34,2%”, detalló el CEPA. Y agregó que “la mayor caída ocurrió entre diciembre de 2023 y julio 2024 (-23,1%)”, con la devaluación del 118% de por medio que implementó el ministro de Economía, Luis Caputo. A su vez, “en 2025 volvió a caer 10,1%, acumulando una pérdida de 32,1% en diciembre de dicho año”.
La crisis salarial de las universidades es tal que en abril 2026 solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los nodocentes niveles 1 y 2 superan la línea de pobreza, mientras que el resto de los trabajadores no docentes perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. En el cuarto mes del año, la Canasta Básica Total para un Hogar tipo 2 alcanzó los $1.434.464. “Entre los docentes, únicamente los titulares con dedicación exclusiva superan ese umbral, con un salario bruto de $1.555.834, apenas $121.370 por encima de la línea de pobreza. En el caso del personal no docente, solo los cargos de los niveles 1 y 2 superan la CBT, con ingresos que la exceden en $572.648 y $238.132 respectivamente”, afirmó el informe.
Vale recordar que la Ley de de financiamiento universitario proponía recuperar el poder adquisitivo perdido entre diciembre 2023 y octubre de 2025, aumentando al menos 44%, lo que habría dejado los salarios de noviembre 2025 apenas 1,3% por debajo de noviembre 2023.
Como contrapartida, el proyecto de ley libertario propone una recomposición del 12,3% en tres aumentos trimestrales no acumulativos de 4,1%, insuficiente frente a la inflación proyectada en el año de 23,6%, hasta septiembre de 2026. De este modo, “el incremento ignora el ajuste realizado en 2024 y se diluye con la inflación de 2026, lo que significa una nueva caída del salario real de alrededor de 1,5 puntos porcentuales hacia septiembre de 2026”.
El futuro de la universidad, en manos de la Corte
La marcha federal también tiene mensajes para la Corte Suprema. A pesar de que el Congreso Nacional sancionó y ratificó la Ley de Financiamiento Universitario tras los vetos presidenciales, la administración de Javier Milei ha evitado su implementación, lo que llevó al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a recurrir a la Justicia para exigir su cumplimiento.
Sin embargo, la resolución del conflicto se encuentra actualmente dilatada, luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal elevara el caso a la Corte Suprema de Justicia, suspendiendo mientras tanto los efectos de las medidas cautelares que favorecían a las universidades.
En este contexto de asfixia presupuestaria, el Gobierno ha intentado frenar las medidas de fuerza mediante intimaciones a los rectores y la promesa de una ley propia que solo reconoce una fracción del atraso salarial acumulado. Ante lo que consideran una estrategia de dilación sistemática, la comunidad universitaria advirtió que la marcha de este martes no es solo un reclamo sectorial, sino una defensa de la educación pública frente a un modelo que busca achicarla y debilitarla.
