La publicación en el Boletín Oficial del decreto 681 encendió una fuerte polémica: aunque el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, promulgaron la Ley de Emergencia en Discapacidad, decidieron condicionar su aplicación “hasta que el Congreso explique” de dónde saldrían los fondos. La maniobra fue repudiada por legisladores de todo el arco opositor, que manifestaron que no hay facultades presidenciales para ello, que se trata de un procedimiento que “incurre en nulidad absoluta” e incluso algunos llamaron a convocar al “juicio político” del ministro de ministros.
Vale recordar que la normativa se aprobó con amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso y que Milei decidió vetarla, pero tanto Diputados como Senadores insistieron y hace diez días la misma fue ratificada. “Si ambas cámaras cuentan con dos tercios de los votos para imponer su criterio inicial, la ley se promulga, aunque el presidente no esté de acuerdo”, indica la normativa vigente.
En este marco, Julia Strada, diputada nacional de Unión por la Patria, denunció que Milei “se niega a aplicar el aumento de las prestaciones por discapacidad que votó el Congreso porque dice que no tiene fondos. Eso no se puede hacer: no tiene facultades para eso. Su facultad prevista en la Constitución es el veto: lo hizo y se lo dimos vuelta. Tiene que aplicar la ley. Y si no hay presupuesto es porque él decidió hacer el ajuste de esa forma. No nosotros, que exigimos votarlo”.
Del mismo bloque, el promotor de la ley, Daniel Arroyo, también cargó contra el Ejecutivo: “Tiene que quedar claro que una ley no es un consejo, no es que yo le digo ‘fijate si podés hacer esto’, sino que es una obligación que tiene el Gobierno. La ley es clara, le dice que tiene que aplicarla”, expresó el dirigente del Frente Renovador en diálogo con Código Baires, y aseguró que la Comisión de Discapacidad volverá a reunirse para analizar los pasos a seguir.
Desde la Coalición Cívica, Maxi Ferraro cuestionó la maniobra y aseguró que “el Presidente incurre en nulidad absoluta. Pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite. No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso. La Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) es clara, el Jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse: la ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad. Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley”.
En la misma línea, el socialista Esteban Paulón cuestionó lo que calificó como “constitucionalismo creativo”: “La Constitución es clara. Ley aprobada y vigente se cumple. No existe tal cosa como ‘devolver al Congreso’”. Para el legislador santafesino, la maniobra “creativa” de Milei y Francos “es causal de denuncia penal, moción de censura y pedido de juicio político”.
Por su parte, el diputado radical Julio Cobos también cuestionó la medida, a la par que se eliminaron las retenciones al campo: “El gobierno se niega a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad porque el jefe de Gabinete no quiere reordenar las partidas presupuestarias. Argumentan como excusa que el Congreso no especificó el origen de los fondos”, expresó, y agregó: “una decisión coyuntural, destinada a sostener la posición del ministro y a vender hasta el último dólar del Banco Central, mientras se posterga el cumplimiento de una ley como la de Emergencia en Discapacidad, que atiende a los sectores más vulnerables”.
En la Cámara Alta también hubo reacción. La senadora Juliana Di Tullio apuntó directo al Presidente:
“La emergencia en discapacidad es ley y los presidentes no pueden desconocer las leyes emanadas del Congreso. Ser mal perdedor siendo presidente lo convierte en uno muy autoritario. La democracia es así, se gana y se pierde. Vamos, no haga más capricho que tiene una ley que cumplir y una Constitución Nacional que lo obliga”.
El senador radical, Martín Lousteau cuestionó la medida. «El gobierno le vuelve a dar la espalda a las personas con discapacidad. Ahora dicen que no pueden implementar la Ley porque no tienen la plata. Pero es mentira, es una cuestión de prioridades. Hace dos años que no tenemos presupuesto y el Jefe de Gabinete asigna partidas a su criterio y discreción. ¿Probaron con no bajarle tantos impuestos a los más ricos de los ricos?», publicó en sus redes.
