El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante el Decreto 681/2025, pero su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso incorpore en el Presupuesto 2026 las partidas y fuentes de financiamiento necesarias. El Gobierno se amparó en los artículos 5 de la Ley 24.629 y 38 de la Ley 24.156 para justificar la postergación. La norma había sido vetada en agosto, pero fue reimpulsada por el Congreso con dos tercios de los votos en Diputados y en el Senado, lo que obligó al Ejecutivo a promulgarla. Sin embargo, pese a ese respaldo legislativo, la administración decidió dejarla en suspenso: la ley existe en el papel pero no se aplicará hasta que haya fondos.
La emergencia nacional en discapacidad, prevista hasta el 31 de diciembre de 2026 con posibilidad de prórroga, incluía una nueva pensión no contributiva equivalente al 70 por ciento del haber mínimo, cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y las prestaciones de la Ley 24.901, la declaración de interés público de los servicios de prestadores con compensación de emergencia por la brecha aranceles–inflación de 2023–2024, movilidad mensual por decreto, exenciones de contribuciones patronales para empleadores que contraten trabajadores con discapacidad y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad para auditorías y control del Certificado Único de Discapacidad. Hasta que se definan las partidas, todo ese esquema —desde las altas y conversiones de pensiones hasta las compensaciones a prestadores y la movilidad arancelaria— queda frenado.
El propio Ejecutivo calculó el impacto fiscal de la medida en más de 3 billones de pesos en 2025 (0,35 por ciento del PBI) frente a 2,30 billones disponibles sin afectar otros servicios sociales. El decreto se inscribe en un panorama más amplio de ajuste: mientras se argumenta que “no hay plata” para programas sociales, se impulsa la baja de retenciones y otros beneficios a sectores concentrados. Para las organizaciones de personas con discapacidad y para buena parte de la oposición, se trata de un nuevo abuso: una norma aprobada por mayoría agravada que queda en el limbo por decisión administrativa.
El área de discapacidad además atraviesa un clima de sospechas. En las últimas semanas se conocieron audios que involucran a ex autoridades de la ANDIS en supuestas coimas del 8 por ciento sobre compras de medicamentos, con retornos de un 3 por ciento a la Casa Rosada, lo que generó allanamientos y denuncias penales. En ese contexto, la reasignación de partidas para la agencia publicada en la Decisión Administrativa 24/2025 —121.363 millones de pesos extra para actualizar pagos a prestadores— no alcanza para compensar la postergación de derechos ni despejar las sospechas de mala gestión. Para los referentes del sector, “es promulgar derechos para después dejarlos en suspenso”. Una postal de la política actual: motosierra para los más débiles, beneficios fiscales para los más fuertes.
