En una sesión marcada por la amplitud del consenso opositor, el Senado argentino infligió un nuevo revés al oficialismo. Con mayorías contundentes, se rechazaron cinco decretos presidenciales que apuntaban a desregular organismos estratégicos y, al mismo tiempo, se aprobaron dos leyes de alto impacto: la de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica.
El paquete de decretos incluía la pérdida de autonomía de entidades claves como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), además del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y la Agencia Regulatoria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal.
También se buscaba intervenir en áreas culturales como el Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares y los institutos históricos Eva Perón, Sanmartiniano, Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas. Otro de los decretos proponía trasladar el Banco Nacional de Datos Genéticos a la órbita del Ejecutivo, mientras que uno más modificaba la normativa de la Marina Mercante, restringiendo el derecho de huelga en sectores estratégicos.
El impacto alcanzaba incluso al área de infraestructura: la normativa derogada disolvía organismos como Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, lo que generó fuertes advertencias sindicales y políticas sobre el vaciamiento de capacidades estatales en sectores críticos.
En las cinco votaciones, los seis miembros de la La Libertad Avanzacontaron con el apoyo para mantener los decretos de la santafesina radical Carolina Losada, el misionero Enrique Goërling Lara (PRO), la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) y el formoseño Francisco Paoltroni, expulsado de LLA.
El Senado también avanzó en la sanción de dos leyes que habían sido duramente resistidas por el Ejecutivo. Por un lado, la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada con 58 votos a favor, 9 en contra y tres abstenciones. La normativa establece la actualización automática de partidas presupuestarias para las universidades nacionales, sus hospitales, proyectos de ciencia y tecnología, y programas de extensión.
Frente a esta seguidilla de derrotas, el presidente Javier Milei atacó a la oposición. Desde el Council of the Americas, calificó la acción parlamentaria como un “secuestro” y acusó a la oposición de impulsar “una agenda del kirchnerismo para quebrar al Estado nacional”, en referencia al rechazo de sus decretos y la sanción de leyes.
Sin embargo, eso no achicó a la oposición que le propinó otra goleada legislativa. “En este Senado no va a pasar ningún proyecto de ley que ajuste a nuestras universidades”, sostuvo el senador del bloque Unidad Ciudadana, Wado de Pedro. “El Presidente tiene que entender que el ajuste no es el camino. No vamos a permitir que hipotequen el futuro de más de 2 millones de pibes y pibas”, agregó.
Además, se aprobó la Ley de Emergencia Pediátrica con 62 votos a favor y 8 en contra, destinada a reforzar la atención en hospitales de referencia como el Garrahan y a garantizar recursos para un sistema de salud infantil que atraviesa una crisis de financiamiento.
«El Garrahan es un símbolo de lo que pretendemos para Argentina y es un emblema en sí mismo. Cuando las políticas públicas se implementan, muchas veces exceden los períodos democráticos de gobierno para ver los resultados y el Garrahan es un símbolo de eso», afirmó el senador del bloque Frente Nacional y Popular y exministro de Salud de la Nación, Juan Manzur.
Por su parte, la senadora kirchnerista y titular de la comisión de Salud de la Cámara alta, la exgobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, enfatizó: “¿Cuánto cuesta que los 28.000 niños que se atienden anualmente en el Garrahan internados por patologías complejas no sean atendidos, o que queden con secuelas? Nada de nuestro presupuesto vale lo que vale la salud”.
