En medio de un nuevo escándalo de corrupción que sacude al Gobierno nacional, el Presidente Javier Milei decidió esta mañana, de manera “preventiva”, remover al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, tras la filtración de audios que lo involucran en un entramado de presuntos pedidos de coimas relacionados con la compra de medicamentos.
Sin embargo, el contenido de esos audios no solo complica a Spagnuolo. En las grabaciones, cuya autenticidad deberá ser evaluada por la Justicia, el ahora exfuncionario afirma que los verdaderos beneficiarios del esquema serían la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Están choreando… y no me puedo hacer el boludo”, se escucha decir a quien se adjudica como Spagnuolo en uno de los audios.
La explosión del caso derivó en una denuncia judicial presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien acusó directamente a los hermanos Milei, a los Menem, al propio Spagnuolo y al empresario farmacéutico Eduardo Kovalivker —titular de Suizo Argentina S.A.— por el presunto cobro de coimas en licitaciones de medicamentos. Dalbón sostiene que los audios difundidos son prueba suficiente para iniciar una investigación penal seria: según esas grabaciones, se habrían cobrado sobornos de “medio palo para arriba” en contratos con laboratorios, con dinero que supuestamente iba a parar a manos de los altos funcionarios del entorno presidencial.
Lejos de negar o confirmar la veracidad del contenido de los audios, el Gobierno se limitó a emitir un escueto comunicado desde la cuenta oficial de la Vocería Presidencial en la red X, en el que se atribuyó la salida de Spagnuolo a un intento de “utilización política” de la situación por parte de la oposición en pleno año electoral. El comunicado no menciona los audios ni los graves delitos que se investigan. En cambio, buscó blindar la figura del Presidente y victimizar al Gobierno frente a lo que definieron como “hechos de público conocimiento”.
Además, el Ejecutivo anunció la intervención de la ANDIS, que quedará ahora bajo control del ministro de Salud, Mario Lugones. La decisión no está exenta de polémica: Lugones fue señalado como responsable político del escandaloso caso del fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 100 personas en la provincia de Buenos Aires. ¿Así garantiza el Gobierno el “correcto funcionamiento” del organismo? ¿De verdad pretenden “intervenir” la agencia con un funcionario involucrado en una de las tragedias sanitarias más graves del país?
La situación abre interrogantes inquietantes sobre el rol del propio Milei. En el pasado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada con el argumento de que “no podía no saber” lo que hacían sus funcionarios. Hoy, el Presidente remueve a Spagnuolo por una trama de coimas en medicamentos, pero ¿él no sabía nada? La doble vara es obscena. En vez de investigar a los posibles responsables, el Gobierno se apresura a desplazar al denunciante. Y mientras tanto, Karina Milei —la supuesta “jefa de la banda” según los propios audios— sigue moviendo los hilos en la Casa Rosada con total impunidad.
En paralelo, distintos sectores del oficialismo ya venían operando contra Spagnuolo. El periodista Alejandro Fantino, cercano al Presidente y con llegada directa a la mesa chica del poder, había reclamado públicamente su renuncia días atrás. No es un dato menor: un socio de Fantino ingresó en las listas de La Libertad Avanza, lo que sugiere un operativo de desgaste cuidadosamente planificado desde adentro del propio espacio libertario.
