Una vez más, el presidente Javier Milei decidió usar el poder del veto para echar por tierra Leyes aprobadas por el Congreso de la Nación. Esta vez, fueron el aumento de los haberes jubilatorios, la moratoria previsional y la Emergencia en Discapacidad, tres proyectos que se convirtieron en ley con fuertes movilizaciones en las calles, y que no se harán efectivos bajo el argumento de que alteran el mentado «equilibrio fiscal».
Ya anunciado incluso previo a que se sancionen las normativas, el veto llego de la mano de un único decreto 523/2025 que se conoció este lunes, cuando se vencia el plazo legal para poder aplicarlo. En el mismo, Milei reconce la sensibilidad de las problematicas, sin embargo advierte que “resulta imprescindible que toda ampliación de prestaciones se diseñe con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo”.
“Cuando tales recaudos no son debidamente considerados, se pone en riesgo la sostenibilidad integral del régimen de atención perjudicando a las personas a quienes se pretende proteger”, indica en ese sentido el decreto.
En este punto, da como ejemplo la Emergencia en discapacidad, un sector con un estado de “deterioro en el que actualmente se encuentra el sistema de atención a personas con discapacidad es, en buena medida, consecuencia de prácticas legislativas como la que aquí se pretende imponer, adoptadas sin previsión presupuestaria, cuyas consecuencias han recaído sistemáticamente sobre los sectores más vulnerables, y que esta administración se encuentra decididamente comprometida a revertir mediante políticas públicas responsables”.
Para el Gobierno, las medidas “conllevarían un aumento de aproximadamente el 6 % del gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente en términos anuales”. Esto, argumenta, “dificultarían el cumplimiento de las metas fiscales fijadas por el Gobierno nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes”
Milei, el vetador
No es la primera vez que Milei recurre al veto para Gobernar de espaldas al Congreso. La primera de las normativas que hechó por tierra fue justamente un aumento jubilatorio aprobado en agosto de 2024, que si bien mantenia la actualización por inflación, le sumaba también un plus para que se llegue equiparar con los fuertes incrementos acumulados del IPC . El argumento presidencial fue el mismo, destacando que la normativa era “manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
En octubre, después de largas movilizaciones en las calles y de un reclamo sindical sostenido, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, a los fines de aumentar los recursos para este sector. Esta vez, el Gobierno indicó que no sólo afectaba el equilibrio fiscal sino que buscaba “dañar al gobierno políticamente” y no “proteger ni sostener el financiamiento de las universidades nacionales”
El tercer veto de Milei llegó en medio de una cruzada con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Emergencia por Bahía Blanca, fue vetada por Milei indicando que el Ejectutivo nacional ya había enviado recursos a la ciudad bonaerense. En esta volvió a citar el articulo 38 de la Ley de Administración Financiera: “Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
En estos tres casos, el Congreso no pudo revertir los vetos. Vale destacar que para que una normativa sea promulgada igual, tiene que tener dos tercios de los votos de ambas Cámaras, un numero que no se alcanzó en estos tres casos, por lo que las normativas fueron vetadas y no podrán tratarse hasta un año después. Con los nuevos tres vetos, la oposición volverá a insistir en el Congreso, aunque aún no se encuentra la fecha establecida para la sesión.
