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La Cámara Federal de San Martín liberó a Eva Mieri tras dos semanas de detención

El tribunal entendió que no había pruebas suficientes para mantener detenida a la concejal de Quilmes por el escrache frente a la casa de Espert. También fue excarcelada la funcionaria Alexia Abaigar.

La Cámara Federal de San Martín resolvió este lunes la excarcelación de la concejal quilmeña Eva Mieri, detenida desde hace casi dos semanas por su presunta participación en un escrache frente a la casa del diputado nacional José Luis Espert. El fallo también benefició a la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar, quien había sido apresada en el mismo operativo y ya había sido trasladada a prisión domiciliaria.

En la resolución firmada este martes, los jueces de la Sala II de la Cámara, Alberto Agustín Lugones y Néstor Pablo Barral, consideraron que la escala penal prevista para el «concurso de delitos» que se analizan en la causa «tornaría procedente la soltura de Mieri». 

Uno de los principales argumentos de la jueza Arroyo Salgado había sido la supuesta “borrada total” del contenido del teléfono de Mieri al momento del allanamiento. Para la defensa, se trató de una falla técnica en la extracción de datos; para la jueza, una señal de encubrimiento. 

Sin embargo, el tribunal entendió que ese indicio no justifica una medida tan grave como la prisión preventiva, sobre todo ante la falta de pruebas directas que vinculen a Mieri con la organización del escrache.

La resolución benefició además a Alexia Abaigar, funcionaria bonaerense también imputada, quien ya recuperó la libertad tras cumplir prisión preventiva, inicialmente otorgada en el penal de Ezeiza y luego bajo arresto domiciliario con tobillera.

Mieri y Abaigar habían sido acusadas por la jueza Sandra Arroyo Salgado de organizar una protesta con agravantes penales, luego de que un grupo arrojara bolsas con excremento y colgara un pasacalles con insultos en la puerta del domicilio del legislador de La Libertad Avanza. La causa pasó rápidamente al fuero federal y fue presentada como un delito contra el orden público, con figuras penales como amenazas agravadas e incitación al odio político.

La causa fue presentada como un ataque contra un legislador y justificada desde el oficialismo por su fuerte operativo mediático y judicial que incluyó allanamientos, detenciones a primera hora del día y el uso del fuero federal para investigar los hechos.

Mieri fue acusada de organizar el ataque desde una unidad básica en Quilmes. En el operativo se secuestraron computadoras, celulares y materiales gráficos vinculados al peronismo. Las defensas denunciaron irregularidades en los allanamientos, uso excesivo de la fuerza y un claro intento de escarmentar políticamente a dirigentes opositores.

Desde su detención, sectores del peronismo advirtieron que se trataba de un caso de persecución política. Referentes del principal espacio opositor reclamaron la libertad de las detenidas, y organismos de derechos humanos denunciaron la criminalización de la protesta política. “No tiene ninguna lógica jurídica lo que están haciendo. Solo los mueve el odio», había declarado la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, luego de la tentación.

La situación de Mieri y Abaigar se conecta con lo sucedido en otros casos recientes, como el de las militantes que protestaron frente al Congreso durante la aprobación de la Ley Bases, o los más de 30 detenidos sin proceso durante el 12 y 13 de junio pasado. En todos ellos, se observa una aplicación selectiva y desproporcionada de figuras penales contra manifestaciones de oposición, especialmente cuando los hechos involucran expresiones del peronismo o del campo popular.

Abaigar, en particular, había denunciado que durante el allanamiento a su domicilio los agentes policiales agarraron el libro de Cristina Kirchner y un póster de Eva Perón, y calificó el procedimiento judicial como “una locura”.