Mientras el conflicto en el hospital Garrahan sigue latente, el Gobierno nacional avanzó con una serie de cambios en el sistema de residencias que generó un fuerte repudio en el sector de salud, al dejar de reconocer esta instancia formativa como un vínculo laboral y reduciendola a becas. «Es una medida regresiva y precarizadora», indicaron los sindicatos.
A través de la resolución 2019/25, publicada este miércoles, el Ejecutivo modifica el Régimen Nacional de Residencias reduciendolas a un caracter formativo mediante dos tipos de becas y a no a un vínculo laboral. En los hechos concretos, los residentes perderán algunos derechos consagrados, entre ellos el aguinaldo.
La medida se da en el marco del conflicto con los residentes del Garrahan y un día después del examen de residencias 2025, a donde se presentaron 13000 aspirantes a ingresar a este sistema, que tiene casi la mitad de plazas para cubrir en diferentes especialidades.
Con estos cambios, ahora quienes ingresen tendrán dos becas para cubrir. La «Beca Ministerio», que depende de la cartera de Salud conducida por Mario Lugones, y la «Beca Institutución», a cargo de los hospitales y clinicas donde el medico o medica realice su residencia. «A fin de jerarquizar el carácter formativo de esta etapa, el nuevo reglamento recupera el concepto de beca (excluyendo cualquier encuadre como empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicio) y ofrece a los residentes la posibilidad de elegir entre dos modalidades diferentes», indica la normativa y agrega que «el Ministerio de Salud de la Nación continuará garantizando los fondos para el financiamiento de las residencias bajo cualquier modalidad».
La beca dependiente del Ministerio, recibirán 810 mil pesos, con obra social, coberturas para ART y mala praxis incluidas. En cuanto a la beca Institución, el residente recibirá un monto de 990.00, sin descuentos y las coberturas correspondientes, pero sin aportes ni obra social. Se aclara que podrá recibir montos extras a cargo de las instituciones, que podrá ser por ejemplo el aguinaldo. «En el caso de la modalidad Beca Institución, las distintas entidades deberán rendir cuentas del uso de los fondos recibidos», indica la resolución.
La noticia no fue bien recibida en el sector. La Asociación de Profesional de la Salud (CICOP) la calificó como una «medida regresiva y precarizadora», mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) consideró que se trata de “un fraude laboral sin precedentes en el Sector Público”.
El presidente de CICOP, Pablo Maciel, explicó que “la transformación del vínculo de los y las residentes en una simple relación formativa y de beca, desconociendo su carácter laboral, constituye un claro retroceso en los derechos conquistados por generaciones de profesionales de la salud”.
“Esta decisión implica, entre otras consecuencias, la eliminación del derecho al aguinaldo y pone en riesgo el acceso pleno a aportes previsionales, debilitando la protección social de miles de trabajadores que sostienen gran parte del sistema público de salud”, agregó al respecto.
En la misma sintonía, alertó que este sistema de becas ”, lejos de garantizar una mejora en la calidad formativa, profundizan la desigualdad y precarización entre residentes, trasladando la responsabilidad del Estado Nacional hacia efectores nacionales de salud, hospitales SAMIC, como el Garrahan, y numerosos sistemas de salud provinciales sin asegurar condiciones dignas y homogéneas de trabajo y estudio”.
Por su parte, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la medida. “Con esta nueva figura, el Estado pretende evadir e incumplir con sus obligaciones laborales. Estamos frente a una contratación irregular de trabajadores, y la beca será utilizada para esconder la verdadera naturaleza del vínculo de trabajo. Esta decisión impacta de manera negativa y afectará a millones de usuarios del sistema sanitario público, es completamente ilegal”, señaló el dirigente estatal.
En este sentido, Aguiar explicó: “El Gobierno pretende disfrazar la relación laboral con los residentes para pagar salarios inferiores a los establecidos en el convenio colectivo, eximirse del reconocimiento de la liquidación de aguinaldo, horas extras y vacaciones, evadir los aportes a la seguridad social, e incluso no cumplir con las normas de higiene y seguridad. Está claro que el Gobierno hasta tiene la intención de prohibir la sindicalización de los profesionales. Es un retroceso sin precedentes en materia de derechos laborales. Se intenta instaurar un mecanismo de brutal explotación de las fuerzas de trabajo”.
Los residentes del Garrahan que vienen en pie de lucha exigiendo mejoras laborales, denunciaron que directamente es un intento de «cierre» de las residencias. “Dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un ‘estipendio’. No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro”, sostuvieron.
